*En el inmueble donde se realizó el procedimiento de captura fueron hallados elementos para elaborar artefactos improvisados y un explosivo listo para ser utilizado, el cual fue desactivado.

Jonatan Alexander Rojas Ciro, alias Chaqueto o Quemado, presunto integrante del frente 28 de las disidencias estaría involucrado en la elaboración de artefactos explosivos y su posterior instalación en diferentes sectores de Yopal (Casanare) para presionar el pago de extorsiones.

En el curso de la investigación se recibió información de presiones y exigencias económicas del grupo armado ilegal a transportadores, comerciantes y agricultores para permitirles desarrollar sus actividades económicas. Asimismo, fueron recopiladas evidencias que dan cuenta de órdenes dirigidas a Rojas Ciro para que elaborara artefactos y coordinara su detonación para aumentar el nivel de intimidación a las víctimas.

Alias Chaqueto o Quemado fue capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), en un inmueble del barrio Villa Lucía.

En el procedimiento fueron hallados cables eléctricos, relojes plásticos, jeringas, alambre de cobre, baterías, un recipiente con pólvora negra, esferas de acero y pinzas tipo caimán, entre otros artículos utilizados para la elaboración de artefactos improvisados.

También fueron incautados equipos de comunicación y un explosivo dentro de una caja de cartón, el cual estaba acondicionado para ser activado. Una fiscal de la Seccional Casanare le imputó los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. El procesado no aceptó los cargos y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.

*Dos de los presuntos integrantes fueron judicializados y asegurados. Son señalados de contactar personas vulnerables en centros comerciales, ofrecerles bonos, descuentos y planes turísticos con el propósito de apoderarse de sus datos personales y posteriormente abrir productos financieros a su nombre.

En una acción contra las estructuras que afectan el patrimonio de los ciudadanos, la Fiscalía General de la Nación judicializó a dos posibles integrantes de una red delincuencial señalada de engañar sistemáticamente a más de 1.000 personas en Medellín mediante la oferta de falsas membresías y facilidades para acceder a paquetes turísticos, con el fin de conocer información privilegiada de las víctimas y tramitar productos financieros a su nombre.

Se trata de Ruthber Jhonaido Palacio Graciano, presunto cabecilla de la organización, y Jorman Andrés Sepúlveda Palacio, quienes, mediante maniobras fraudulentas, habrían obtenido más de 14.000 millones de pesos. De acuerdo con las evidencias recaudadas, el grupo delictivo creó varias empresas fachada que simulaban ser agencias de viajes legítimas, dotadas de infraestructura, empleados y apariencia comercial, con el propósito de generar confianza y facilitar el engaño.

De esta manera, contactaba a adultos mayores, ciudadanos con limitaciones visuales o cognitivas o población vulnerable, y les hacían creer que habían sido favorecidos con bonos y descuentos exclusivos de alto nivel. Posteriormente, los conducían a las oficinas de las supuestas agencias, donde les exigía, como requisito de ingreso, entregar cédulas, tarjetas bancarias y teléfonos móviles, con el pretexto de validar dichos beneficios.

De manera paralela, otros involucrados en el entramado ilegal accedían a la información contenida en los dispositivos, abrían productos financieros a título de las víctimas y realizaban transacciones fraudulentas, desviando los recursos hacia cuentas que estaban en su control. En desarrollo de las labores de policía judicial lideradas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se realizaron 15 diligencias de allanamiento y registro en Medellín y La Ceja (Antioquia), y Manizales (Caldas), en las que fueron incautados discos duros, computadores, celulares, bases de datos y otros elementos de interés para el proceso.

Con fundamento en lo anterior, una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín presentó a Palacio Graciano y a Sepúlveda Palacio ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada en la modalidad de masa, acceso abusivo a sistema informático y violación de datos personales agravada.

Los procesados no aceptaron los cargos formulados. Palacio Graciano recibió medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y Sepúlveda Palacio permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia, esta última decisión fue apelada por la Fiscalía.

*El hombre permaneció retenido en un inmueble de Medellín (Antioquia) durante siete días. Por su liberación exigían 800 millones de pesos.

Con el supuesto de cerrar un negocio relacionado con la venta de unas tierras para la explotación minera en el sur de Bolívar, un comerciante de Cali (Valle del Cauca) se trasladó a Medellín (Antioquia) el pasado 23 de junio.

Al llegar al punto indicado, un grupo de hombres lo trasladó en un vehículo de servicio público a un predio del barrio La Iguaná y sometió violentamente.

Elementos materiales probatorios en poder la Fiscalía General de la Nación indican que fue intimidado con armas de fuego, obligado a entregar sus pertenencias, avaluadas en 15 millones de pesos, y retenido en contra de su voluntad. Entre tanto los familiares recibieron llamadas en las que les exigieron 800 millones de pesos a cambio de la libertad de su allegado.

Siete días después, en una labor articulada con el Gaula de la Policía Nacional, la víctima fue rescatada en el inmueble donde permanecía privada de la libertad. En el procedimiento fueron capturadas dos personas identificadas como Maicol Alexis Castrillón Agudelo y Santiago de Jesús Gallo Zuluaga, quienes serían las encargadas de custodiar al comerciante.

Adicionalmente, se incautaron un arma de fuego, un supresor de sonido y un proveedor de 12 cartuchos calibre 9mm.

Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, todas las conductas agravadas.

Los procesados no aceptaron los cargos y recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.