*Entre los activos afectados hay sociedades, inmuebles, establecimientos de comercio, vehículos y embarcaciones que habrían sido utilizadas para transportar clandestinamente a extranjeros desde las costas del Golfo de Urabá hasta países de Centroamérica.

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 47 bienes que harían parte del patrimonio ilícito de una red delictiva señalada de facilitar el tráfico de migrantes y ocultar, administrar e incrementar los recursos provenientes de esta actividad ilícita.

Los activos afectados, avaluados preliminarmente en 29.106 millones de pesos, están representados en 8 inmuebles, 3 sociedades, 4 establecimientos de comercio, 8 vehículos y 24 embarcaciones, que estarían al servicio de la organización delincuencial para garantizar el transporte irregular de extranjeros desde las costas del Golfo de Urabá hasta Centroamérica.

Los elementos materiales probatorios obtenidos en la investigación indican que parte de las propiedades también habrían sido adquiridas para ocultar y evitar el rastreo de los dineros obtenidos por el traslado irregular de, por lo menos, 800.000 ciudadanos de Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica, China y otros países.

Las medidas cautelares decretadas por una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio fueron materializadas en diligencias realizadas de manera articulada con unidades de la DIJIN de la Policía Nacional en Medellín, Apartadó y Necoclí (Antioquia); Unguía y Quibdó (Chocó).

*Se habría apropiado de más de 57 millones de pesos por supuestas gestiones para garantizar que los hijos de las víctimas viajaran y se probaran en México y España.

El sueño de llevar a sus hijos a jugar fútbol en el exterior convirtió a 15 familias en víctimas de un modelo de estafa.

Félix Antonio Mora Ortiz se habría hecho pasar como presidente de una escuela deportiva para ofrecer supuestas oportunidades en clubes internacionales y así captar dinero de manera ilegal.

Evidencias en poder de la Fiscalía General de la Nación indican que, entre 2022 y 2023, presuntamente convenció a un grupo de padres para que le confiaran sus ahorros con el pretexto de gestionar y asegurar el viaje de sus niños a México y España.

Al parecer, la fachada consistió en hacerles creer que contaba con convenios que facilitarían el acceso de los menores de edad a procesos de formación y de proyección fuera del país.

De esta manera, es señalado de apropiarse de más de 57 millones de pesos que recibió para gestionar la adquisición de pasaportes, visas, tiquetes aéreos, hospedaje y pruebas físicas en los destinos ofrecidos. Aspecto que no cumplió.

Una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Bogotá trasladó escrito de acusación contra Mora Ortiz como presunto responsable del delito de estafa.

El procesado no aceptó el cargo y seguirá vinculado en los términos del Procedimiento Penal Especial Abreviado (Ley 1826 de 2017).

*La investigación da cuenta de un presunto detrimento patrimonial por más de 3.556 millones
de pesos.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la presunta participación del exalcalde de Unguía (Chocó), Otoniel Pérez Sáenz; el representante de la Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño (Asomura), Adolfo León Tabares Gutiérrez; y el contratista Luis Alberto García Mosquera, en un entramado de corrupción que se apropió de recursos destinados a la realización de obras de mitigación.

El 2 de diciembre de 2019, la administración municipal suscribió de manera directa y al amparo de una declaratoria de urgencia manifiesta, un contrato interadministrativo con Asomura por valor de 6.591 millones pesos, para construir tres muros de contención para prevenir emergencias ocasionadas por las lluvias y el desbordamiento de ríos en Unguía, Lloró y Tadó (Chocó).

De acuerdo con la investigación, la asociación habría subcontratado a diferentes firmas que no contaban con la capacidad técnica y financiera requerida para ejecutar las actividades previstas, entre ellas una representada por García Mosquera.

Adicionalmente, se conoció que fueron transferidos dineros públicos sin los respectivos soportes, situación que generó un posible detrimento patrimonial por más de 3.556 millones de pesos.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Chocó imputó al exalcalde y a las otras dos personas, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública.

Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, Otoniel Pérez Sáenz deberá cumplir la medida de aseguramiento en detención domiciliaria; los otros dos en establecimiento carcelario.