*La investigación da cuenta de un presunto detrimento patrimonial por más de 3.556 millones
de pesos.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la presunta participación del exalcalde de Unguía (Chocó), Otoniel Pérez Sáenz; el representante de la Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño (Asomura), Adolfo León Tabares Gutiérrez; y el contratista Luis Alberto García Mosquera, en un entramado de corrupción que se apropió de recursos destinados a la realización de obras de mitigación.

El 2 de diciembre de 2019, la administración municipal suscribió de manera directa y al amparo de una declaratoria de urgencia manifiesta, un contrato interadministrativo con Asomura por valor de 6.591 millones pesos, para construir tres muros de contención para prevenir emergencias ocasionadas por las lluvias y el desbordamiento de ríos en Unguía, Lloró y Tadó (Chocó).

De acuerdo con la investigación, la asociación habría subcontratado a diferentes firmas que no contaban con la capacidad técnica y financiera requerida para ejecutar las actividades previstas, entre ellas una representada por García Mosquera.

Adicionalmente, se conoció que fueron transferidos dineros públicos sin los respectivos soportes, situación que generó un posible detrimento patrimonial por más de 3.556 millones de pesos.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Chocó imputó al exalcalde y a las otras dos personas, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública.

Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, Otoniel Pérez Sáenz deberá cumplir la medida de aseguramiento en detención domiciliaria; los otros dos en establecimiento carcelario.

*Uno de los procesados habría adquirido la buseta utilizada en el ataque. El otro es señalado de facilitar el desplazamiento del vehículo hasta el lugar de los hechos.

Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias Tom; y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias Trenzas, presuntos integrantes de una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, fueron judicializados por su posible participación en el atentado terrorista al Cantón Militar Pichincha de Cali (Valle del Cauca), que dejó dos mujeres heridas y cuantiosos daños materiales el pasado 24 de abril.

Las evidencias obtenidas en el curso de la investigación dan cuenta de que Villalobos Aguilón habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar utilizada en el atentado, tramitado el traspaso y puesto el vehículo a disposición de otras personas para acondicionarlo con cilindros bomba. Por su parte, Freyde Tolimán es señalado de movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre controles de la fuerza pública y así asegurar el recorrido del vehículo hasta el lugar donde fueron activados los artefactos improvisados.

Estas dos personas fueron capturadas en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. En los procedimientos se incautaron varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas, material impreso alusivo a las disidencias de las Farc y una motocicleta.

Un fiscal Especializado contra el Crimen Organizado les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Los procesados no aceptaron los cargos.

*El proyecto que superó en valor los 2.393 millones de pesos habría sido adjudicado sin contar con los estudios y diseños requeridos para su ejecución.

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, Ronald Housni Jaller, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Los hechos investigados se relacionan con la adjudicación, el 27 de diciembre de 2017, de un contrato para la rehabilitación y mantenimiento de las vías del barrio Los Colares, por 2.112 millones de pesos, y de la interventoría técnica, financiera, administrativa y ambiental del proyecto, por 281 millones de pesos.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos, Housni Jaller, quien se desempeñó como mandatario departamental entre enero de 2016 y abril de 2018, avaló la contratación pese a que no existían los planos, estudios y diseños necesarios para ejecutar las obras. Dichos requisitos habían sido contratados previamente por 408 millones de pesos, pero fueron entregados de manera parcial e incompleta.

También fueron identificadas otras anomalías como falta de presupuesto, plan ambiental y diferentes soportes técnicos indispensables para el desarrollo de la iniciativa.

Aun así, en febrero de 2018 se autorizó el desembolso del 50 % del anticipo, equivalente a 1.056 millones de pesos para las obras y 122 millones de pesos para la interventoría.

Los recursos habrían sido transferidos a una tercera empresa que, al parecer, no los destinó a la ejecución del proyecto.

Un año después, la administración departamental que sucedió a Housni Jaller liquidó unilateralmente el contrato por incumplimientos del contratista, en el entendido de que se registraba un avance de apenas 2,37 %.