*Se habría apropiado de más de 57 millones de pesos por supuestas gestiones para garantizar que los hijos de las víctimas viajaran y se probaran en México y España.

El sueño de llevar a sus hijos a jugar fútbol en el exterior convirtió a 15 familias en víctimas de un modelo de estafa.

Félix Antonio Mora Ortiz se habría hecho pasar como presidente de una escuela deportiva para ofrecer supuestas oportunidades en clubes internacionales y así captar dinero de manera ilegal.

Evidencias en poder de la Fiscalía General de la Nación indican que, entre 2022 y 2023, presuntamente convenció a un grupo de padres para que le confiaran sus ahorros con el pretexto de gestionar y asegurar el viaje de sus niños a México y España.

Al parecer, la fachada consistió en hacerles creer que contaba con convenios que facilitarían el acceso de los menores de edad a procesos de formación y de proyección fuera del país.

De esta manera, es señalado de apropiarse de más de 57 millones de pesos que recibió para gestionar la adquisición de pasaportes, visas, tiquetes aéreos, hospedaje y pruebas físicas en los destinos ofrecidos. Aspecto que no cumplió.

Una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Bogotá trasladó escrito de acusación contra Mora Ortiz como presunto responsable del delito de estafa.

El procesado no aceptó el cargo y seguirá vinculado en los términos del Procedimiento Penal Especial Abreviado (Ley 1826 de 2017).

*La investigación da cuenta de un presunto detrimento patrimonial por más de 3.556 millones
de pesos.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la presunta participación del exalcalde de Unguía (Chocó), Otoniel Pérez Sáenz; el representante de la Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño (Asomura), Adolfo León Tabares Gutiérrez; y el contratista Luis Alberto García Mosquera, en un entramado de corrupción que se apropió de recursos destinados a la realización de obras de mitigación.

El 2 de diciembre de 2019, la administración municipal suscribió de manera directa y al amparo de una declaratoria de urgencia manifiesta, un contrato interadministrativo con Asomura por valor de 6.591 millones pesos, para construir tres muros de contención para prevenir emergencias ocasionadas por las lluvias y el desbordamiento de ríos en Unguía, Lloró y Tadó (Chocó).

De acuerdo con la investigación, la asociación habría subcontratado a diferentes firmas que no contaban con la capacidad técnica y financiera requerida para ejecutar las actividades previstas, entre ellas una representada por García Mosquera.

Adicionalmente, se conoció que fueron transferidos dineros públicos sin los respectivos soportes, situación que generó un posible detrimento patrimonial por más de 3.556 millones de pesos.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Chocó imputó al exalcalde y a las otras dos personas, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública.

Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, Otoniel Pérez Sáenz deberá cumplir la medida de aseguramiento en detención domiciliaria; los otros dos en establecimiento carcelario.

*Uno de los procesados habría adquirido la buseta utilizada en el ataque. El otro es señalado de facilitar el desplazamiento del vehículo hasta el lugar de los hechos.

Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias Tom; y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias Trenzas, presuntos integrantes de una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, fueron judicializados por su posible participación en el atentado terrorista al Cantón Militar Pichincha de Cali (Valle del Cauca), que dejó dos mujeres heridas y cuantiosos daños materiales el pasado 24 de abril.

Las evidencias obtenidas en el curso de la investigación dan cuenta de que Villalobos Aguilón habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar utilizada en el atentado, tramitado el traspaso y puesto el vehículo a disposición de otras personas para acondicionarlo con cilindros bomba. Por su parte, Freyde Tolimán es señalado de movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre controles de la fuerza pública y así asegurar el recorrido del vehículo hasta el lugar donde fueron activados los artefactos improvisados.

Estas dos personas fueron capturadas en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. En los procedimientos se incautaron varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas, material impreso alusivo a las disidencias de las Farc y una motocicleta.

Un fiscal Especializado contra el Crimen Organizado les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Los procesados no aceptaron los cargos.