El excandidato presidencial Iván Cepeda anunció este viernes que no asistirá a la posesión del Presidente electo Abelardo De La Espriella, el próximo 7 de agosto, al considerar que éste carecerá de «legitimidad política y ética» por su «estrecha» relación con Estados Unidos.

«De la Espriella podrá posesionarse como presidente de la República, pero no por ese acto formal tendrá legitimidad política y ética como presidente de la República», afirmó Cepeda en una declaración a medios de comunicación a tres días de la instalación del nuevo Congreso, en el que liderará la oposición desde su curul en el Senado como jefe de la bancada del Pacto Histórico.

Además de sostener que no acudirá al acto de posesión de De La Espriella, que también tiene ciudadanía estadounidense, dijo que impulsará una estrategia de «desobediencia civil», que definió como una acción «pública, pacífica, no violenta y consciente», aunque no dio detalles sobre las acciones que convocará.

El senador sostuvo que el presidente electo y su entorno político están «entregando al Gobierno de Estados Unidos el control de nuestra seguridad nacional» y relacionó esa acusación con la reunión que sostuvo ayer en Washington el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Ayer mismo el Departamento de Estado anunció restricciones de visado para miembros de grupos que identifica como «terroristas de extrema izquierda» y otros grupos afines, una medida que busca impedir el ingreso al país de personas que financien, recluten o faciliten actividades terroristas o delictivas.

Cepeda interpretó esa iniciativa como el inicio de una nueva doctrina de seguridad que, en su opinión, busca perseguir a la izquierda política y social, criminalizar la protesta, estigmatizar a organizaciones no gubernamentales y migrantes y justificar violaciones de derechos humanos en América Latina.

El excandidato, que no reconoce la elección de De la Espriella, también reiteró sus críticas por la detención y posterior deportación desde Estados Unidos del activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, al asegurar que se trató de una persecución política que atribuyó al presidente electo.

«No me cabe duda que esa decisión arbitraria corresponde a una acción y a una solicitud del señor De la Espriella», dijo el senador.

Coral regresó a Colombia el jueves, un mes después de haber sido detenido en Arizona por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

*El Presidente aseguró que, mientras siga siendo “comandante supremo de las Fuerzas militares”, no permitirá que una guarnición militar sea utilizada para la posesión de su sucesor.

El Presidente Gustavo Petro, anunció que no autoriza que la investidura de su sucesor, Abelardo De La Espriella, sea en una guarnición militar, como es el deseo del mandatario electo.

Petro dijo en su cuenta de X que él es el «comandante supremo de las fuerzas militares» hasta el 7 de agosto, día en que asumirá De La Espriella, y por lo tanto «los cuarteles militares y policiales» estarán bajo sus órdenes hasta que asuma su sucesor. Redessociales

«Luego en servicio de mis facultades constitucionales y legales, ordeno que ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia», manifestó en X Petro.

De La Espriella ha expresado su intención de jurar como Presidente en una guarnición militar para, según dijo, «rendirle honor a los verdaderos héroes de la patria, policías y soldados».

El Presidente electo, que durante la campaña electoral mostró su cercanía al estamento militar, incluso con el saludo castrense y el lema «¡Firmes por la patria!», quiere dejar claro desde un comienzo el peso que las Fuerzas Militares tendrán en su Gobierno.

Con ese fin, su equipo pidió el viernes al Congreso evaluar la posibilidad de que la investidura presidencial sea en una unidad militar, preferiblemente fuera de Bogotá, un proyecto que es motivo de discusión en el país por los inconvenientes logísticos e incluso de seguridad que supone el traslado de centenares de congresistas, jefes de Estado o de Gobierno y otras autoridades invitadas.

«La transmisión del mando al nuevo presidente es bajo las leyes de la República y la constitución, y esas normas establecen que el presidente se posesiona ante el Congreso en sesión plena», señaló Petro, quien no tiene contacto alguno con el Presidente electo.

El mandatario saliente añadió que «en los cuarteles no se hacen leyes, se hacen acciones de seguridad de defensa del pueblo y su vida».

La Constitución colombiana establece que la posesión presidencial debe hacerse ante el Congreso y tradicionalmente se ha hecho en el Salón Elíptico del Capitolio, aunque las últimas investiduras han tenido lugar en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, y no hay antecedentes recientes en un recinto diferente, como el que quiere De la Espriella.

*La intención del mandatario electo de asumir el cargo en Popayán genera un intenso debate sobre el traslado de congresistas, los retrasos en las licitaciones de Cancillería y la viabilidad legal ante el Congreso.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, mantiene la firme decisión de posesionarse en una guarnición militar en Popayán, Cauca.

El mandatario electo, quien ratificó esta postura el pasado miércoles desde Cúcuta, busca con este gesto un alto simbolismo de homenaje a los soldados y policías del país, en una región afectada por la expansión de la guerra y la presencia de alias ‘Iván Mordisco’.

Sin embargo, el proyecto enfrenta serios problemas logísticos y de organización a solo cuatro semanas de la fecha prevista.

Según informó Ospina, la Cancillería debe adjudicar una licitación pública para seleccionar a la empresa encargada de la logística e invitación de personalidades internacionales —entre quienes se encuentra el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, aún sin confirmar—.

A pesar de estar a un mes del evento, el proceso apenas se adjudica bajo esta modalidad de licitación, elegida en aras de la transparencia, pero que resulta más demorada que la contratación directa habitual en transiciones anteriores.

A esto se suma que la firma seleccionada por la Presidencia de la República para la logística interna y los desplazamientos en Colombia aparentemente no es del agrado del presidente electo.

De La Espriella busca un evento sin «cóctel» ni «besamanos», restringiendo el ingreso de personas ajenas a lo estrictamente necesario, limitando los invitados tradicionales que se han visto en escenarios como la Plaza de Bolívar o la Plaza de Armas.

El debate jurídico y político por el traslado del Congreso a Popayán

«Aquí hay un problema de orden conceptual político primero y jurídico segundo. Conceptual político es que el presidente de la República no se posesiona ante los militares.

El presidente de la República se posesiona ante el Congreso de la República. Esa es una simbología de carácter civilista del origen del poder», advirtió el panelista Héctor Riveros.

De acuerdo con lo expuesto en el debate de Mañanas Blu, el principal obstáculo radica en la obligatoriedad constitucional de que el presidente tome juramento ante el Congreso en pleno, lo que implica movilizar a Popayán a 113 senadores y 166 representantes a la Cámara, además de los magistrados de las altas cortes.

Riveros enfatizó que la decisión de cambiar la sede habitual del Capitolio Nacional no depende de las direcciones administrativas ni de acuerdos de pasillo.

Según la Ley Quinta (reglamento del Congreso), para sesionar en un sitio distinto se requiere un acuerdo formal entre ambas cámaras mediante una proposición aprobada en las plenarias.

Aunque se mencionó que ya estarían definidos los nombres de Alfredo de Luque para presidir el Senado y Daniel Briceño para la Cámara de Representantes, Riveros insistió en que ellos no pueden tomar esa determinación por sí solos.

La encrucijada jurídica se trasladará al próximo 20 de julio, día de la instalación del nuevo Legislativo, donde se deberá presentar la proposición para sesionar en el batallón militar el 7 de agosto, una iniciativa que, según el analista, podría enfrentar la oposición de al menos una tercera parte de los congresistas.