*La intención del mandatario electo de asumir el cargo en Popayán genera un intenso debate sobre el traslado de congresistas, los retrasos en las licitaciones de Cancillería y la viabilidad legal ante el Congreso.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, mantiene la firme decisión de posesionarse en una guarnición militar en Popayán, Cauca.
El mandatario electo, quien ratificó esta postura el pasado miércoles desde Cúcuta, busca con este gesto un alto simbolismo de homenaje a los soldados y policías del país, en una región afectada por la expansión de la guerra y la presencia de alias ‘Iván Mordisco’.
Sin embargo, el proyecto enfrenta serios problemas logísticos y de organización a solo cuatro semanas de la fecha prevista.
Según informó Ospina, la Cancillería debe adjudicar una licitación pública para seleccionar a la empresa encargada de la logística e invitación de personalidades internacionales —entre quienes se encuentra el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, aún sin confirmar—.
A pesar de estar a un mes del evento, el proceso apenas se adjudica bajo esta modalidad de licitación, elegida en aras de la transparencia, pero que resulta más demorada que la contratación directa habitual en transiciones anteriores.
A esto se suma que la firma seleccionada por la Presidencia de la República para la logística interna y los desplazamientos en Colombia aparentemente no es del agrado del presidente electo.
De La Espriella busca un evento sin «cóctel» ni «besamanos», restringiendo el ingreso de personas ajenas a lo estrictamente necesario, limitando los invitados tradicionales que se han visto en escenarios como la Plaza de Bolívar o la Plaza de Armas.
El debate jurídico y político por el traslado del Congreso a Popayán
«Aquí hay un problema de orden conceptual político primero y jurídico segundo. Conceptual político es que el presidente de la República no se posesiona ante los militares.
El presidente de la República se posesiona ante el Congreso de la República. Esa es una simbología de carácter civilista del origen del poder», advirtió el panelista Héctor Riveros.
De acuerdo con lo expuesto en el debate de Mañanas Blu, el principal obstáculo radica en la obligatoriedad constitucional de que el presidente tome juramento ante el Congreso en pleno, lo que implica movilizar a Popayán a 113 senadores y 166 representantes a la Cámara, además de los magistrados de las altas cortes.
Riveros enfatizó que la decisión de cambiar la sede habitual del Capitolio Nacional no depende de las direcciones administrativas ni de acuerdos de pasillo.
Según la Ley Quinta (reglamento del Congreso), para sesionar en un sitio distinto se requiere un acuerdo formal entre ambas cámaras mediante una proposición aprobada en las plenarias.
Aunque se mencionó que ya estarían definidos los nombres de Alfredo de Luque para presidir el Senado y Daniel Briceño para la Cámara de Representantes, Riveros insistió en que ellos no pueden tomar esa determinación por sí solos.
La encrucijada jurídica se trasladará al próximo 20 de julio, día de la instalación del nuevo Legislativo, donde se deberá presentar la proposición para sesionar en el batallón militar el 7 de agosto, una iniciativa que, según el analista, podría enfrentar la oposición de al menos una tercera parte de los congresistas.