*La actuación judicial se fundamenta en elementos que relacionarían los hechos con un presunto debilitamiento del esquema de seguridad asignado a Pizarro, la posible filtración de información sobre sus desplazamientos, entre otros.

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Miguel Alfredo Maza Márquez, y lo vinculó como presunto coautor del asesinato del entonces candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, asesinado el 26 de abril de 1990.

La Fiscalía le atribuye, en calidad de presunto coautor, el delito de homicidio con fines terroristas, en concurso sucesivo y heterogéneo con concierto para delinquir, dentro de la investigación por el crimen del excomandante del M-19 y candidato presidencial.

De acuerdo con el ente investigador, la actuación judicial se fundamenta en elementos que relacionarían los hechos con un presunto debilitamiento del esquema de seguridad asignado a Pizarro, la posible filtración de información sobre sus desplazamientos y una eventual articulación entre funcionarios del extinto DAS y estructuras paramilitares comandadas por Carlos y Fidel Castaño.

Según la Fiscalía, estas circunstancias habrían facilitado la ejecución del atentado perpetrado el 26 de abril de 1990 y el posterior encubrimiento de quienes serían los responsables del asesinato en un avión que cubría la ruta Bogotá – Barranquilla. La decisión obedeció a que, se tuvieron en cuenta la avanzada edad de Maza Márquez y su estado de salud.

La justicia colombiana ordenó la extinción de dominio sobre un inmueble ubicado en el barrio El Poblado, en Medellín, propiedad del exfutbolista René Higuita y un familiar, al determinar que el bien fue adquirido con recursos provenientes del narcotráfico y estuvo vinculado a una red de testaferrato ligada al Cartel de Medellín.

La medida fue adoptada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín tras un proceso judicial que evaluó pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación. La decisión afecta un predio que Higuita consideró durante años como el principal proyecto familiar de su vida.

El proceso judicial y la investigación sobre la vivienda

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la propiedad quedó bajo la lupa de las autoridades tras establecerse que fue adquirida inicialmente por Gustavo Cuartas Rendón, que habría actuado como testaferro de los hermanos William y Gerardo “Kiko” Moncada, integrantes del Cartel de Medellín, que coordinaron rutas de narcotráfico y administraron propiedades de Pablo Escobar.

La Fiscalía demostró que el inmueble, de aproximadamente 1.253 metros cuadrados, fue adquirido con fondos ilícitos y transferido sucesivamente hasta quedar registrado a nombre de René Higuita y un familiar.

La investigación concluyó que la vivienda de 1.253 metros cuadrados fue comprada con fondos ilícitos y transferida hasta quedar a nombre de René Higuita y un familiar.

La investigación concluyó que la vivienda de 1.253 metros cuadrados fue comprada con fondos ilícitos y transferida hasta quedar a nombre de René Higuita y un familiar – crédito X
Durante el juicio, la Fiscalía presentó testimonios, documentos y dictámenes periciales. Entre las pruebas, se destacó un estudio grafológico que determinó la falsedad de una firma en una escritura pública.

Este elemento permitió identificar las maniobras empleadas para encubrir la verdadera procedencia del bien. La investigación reconstruyó la cadena de transferencias, confirmando que la vivienda formó parte de un esquema de ocultamiento de bienes provenientes del narcotráfico.

El argumento de la defensa de Higuita

René Higuita, ídolo del fútbol colombiano, ha sostenido públicamente que adquirió la propiedad de buena fe y sin conocimiento de su historial ilícito. En declaraciones recogidas por El Colombiano y El Tiempo, Higuita explicó que la negociación se realizó a través de un amigo y que la vivienda fue habitada por su familia en los años noventa, cuando él formaba parte del Atlético Nacional.

Según Higuita, entregó dos apartamentos como parte de la transacción y nunca tuvo contacto directo con los hermanos Moncada ni con el supuesto testaferro Gustavo Cuartas Rendón.

La Fiscalía sostuvo que el inmueble fue adquirido inicialmente por Gustavo Cuartas Rendón como presunto testaferro de William y Gerardo “Kiko” Moncada, integrantes del Cartel de Medellín.

“El negocio me lo hace un compadre, con la señora representante de los dueños de la casa”, relató el exarquero, que señaló que los problemas judiciales comenzaron tras recibir una demanda relacionada con el predio.

El propio Higuita afirmó: “En algún momento también me tiraron una granada”, al referirse a las amenazas que lo llevaron a dejar la vivienda antes de concluir el proceso legal.

*Uno de los casos es el de un peruano, que según Migración Colombia, manifestó su intención de trabajar en explotaciones auríferas ilegales ubicadas en los municipios de Segovia y Mutatá.

Migración Colombia reforzó los controles en el Aeropuerto Internacional José María Córdova y, durante la última semana, inadmitió a cinco ciudadanos extranjeros que pretendían ingresar al país por diferentes irregularidades, varias de ellas relacionadas con delitos de alto impacto como la explotación sexual de menores y la minería ilegal.

Uno de los casos corresponde a una ciudadana estadounidense que registraba una alerta en la plataforma internacional Angel Watch, sistema que identifica a personas condenadas o investigadas por delitos sexuales contra menores.

Tras verificar la información durante el procedimiento migratorio, los oficiales le negaron el ingreso al país y ordenaron su retorno inmediato a Estados Unidos. Según Migración Colombia, es la segunda mujer inadmitida este año por este motivo.

Las autoridades también rechazaron el ingreso de tres ciudadanos extranjeros, procedentes de Estados Unidos, luego de establecer que su verdadero propósito de viaje era realizar turismo con fines de explotación sexual.

Durante las entrevistas migratorias, los funcionarios detectaron inconsistencias en sus versiones y encontraron evidencias de vínculos con itinerarios, contactos y agencias que promueven este tipo de actividades, consideradas una amenaza para la seguridad de la población y la imagen internacional de Medellín.

En otro procedimiento, un ciudadano peruano fue inadmitido al comprobarse que pretendía desarrollar actividades laborales sin contar con la visa exigida por la normativa colombiana.

Durante la entrevista migratoria, el hombre manifestó su intención de trabajar en explotaciones auríferas ilegales ubicadas en los municipios de Segovia y Mutatá, en Antioquia, donde planeaba desempeñarse en minas que no figuran en el Registro Minero Nacional.

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, señaló que la entidad ha fortalecido la capacitación de sus funcionarios para identificar oportunamente a extranjeros que puedan representar riesgos para la seguridad de niños, niñas, adolescentes y mujeres, así como para prevenir delitos como la explotación sexual, la trata de personas, las afectaciones al orden público y actividades ilícitas como la minería ilegal.