*La detonación se produjo cuando un tren de la empresa minera se movilizaba vacío por la zona, el cual sufrió daños. El atentado no dejó trabajadores heridos.

La infraestructura férrea de Cerrejón se vio afectada por un nuevo ataque terrorista ocurrido la noche de este martes, a la altura del kilómetro 60,en jurisdicción del municipio de Uribia, donde sufrió daños un tren que se movilizaba vacío en dirección sur.

Cerrejón informó que por este atentado, ocurrido hacia las 10:45 de la noche, no hubo heridos, pero el personal de la compañía minera “fue evacuado de manera preventiva” y “la evaluación de los daños se realizará una vez las condiciones de seguridad permitan el ingreso a la zona”, para lo cual mantienen una “coordinación permanente con las autoridades”.

Informan que “el Ejército Nacional ha desplegado tropas desde primeras horas de este miércoles para asegurar el área y acompañar la inspección de la infraestructura”.

La empresa justamente ha pedido este acompañamiento, teniendo en cuenta que este es el sexto atentado que ha sufrido Cerrejón a lo largo del año, poniendo en riesgo a las personas y afectando una infraestructura fundamental para la operación minera, para La Guajira y para el país. “Seguiremos informando oportunamente sobre la situación y sobre las condiciones para el restablecimiento de nuestra operación ferroviaria”.

*Comerciantes piden mayor presencia de la Policía ante reportes de hombres en motocicletas que estarían realizando disparos y ordenando el cierre de establecimientos.

Momentos de tensión se registraron en el barrio Cristo Rey, en el sur de Santa Marta, luego de que varios hombres armados, según versiones de la comunidad, realizaran disparos e intimidaran a comerciantes para exigir el cierre de sus establecimientos.

De acuerdo con los testimonios conocidos hasta el momento, los sujetos se movilizarían en motocicletas y estarían recorriendo diferentes sectores de la ciudad, donde presuntamente realizan disparos y ordenan a los comerciantes cerrar sus negocios. Los reportes también mencionan establecimientos comerciales y cadenas de supermercados entre los lugares a los que se les habría exigido el cierre.

Los comerciantes reclaman una mayor presencia de la Policía en los barrios y señalan que este tipo de situaciones también se estaría presentando en sectores como la calle 30, el barrio La Paz y la avenida del Río, donde algunos establecimientos habrían recibido estas intimidaciones.

La situación se registra en medio del supuesto paro armado anunciado recientemente y ha generado preocupación entre residentes y comerciantes, quienes piden a las autoridades reforzar la seguridad y hacer presencia en las zonas donde se han conocido estos reportes.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial que confirme estos hechos. La información permanece en desarrollo y se espera que se establezca qué ocurrió y quiénes estarían detrás de las intimidaciones.

Como resultado de los controles adelantados frente a presuntas infracciones urbanísticas en diferentes sectores de la ciudad, entre junio del 2024 hasta la fecha, más de 80 medidas de suspensión provisional o preventiva de obra fueron impuestas por el gobierno del alcalde Ernesto Orozco Durán.

De acuerdo con la revisión realizada por la Inspección de Policía, entre junio y diciembre del 2024 se registraron más de 38 órdenes de suspensión provisional de obras; durante 2025 se impusieron más de 32 medidas y en lo que va del 2026, hasta el 10 de septiembre, se generaron más de 16 sellos de suspensión preventiva, principalmente por comportamientos contrarios al orden urbanístico contemplados en el artículo 135 de la Ley 1801 de 2016, de acuerdo al trabajo realizado por la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana de Valledupar.

El secretario de Gobierno, Félix Valera Ibáñez, destacó que estas acciones buscan frenar las obras que incumplen las normas urbanísticas y garantizar que las construcciones en Valledupar se desarrollen dentro de la legalidad.

“Estamos ejerciendo control para que en Valledupar se cumpla la normatividad, cuando encontramos una edificación que presenta irregularidades, actuamos y ordenamos su suspensión, porque nadie puede construir desconociendo las reglas que protegen el desarrollo de la ciudad”, advirtió.

Asimismo, la Administración Municipal recuerda que una obra suspendida debe permanecer detenida hasta que se resuelva la situación que originó la medida, continuar los trabajos pese a una orden de policía puede constituir una acción de desacato, de acuerdo con el artículo 35, numeral 2, de la Ley 1801 de 2016, conducta que puede generar una multa de $1.867.616, por lo que el llamado a propietarios y constructores es a cumplir las normas y tramitar previamente las autorizaciones correspondientes.