La Fiscalía General de la Nación judicializó a Gerson Enrique Salcedo Arias, alias Moto Negra, por su presunta responsabilidad en agredir sexualmente a siete mujeres, en Barranquilla (Atlántico) que requirieron sus servicios como mototaxista.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, los hechos ocurrieron en el segundo semestre de 2021, cuando el procesado habría ofrecido sus servicios de transporte a mujeres con destino a Malambo, Atlántico.

La investigación estableció que en el trayecto el hombre se habría desviado del recorrido, y trasladado a las víctimas a zonas boscosas donde las intimidó con armas cortopunzantes, las despojó de sus pertenencias y las abusó sexualmente.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Atlántico lo imputó por los delitos acceso
carnal violento y hurto calificado, las dos conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados.

Un juez de control de garantías le impuso una nueva medida de aseguramiento en
establecimiento carcelario en el entendido que actualmente se encuentra privado de la libertad por otros hechos en los que estaría involucrado.

*El ente investigador dio a conocer que en las investigaciones que se han adelantado sobre la empresa se evidencian varios posibles delitos como enriquecimiento ilícito y lavado de activos, así como contrabando. Acá los detalles.

La Fiscalía General entregó nuevos detalles de las operaciones e investigaciones que se adelantan en contra de la empresa de ropa interior, deportiva y de cosméticos Lili Pink, señalada de, presuntamente, contrabandear mercancía y lavar dinero a través de empresas fachadas.

Según el ente investigador, se “habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación”.

Según la Fiscalía, la presunta manera de operar de Lili Pink consistía en maniobras “orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”.

Lo que encontró el ente investigador es que, al parecer, hubo “lavado de activos en cuantía de COP 730.000 millones, enriquecimiento ilícito por más de COP 430.000 millones, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), avaluadas en más de COP 54.000 millones, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones dé pesos”.

En medio de las investigaciones, un juez de control de garantías de Bogotá emitió varias órdenes de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento en contra de presuntos integrantes de la red.

Esas capturas, dice la Fiscalía, están en proceso de materialización y judicialización. Asimismo, fueron incautados varios bienes que habrían sido utilizados para cometer los presuntos delitos.

Según el ente investigador, fueron afectados “405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, los cuales serán objeto de avalúo”.

Esas diligencias se adelantaron entre la Fiscalía y el Ejército en “59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tiene presencia”.

De acuerdo con Juan Felipe Cárdenas Restrepo, director Especializado de Extinción del Derecho de Dominio, “las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social mientras avanza el trámite de extinción del derecho dominio ante los jueces de la especialidad”.

El pasado lunes 27 de abril, cuando se adelantaron las primera operaciones, Lili Pink, a través de un comunicado, reconoció la investigación en curso y señaló que ya trabaja “de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes, asegurando el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal”. Además hizo un llamado a la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para “proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos”.

Según información preliminar, se trataría de centenares de establecimientos, inmuebles y vehículos pertenecientes a la misma sociedad que está siendo investigada.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación adelanta operativos en la conocida marca dé tiendas Lili Pink en diferentes regiones del país por presunto lavado de activos y contrabando.

Las acciones incluyen procedimientos de extinción de dominio, así como capturas relacionadas con estas redes criminales.

De acuerdo con la información conocida, las medidas cobijan centenares de bienes, entre establecimientos comerciales, inmuebles y vehículos que pertenecerían a una misma sociedad señalada de estar involucrada en las actividades ilícitas.

Estos operativos se llevan a cabo de manera simultánea en varias ciudades del país.

Los procedimientos incluyen tanto la ocupación de bienes como la ejecución de órdenes de captura, en una ofensiva que busca desmantelar la estructura financiera de estas redes ilegales.

Como parte del proceso, los bienes incautados pasarán a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrarlos mientras avanza el proceso judicial. Esta medida busca preservar el valor de los activos y evitar que continúen siendo utilizados para actividades ilícitas.

Por ahora, las autoridades no han entregado un balance oficial del número total de capturas ni del avalúo de los bienes ocupados, pero se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre este operativo que implica a una de las marcas más reconocidas del país.