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Coosalud sería la primera EPS que se quedaría sin licencia de operación, según anunció el presidente Petro

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El presidente Gustavo Petro ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud retirar la licencia a las EPS con peor desempeño, priorizando aquellas con más quejas de usuarios.

La decisión se sustenta en el Decreto 780 de 2016, que permite revocar la autorización por fallas reiteradas en atención, finanzas o uso indebido de recursos. De aplicarse, las entidades sancionadas no podrán seguir operando ni administrar recursos del sistema de salud, mientras se reorganiza la atención de sus usuarios.

Lo dicho por el mandatario fue al cierre de la alocución cuando solicitó a la Superintendencia de Salud revocar las autorizaciones de operación a las peores EPS del país.

Hay que decir que esa orden se aplicará a Coosalud. El Tribunal Administrativo de Bolívar suspendió la intervención que el Gobierno ordenó en noviembre de 2024 y pidió devolver la EPS a sus antiguos directivos. Petro calificó el fallo de aberración y señaló a los magistrados de favorecer intereses ligados a la corrupción.

Según el presidente, la peor EPS en estados financieros es Coosalud, y el juez que ordena devolverla a sus directivos tiene antecedentes de fallos que benefician a quienes desviaron 221.000 millones de pesos de recursos públicos.

Dos principales razones:

Desvío de recursos del sistema de salud.
Uso indebido del dinero destinado a la atención en salud.

Señala que en la junta directiva de esa EPS hay nombres con conexiones políticas poderosas que no pueden ser investigados por la Fiscalía.

Juan Carlos Pastrana y Rafael Santos y los demás miembros de la junta de Coosalud deben responder por qué permitieron el desfalco de la EPS Coosalud gerenciada por Jaime González.

Las que más quejas acumulan ante Supersalud encabezan una lista que publicó Daniel Quintero desde sus redes sociales. El presidente se apoya en el decreto 780 de 2016 establece las causales para revocar la autorización de funcionamiento de una EPS.

Entre ellas están:

Fallas repetidas en requisitos técnicos o administrativos que ponen en riesgo la atención y a los afiliados.

Incumplimiento de las condiciones financieras exigidas por la Supersalud
Problemas en la habilitación de la red de servicios de salud.

Desvío de recursos del sistema de salud.
Uso indebido del dinero destinado a la atención en salud.

Uso irregular de intermediarios en la red de servicios.

No pagar a tiempo a clínicas y prestadores de salud.

Incurrir en conductas que violen el sistema de salud o el derecho a la salud.
Limitar la libre elección de EPS por parte de los afiliados.

El presidente advierte que habrá intentos de tumbar esas decisiones ante los jueces, pero que la orden está dada y la Superintendencia no tiene margen para no hacer caso.

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Ataque con explosivos desde un dron deja al menos un herido en Segovia, Antioquia

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Un nuevo hecho de violencia sacude al Nordeste de Antioquia: se confirmó que unos cinco artefactos explosivos fueron lanzados desde un dron hacia una mina ubicada en la vereda El Aporreado en el municipio de Segovia.

Según detalló el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, estos hechos se registraron a 20 minutos del casco urbano, por lo que en el sitio ya hay un despliegue de la fuerza pública.

“Hay una persona lesionada que ya fue remitida al hospital de Segovia. Ya se está haciendo una descubierta en zona rural con Ejército y Policía. Se está verificando e investigando el porqué o si sería un tema de extorsión”, apuntó Muñoz. De momento, desde la zona donde se ubica la mina El Cogote señalan que otra persona también resultó lesionada.

Aunque las circunstancias y los responsables están por establecerse, preliminarmente se indica que el hecho habría sido materializado por supuestos integrantes del Cuarto Frente de las Farc, debido al no pago de una extorsión.

Rubén Darío Gómez, secretario de Conalminercol, aseguró que la Asociación Mutual de Mineros El Cogote lleva más de 50 años de operaciones en la región.

“Dejó algunos daños en cuanto a los vehículos que se encontraban parqueados en la zona donde cayeron los artefactos, así como lesionando a una de las personas que trabajan allí en dicha asociación mutual. Los daños, pues, en este momento son materiales en su gran mayoría y hacen parte de toda esa situación de violencia y caos que se ha querido sembrar en el Nordeste antioqueño, en medio de esa disputa por las rentas ilegales que allí predominan con estos grupos armados al margen de la ley”, indicó.

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Dos soldados heridos tras caer en un campo minado en San José del Guaviare

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Dos soldados resultaron heridos al activar un campo minado mientras realizaban operaciones en San José del Guaviare. Los heridos fueron identificados como los soldados profesionales Jhon Fred Meza González y Luis Carlos Guevara Perea, quienes fueron evacuados inicialmente al Hospital Municipal de San José del Guaviare para recibir atención médica.

Presuntamente, los explosivos habrían sido instalados por la estructura ‘Jhon Linares’, del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las FARC. Según se ha conocido, uno de los uniformados presenta trauma craneoencefálico. El otro registra graves lesiones faciales y oculares.

Luis Guevara Perea presenta lesiones de mayor gravedad. De acuerdo con la evaluación médica, sufrió heridas en el rostro, trauma en ambos globos oculares, una lesión perforante en la nariz y el maxilar, así como posibles fracturas del maxilar superior y del piso de la órbita ocular, por lo que será sometido a valoración por especialistas.

El parte médico indica que Jhon Meza González sufrió un trauma craneoencefálico leve, acompañado de desorientación y amnesia transitoria, además de un trauma ocular no penetrante. Su estado es estable, aunque requiere estudios neurológicos y valoración por neurocirugía. Ambos soldados fueron trasladados por vía aérea al Hospital Militar para recibir atención especializada.

Los especialistas del Hospital Militar Central realizarán nuevos estudios diagnósticos y las valoraciones correspondientes para determinar el tratamiento médico y quirúrgico que requiere el uniformado.

El Ejército Nacional informó que el artefacto explosivo hacía parte de un campo minado presuntamente instalado por integrantes de la estructura Jhon Linares, organización armada señalada por las autoridades de operar en diferentes zonas del departamento del Guaviare bajo el mando del Bloque Jorge Suárez Briceño.

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Combates entre disidencias y Clan del Golfo dejan 77 familias desplazadas

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De acuerdo con un reciente reporte de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, como consecuencia de los enfrentamientos entre el frente 36 de las Farc y el Clan del Golfo en zona rural de Briceño, se registra una grave afectación humanitaria: hay 77 familias desplazadas que corresponden a 177 personas provenientes de las veredas El Roblal y Travesías.

Así mismo, la Gobernación de Antioquia también tiene información sobre el confinamiento de habitantes en los corregimientos de Guarimán, El Roblal y parte de Travesías, en la zona rural del municipio de Briceño, norte de Antioquia.

El secretario de Seguridad de la Gobernación de Antioquia, el brigadier general en retiro Luis Eduardo Martínez, pidió a la fuerza pública ampliar su operación para tomar el control de la zona.

“Desde la Gobernación de Antioquia hemos solicitado al Ejército Nacional una intervención urgente para proteger a la población, recuperar el control del territorio y garantizar el restablecimiento de la seguridad en esas zonas rurales del municipio de Briceño”, aseguró Martínez.

El funcionario recalco que permanentemente los habitantes de este municipio vienen siendo afectados por las confrontaciones entre las disidencias de las Farc, de alias ‘Calarcá’ y el Clan del Golfo en una disputa por el control de las rentas criminales en el territorio de Briceño.

Por su parte, el Comando de la Policía Antioquia señaló que uniformados de la institución ya hacen presencia en la zona y están coordinando con la administración municipal la atención de las familias afectadas, también acompañan el proceso de verificación de la situación para contribuir a la protección de la comunidad.

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