La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ordenó la suspensión inmediata de las licencias de tres empresas tras detectar la pérdida de 393 armas de fuego que estaban bajo su custodia.

Se conoció que las compañías involucradas —Águila de Oro, Laucris Security y Helam— compartían, mediante un acuerdo de colaboración empresarial, a un mismo coordinador de activos: Elkin David Polanco Pérez, quien tenía acceso directo al armamento de las tres firmas.

Ese tipo de convenio no es permitido, lo que activó de entrada las indagaciones administrativas de la Supervigilancia.

Polanco Pérez estaba vinculado contractualmente desde el 1 de junio de 2012 y entre sus funciones tenía la custodia del armamento, control de los libros de registro, verificación del estado de las armas, mantenimiento y reporte de novedades. En la práctica, era el responsable de supervisar el inventario y garantizar su trazabilidad.

El coordinador salió a descanso el 31 de diciembre y debía reintegrarse en enero de este año, pero no volvió a responder llamadas ni requerimientos. Ante la falta de información sobre los libros de control de salidas de armas, las empresas iniciaron una verificación interna que derivó en el hallazgo más crítico: solo en Águila de Oro faltaban 275 armas, avaluadas en cerca de 550 millones de pesos.

La situación se replicó en las otras compañías. En Helam se reportó la pérdida de 104 armas y en Laucris, 14 más. En total, 393 armas cuyo paradero hoy es desconocido.

*Dos hombres le prenden fuego a las fachadas y una mujer los graba.

La extorsión sigue fuera de control en el departamento del Atlántico. Así queda evidencia a diario con los ataques a los negocios que se niegan a pagar las ‘vacunas’.

Este miércoles se conocieron dos videos que reflejan lo que está sucediendo en el municipio de Malambo. En el corregimiento de Caracolí, dos hombres le prendieron fuego a las fachadas de dos establecimientos comerciales.

Se movilizan en una motocicleta junto a una mujer, quien es la que los graba cuando queman los negocios.

Estos hechos se registraron la noche del pasado domingo, pero demuestran que la situación es crítica.

De hecho, en el barrio Juan XXIII, fue asesinado Jorge Luis Rueda Lizcano, de 37 años de edad, la noche de este martes. La víctima sería un comerciante del municipio de Malambo.

El cardenal colombiano Pedro Rubiano, arzobispo emérito de Bogotá que falleció el 14 de abril de 2024, fue denunciado este lunes de haber abusado sexualmente de un joven de 15 años en varias ocasiones en 1983.

«Eso sucedió y no fue solamente una vez. Y tengo entendido que tiene muchísimas denuncias, que han sido tapadas porque nunca prosperaron», señaló un hombre llamado Andrés.

La víctima relató que todo comenzó en 1983, cuando al joven lo echaron de su casa por problemas familiares y fue a la catedral primada de Bogotá buscando refugio y ayuda.

Sin embargo, allí empezó a sufrir abusos por parte de un sacerdote, cuyo nombre no fue revelado, quien luego le presentó al cardenal Rubiano.

«Se sentó conmigo en las sillas de atrás, quería besarme los pies, me besó las manos, me masturbó y me practicó sexo oral», relató el hombre sobre lo que sufrió a manos de Rubiano y agregó que no pudo huir de allí por la situación familiar que vivía.

El joven viajó en el 2000 a Ciudad del Vaticano con un pasaje que, dice, fue pagado por uno de sus victimarios y entregó documentos, fotos y videos de lo que había sufrido al médico y periodista español Joaquín Navarro Valls, quien era uno de los colaboradores cercanos al papa Juan Pablo II. Sin embargo, nunca recibió una respuesta.

Por eso, Andrés denunció en 2021 al cardenal Rubiano, cuando aún estaba vivo, y afirmó que «nunca pasó nada».

«En cambio, en España denuncian a un sacerdote de 90 años y a ese sí lo llaman y a ese sí le piden explicaciones y ese sí iba a la fiscalía y no, aquí no. Aquí el señor pasó de agache y se murió», añadió.

En mayo del año pasado, la Corte Constitucional de Colombia ordenó a la Iglesia católica entregar información sobre los casos de pederastia ocurridos en el país, algo que no había hecho porque alegaba que esa información estaba protegida por el secreto pontificio.

La decisión la tomó la Sala Plena del alto tribunal al resolver 50 tutelas (recurso de amparo) acumuladas que solicitaban información sobre casos de pederastia ocurridos en la curia colombiana, según una sentencia publicada este martes por la Corte.

Pedido de perdón

En 2024 el sacerdote jesuita Francisco de Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, pidió perdón a las víctimas de abusos sexuales por parte de un miembro de la Compañía de Jesús y aseguró que «hoy en día» hubiese llevado a la Fiscalía el caso del que se le acusa de haber encubierto en 2014.

De Roux fue denunciado penalmente por el supuesto encubrimiento al fallecido padre Darío Chavarriaga, acusado de abusar sexualmente de un joven y de sus siete hermanas en la década del 70.

En relación con la pederastia, en junio de 2020 la Arquidiócesis de Villavicencio suspendió provisionalmente a más de 10 sacerdotes católicos por presunto abuso sexual y se puso a disposición de las autoridades competentes «para colaborar con las investigaciones que tengan lugar en este caso».