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Fiscalía

Fiscalía obtiene medidas cautelares sobre bienes de petrolera para reparar víctimas del paramilitarismo

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*Esta es la primera medida cautelar en contra de los bienes de una empresa de origen internacional, señalada de financiar organizaciones paramilitares en Colombia.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Justicia Transicional, obtuvo ante un magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre dos oficinas de propiedad de una petrolera internacional.

Estos bienes fueron entregados por parte de la Fiscalía al Fondo para la Reparación de las Víctimas, para su administración con el fin de que sean utilizados para la indemnización de la población afectada por la violencia paramilitar en el departamento del Casanare.

Las oficinas se encuentran ubicadas en un edificio del centro financiero en Bogotá, y tienen un valor comercial estimado de $41.318.400.000 de pesos, aproximadamente 10 millones de dólares.

Para lograr su identificación, la Fiscalía obtuvo información relevante de la estructura y control corporativo de la empresa extranjera, a través de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), de la cual Colombia hace parte.

Igualmente, fueron aplicadas técnicas de análisis criminal y recolección de elementos probatorios que acreditaron la autorización de las máximas instancias de la empresa en la financiación ilegal.

Asimismo, se recaudó información sobre los contratos de concesión, explotación y producción de hidrocarburos de esta empresa. Con este material probatorio se solicitaron las medidas cautelares por parte de la Fiscalía, que fueron otorgadas por el Tribunal Superior de Bogotá.

Postulados a Justicia y Paz como Daniel Rendón Herrera, Manuel de Jesús Pirabán y Orosman Orlando Osten Blanco, del bloque Centauros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, mencionaron en sus versiones libres que el grupo empresarial habría financiado su actuar ilegal en Casanare, mediante la entrega de dinero, combustible, alimentación y transporte, a cambio de un servicio de seguridad que ofrecían en los pozos de extracción de crudo y que le permitió a la empresa incrementar su patrimonio en el periodo del posible vínculo ilegal con los paramilitares, entre 1997 y 2005.

Las actividades investigativas adelantadas por los fiscales del Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional, y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), contaron con el apoyo del Grupo investigativo de jurisdicciones especiales de la -DIJIN, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol, así como de otras autoridades judiciales.

Fiscalía

Fiscalía reporta tres capturas por delitos electorales y 31 más por otros delitos durante jornada

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*Para garantizar el desarrollo de los comicios, la entidad dispuso cerca de 8.000 servidores entre fiscales, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación.

La Fiscalía General de la Nación entregó un balance preliminar de la jornada electoral y confirmó la captura de tres personas por conductas relacionadas directamente con el proceso democrático, además de 31 detenidos que registraban órdenes judiciales vigentes por otros delitos.

Para garantizar el desarrollo de los comicios, la entidad dispuso cerca de 8.000 servidores entre fiscales, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y personal de apoyo, distribuidos en las 35 seccionales del país.

El despliegue busca atender de manera inmediata cualquier situación que pueda afectar la transparencia del proceso electoral o la seguridad ciudadana.

Según informó la Fiscalía, las tres capturas por delitos electorales corresponden a un ciudadano que intentó suplantar a un testigo electoral en Villavicencio, Meta; un votante que pretendía sufragar utilizando la identidad de otra persona en Inírida, Guainía; y un hombre que destruyó una urna de votación en Valledupar, Cesar.

De manera paralela, las autoridades realizaron 31 capturas de personas requeridas por la justicia por delitos como secuestro, homicidio, delitos sexuales, violencia contra servidor público, extorsión y fuga de presos.

Los procedimientos se llevaron a cabo en Bogotá y en los departamentos de Caquetá, Atlántico, Antioquia, Cauca y Nariño.

La Fiscalía también informó sobre la incautación de 114 millones de pesos en Cantagallo, Bolívar, dinero que era transportado por tres personas en una camioneta. El caso quedó en manos de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, que verificará el origen de los recursos y su posible destinación.

Asimismo, los grupos de policía judicial adelantan verificaciones sobre denuncias relacionadas con presuntas intimidaciones contra jurados de votación por parte de integrantes de una estructura armada ilegal en Ricaurte, Nariño, situación que fue puesta en conocimiento de la Fuerza Pública y de la Registraduría Nacional para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

Finalmente, la entidad destacó que los mecanismos de identificación implementados durante los comicios permitieron ubicar a 16 personas que figuraban como desaparecidas y que acudieron a ejercer su derecho al voto.

Los casos fueron detectados en Quindío, Caldas, Antioquia, Bogotá, Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Boyacá, Huila y Magdalena, permitiendo actualizar los registros correspondientes.

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Fiscalía

Seis años de cárcel a un hombre por violencia psicológica contra su pareja sentimental

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*Producto de la labor investigativa realizada el señalado agresor fue condenado por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Humillaciones, menosprecio, manipulación y persecución fueron algunas de las conductas que la Fiscalía General de la Nación identificó para poner en evidencia un ciclo de violencia psicológica sistemática, que durante varios meses ejerció un hombre sobre su pareja en Siachoque (Boyacá).

Las pruebas dan cuenta de que tan pronto terminó la relación sentimental se incrementó el asedio a la víctima. Su excompañero vigilaba todos sus movimientos, la celaba y esperaba en inmediaciones del trabajo y de su lugar de residencia para increparla y amenazarla de muerte.

Valoraciones psicológicas ordenadas en el curso de la investigación evidenciaron que la mujer sufría de cuadros permanentes de intranquilidad y de nerviosismo.

Además, temía estar sola en diferentes lugares, creía que iba a ser atacada en cualquier momento y manifestaba sentir angustia por la vida de su hijo, familia y nueva pareja.

Ante estos hallazgos un fiscal local de la Seccional Boyacá acusó al hombre por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Al término del juicio oral el juez de conocimiento emitió una decisión absolutoria, la cual fue apelada dado que el acervo probatorio indicaba las afectaciones psicológicas.

El Tribunal Superior de Tunja (Boyacá) atendió el recurso interpuesto por la Fiscalía, revocó el fallo de primera instancia y condenó al agresor a seis años y ocho meses de prisión, pena que deberá cumplir privado de la libertad en establecimiento carcelario.

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Fiscalía

Condenan a integrantes de un grupo delictivo que explotaba a niños indígenas: los obligaban a mendigar

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*Utilizaban a los menores de edad durante jornadas que se extendían hasta la madrugada para solicitar pañales, leche y otros productos que posteriormente eran revendidos en establecimientos de comercio.

Mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, siete integrantes de un grupo delincuencial aceptaron su responsabilidad en la explotación de niños y niñas indígenas para actividades de mendicidad en el sector de El Poblado, en Medellín (Antioquia).

Los involucrados son Ana Lucía López Sánchez y los ciudadanos venezolanos Ángela del Valle Valera Graterol, Milagros del Valle Sira Espinoza, Nahomi Karlais López Goyo, Yajaira Alejandra Hernández Correa, Yosmairi Coromoto Barrios y Wilfreddy Johan Godoy Villamizar.

En el curso de la investigación fueron documentados 10 eventos delictivos ocurridos entre 2024 y 2025, en los que estas personas cumplieron diferentes roles en la instrumentalización de menores de edad de la comunidad indígena Emberá Katío para solicitar a turistas nacionales y extranjeros la compra de pañales, leche y otros productos, los cuales eran comercializados posteriormente.

López Sánchez, propietaria de un establecimiento comercial, era una de las compradoras de los elementos de primera necesidad entregados por ciudadanos que daban muestras de generosidad, y coordinaba su reventa para obtener dinero.

Por su parte, López Goyo, Valera Graterol, Coromoto Barrios y Sira Espinoza recorrían diferentes sectores con bebés en brazos, exhibiendo carteles con mensajes alusivos a requerimientos básicos.

Entretanto, Godoy Villamizar cumplía funciones de transporte y comercialización de los artículos recibidos a través de esta modalidad de explotación.

Una juez penal de conocimiento avaló los preacuerdos celebrados por estas personas y las condenó, de acuerdo con su participación en los hechos conocidos, por los delitos de concierto para delinquir y explotación de menores de edad. Las penas impuestas oscilan entre 24 y 39 meses de prisión.

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