*Las afectadas habrían sido encerradas, vigiladas con cámaras de seguridad y obligadas a permanecer en un establecimiento hasta altas horas de la noche.

Una oferta para trabajar como meseras terminó en un escenario de explotación sexual para cuatro mujeres, entre ellas varias adolescentes, quienes viajaron desde Medellín (Antioquia) hasta Villavicencio.

La Fiscalía General de la Nación investiga a María Ofelia Ortiz Gil como presunta responsable de su recibimiento y sometimiento. Los hechos ocurrieron entre el 27 de abril y el 8 de mayo de 2024.

Según la investigación, al llegar a la capital de Meta, las víctimas fueron conducidas a un establecimiento de comercio que sería propiedad de Ortiz Gil, quien les habría informado que debían realizar actividades sexuales y permanecer hasta altas horas de la noche cuando se retirara el último cliente.

Las mujeres permanecieron encerradas y vigiladas con cámaras de seguridad. Además, Ortiz Gil presuntamente controlaba sus movimientos, les proporcionaba alojamiento y establecía los valores que debían cobrar por las bebidas alcohólicas y los actos sexuales. La alerta de la madre de una de las adolescentes permitió establecer su ubicación e informar a las autoridades.

Las acciones adelantadas posteriormente permitieron llegar al sitio y rescatar a las cuatro víctimas. Un fiscal de la Seccional Meta imputó a María Ofelia Ortiz Gil el delito de trata de personas agravado. La procesada no aceptó el cargo y, por decisión de una juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia, mientras avanza el proceso judicial.

*La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, participó en la XXXIII Asamblea General Ordinaria de la AIAMP, donde impulsó acuerdos y mecanismos de cooperación para afianzar las investigaciones contra organizaciones criminales que trascienden las fronteras.

La cooperación judicial internacional se consolidó como uno de los ejes de la participación de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en la XXXIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), realizada en Cusco (Perú) entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre.

Durante la jornada, la Fiscal General suscribió un acuerdo con la Fiscalía de El Salvador para conformar un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) orientado a afectar estructuras criminales que tienen injerencia en ambos países y están vinculadas, entre otras actividades, a la extorsión carcelaria.

El mecanismo facilitará el intercambio de información y elementos materiales probatorios en las iniciativas que adelanten las dos instituciones, particularmente en asuntos relacionados con víctimas, análisis técnicos y procesos de extinción de dominio. Estos esfuerzos serán articulados mediante un plan de acción operativo que, por parte de Colombia, estará liderado por la Delegada para las Finanzas Criminales y la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos.

La agenda internacional también incluyó la renovación del memorando de entendimiento suscrito en 2024 entre la Fiscalía General de la Nación y el Basel Institute on Governance, cuyo propósito es brindar asistencia técnica para enfrentar la criminalidad transnacional, especialmente en materia de corrupción, lavado de activos, delitos financieros y recuperación de bienes provenientes de economías ilícitas.

Como parte de esta refrendación, serán organizados y ejecutados programas de capacitación específicos, conceptualizados y diseñados con el objetivo de generar competencias en las áreas antes mencionadas establecieron compromisos para coordinar actividades, y atender los requerimientos de asistencia que sean solicitados en el desarrollo de las actuaciones.

De otra parte, la Fiscal General sostuvo un encuentro con fiscales de Perú y Ecuador, con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

En este espacio fue presentada la estrategia de litigio desarrollada por la Fiscalía de Colombia, denominada ‘Cumbres Estratégicas para la Investigación y Judicialización de Máximos Responsables e Integrantes de Estructuras Criminales en Colombia’.

*La fecha de la audiencia en contra el expresentador de deportes de Caracol Televisión aún no ha sido fijada.

La Fiscalía General de la Nación anunció este viernes que imputará cargos por los delitos de acoso sexual y acto sexual violento contra el periodista Ricardo Orrego, expresentador de deportes de Noticias Caracol.

Según la Fiscalía, Orrego habría incurrido en estos delitos contra cinco mujeres, en hechos ocurridos entre 2012 y 2024. La fecha para la audiencia de imputación de cargos aún no ha sido fijada.

«El Grupo de Tareas Especiales conformado en la Fiscalía General de la Nación para investigar hechos de violencias basadas en género en el entorno de los medios de comunicación, acaba de radicar solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el señor Ricardo Orrego Arboleda como presunto responsable de los delitos de acoso sexual y acto sexual violento», señaló el ente acusador.

El pasado 24 de marzo, Caracol Televisión dio por terminado el vínculo laboral con Orrego y de mutuo acuerdo con el presentador de noticias Jorge Alfredo Vargas, en medio del escándalo por las denuncias que a través de las redes sociales realizaron varias excompañeras de trabajo.

No obstante, el canal aclaró que esta decisiones “no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni implican una conclusión sobre responsabilidades individuales” y que respondían a la “necesidad de proteger la integridad de todas las personas involucradas y sus familias”.

Tras conocer la decisión de Caracol Televisión, Ricardo Orrego se pronunció a través de su abogada Julieth Fiallo Gualdrón y expresó su disposición a seguir un debido proceso en las acusaciones que por presunto acoso sexual presentadas en su contra por compañeras de trabajo.

También señaló que la terminación del contrato por parte de Caracol “obedeció a una decisión unilateral del empleador, adoptada en el marco de sus facultades contractuales, y no era el resultado de una investigación disciplinaria concluida, ni de una sanción derivada de los hechos que han sido objeto de difusión pública”.