*Durante el proceso, la Fiscalía demostró que los homicidios ocurrieron en un contexto de violencia extrema contra las víctimas por su condición de mujeres.

Un juez de conocimiento condenó a Cristian Camilo Valencia Hurtado a 48 años y 10 meses de prisión por el asesinato de su compañera sentimental y de las dos hijas de la mujer, crimen ocurrido el 24 de marzo de 2026 en un inmueble de la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá.

El procesado aceptó su responsabilidad y fue hallado culpable del delito de feminicidio agravado, razón por la cual también se le negó cualquier beneficio o subrogado penal y se le impuso una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años.

Durante el proceso, la Fiscalía demostró que los homicidios ocurrieron en un contexto de violencia extrema contra las víctimas por su condición de mujeres y que los hechos estuvieron precedidos por un ciclo de violencia intrafamiliar y de género.

La investigación permitió acreditar que el ataque se enmarcó en una dinámica de agresiones previas, aspecto que fue tenido en cuenta dentro del proceso judicial para sustentar la responsabilidad del hoy condenado.

Sin embargo, el ente acusador consideró insuficiente la pena impuesta y anunció la presentación de un recurso de apelación para solicitar una sanción más severa.

El fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá argumentó que la dosificación de la condena no resulta proporcional frente a la gravedad de los hechos, al tratarse del feminicidio de tres mujeres, entre ellas una menor de edad.

La Fiscalía sostuvo que la valoración punitiva debe realizarse bajo una perspectiva de género y teniendo en cuenta la magnitud del daño ocasionado.

En ese sentido, solicitó que el superior judicial revise la sentencia y aumente la pena impuesta a Valencia Hurtado, al considerar que los hechos constituyen un caso de extrema gravedad que amerita una respuesta sancionatoria más rigurosa.

*Se convierte en el primer oficial del Ejército sancionado con una pena alternativa dentro del Macrocaso 03.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó este viernes al teniente coronel retirado del Ejército, Germán León Durán, a 5 años, 9 meses y un día de prisión por su responsabilidad en 31 asesinatos y desapariciones forzadas de civiles que fueron presentados como bajas en combate entre 2005 y 2006.

La decisión convierte a León en el primer oficial del Ejército sancionado con una pena alternativa dentro del Macrocaso 03, que investiga las llamadas «muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate», conocidas en Colombia como falsos positivos.

Según la JEP, los crímenes ocurrieron en los departamentos de Casanare y Boyacá, cuando el oficial comandaba el Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez, adscrito a la Brigada XVI del Ejército.

Durante ese periodo, «la unidad desarrolló un patrón sistemático de asesinatos y desapariciones de civiles, en su mayoría jóvenes campesinos y personas vulnerables», que eran engañados con falsas ofertas de trabajo o señalados como integrantes de grupos armados ilegales para luego ser ejecutados y reportados como guerrilleros muertos en combate.

El tribunal calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad por asesinato y desaparición forzada, y como crímenes de guerra por homicidio en persona protegida. Además, señaló que el 94,8 % de los resultados operacionales reportados por el batallón durante la comandancia de León Durán fueron ilegítimos.

Durante una audiencia pública celebrada en marzo pasado en el municipio de Yopal, en Casanare, el exoficial reconoció su responsabilidad y admitió que las órdenes que firmó facilitaron la ejecución de los crímenes.

«Yo emití la orden (…) Si yo no hubiera dado esa firma, no se hubiera presentado la pérdida de su ser querido», afirmó ante víctimas y familiares, según recogió la sentencia.

León Durán también reconoció que omitió deliberadamente ejercer controles sobre las operaciones de la unidad para proteger su carrera militar y aceptó que se fabricaron antecedentes falsos para estigmatizar a las víctimas.

Asimismo, asumió responsabilidad por otros hechos que no habían sido imputados formalmente, entre ellos una tentativa de homicidio.

La JEP valoró positivamente el reconocimiento tardío de responsabilidad y el compromiso del exmilitar de contribuir a la búsqueda de desaparecidos, participar en actos de dignificación de las víctimas y promover iniciativas de formación en derechos humanos dentro de las Fuerzas Militares.

La sanción impuesta hace parte del régimen de justicia transicional y supone una reducción significativa frente a las penas ordinarias que podrían superar los 20 años de prisión para delitos de esta gravedad. No obstante, el beneficio está condicionado al cumplimiento de compromisos de verdad, reparación y no repetición.

*Las masacre de El Aro y La Granja, el homicidio del líder de derechos humanos José María Valle y el caso de la Hacienda Guacharacas.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó por sus redes sociales haber sido llamado a indagatoria por la Fiscalía por dos masacres, por el homicidio del líder José María Valle y el caso de la Hacienda Guacharacas, propiedad de su familia.

“De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del aro, la granja, José María Valle y Guacharacas”, escribió el exmandatario en su cuenta de X y señaló que ahora, “a enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones”.

La masacre de El Aro, corregimiento del municipio de Ituango, ocurrió el 22 de octubre de 1997 y fueron asesinados 17 campesinos.

Mientras tanto, la masacre de La Granja, también corregimiento de Ituango, fue perpetrada el 11 de junio de 1996. Allí fueron asesinadas cinco a cinco personas en el corregimiento La Granja, en el municipio de Ituango

En las dos masacres, Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia.

También se le indagará por el asesinato del defensor de derechos humanos José María Valle, el 27 de febrero de 1998.