*Se trata de alias ‘Chipi’ y alias ‘El hermano’, señalados de coordinar el ataque armado contra el senador y precandidato presidencial.

Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’; y William Fernando González Cruz, alias ‘El hermano’, aceptaron mediante preacuerdo su responsabilidad en la coordinación y articulación del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025, en el occidente de Bogotá.

«La negociación judicial fue avalada por una juez penal especializada, quien consideró que contempla penas ajustadas a la normatividad penal vigente. En ese sentido, alias ‘Chipi’ será condenado a 26 años y 3 meses de prisión», destacó la Fiscalía.

En cambio «alias ‘El hermano’ a 21 años y 9 meses de prisión, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores para la comisión de delitos; fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego; y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios».

La investigación permitió conocer que los procesados organizaron varias reuniones en la localidad de Bosa, en Bogotá, y en otros puntos de la ciudad, con el propósito de planear las actividades relacionadas con el atentado.

«El día de los hechos, cada uno asumió un rol específico. Arteaga Hernández diseñó el plan criminal y asignó las funciones a los demás implicados antes, durante y después del ataque. Adicionalmente, realizó labores de seguimiento a la víctima y verificaciones previas del lugar donde ocurriría el ataque», detalló el ente acusador.

También entregó el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el senador Uribe Turbay y supervisó de cerca la ejecución de la acción criminal.

«Por su parte, González Cruz permaneció a bordo de un vehículo, a pocas cuadras del parque El Golfito, lugar donde se perpetró el ataque, y facilitó la huida de otros involucrados hasta un establecimiento de comercio del barrio Santa Fe», dijo la Fiscalía.

Igualmente, vendió uno de los teléfonos celulares empleados para coordinar y ejecutar el atentado, con el fin de entorpecer las labores investigativas de las autoridades.

*Las evidencias dan cuenta de 665 archivos compartidos desde diferentes conexiones en La Dorada (Caldas).

La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), identificó el presunto actuar delictivo de Alexander Vanegas Rojas, quien estaría implicado en el almacenamiento y difusión a gran escala de contenido explícito de menores de edad.

Una alerta internacional recibida el 5 de junio de 2024, daba cuenta de que este hombre sería el responsable de enviar a diferentes plataformas virtuales videos y fotografías en los que aparecían niños, niñas y adolescentes sometidos a actividades de tipo sexual.

Posteriormente, a través de las diferentes actividades de policía judicial, se conoció con exactitud su lugar de residencia en La Dorada y la manera en la que habría compartido el material.

Las evidencias indican que durante varios años presuntamente alimentó una nube y logró agrupar hasta 655 archivos, los cuales remitía desde sus dispositivos tecnológicos a contactos en el exterior, vía correo electrónico y otros canales digitales.

Vanegas Rojas fue capturado en cumplimiento de una orden judicial en el sector Corán, en Puerto Salgar (Cundinamarca).

En el procedimiento fueron incautados dos celulares que serán sometidos a análisis técnicos.

Un fiscal de la Seccional Caldas lo presentó ante un juez de control de garantía y le imputó el delito de pornografía con personas menores de 18 años.

El procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

*Entre los activos afectados hay sociedades, inmuebles, establecimientos de comercio, vehículos y embarcaciones que habrían sido utilizadas para transportar clandestinamente a extranjeros desde las costas del Golfo de Urabá hasta países de Centroamérica.

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 47 bienes que harían parte del patrimonio ilícito de una red delictiva señalada de facilitar el tráfico de migrantes y ocultar, administrar e incrementar los recursos provenientes de esta actividad ilícita.

Los activos afectados, avaluados preliminarmente en 29.106 millones de pesos, están representados en 8 inmuebles, 3 sociedades, 4 establecimientos de comercio, 8 vehículos y 24 embarcaciones, que estarían al servicio de la organización delincuencial para garantizar el transporte irregular de extranjeros desde las costas del Golfo de Urabá hasta Centroamérica.

Los elementos materiales probatorios obtenidos en la investigación indican que parte de las propiedades también habrían sido adquiridas para ocultar y evitar el rastreo de los dineros obtenidos por el traslado irregular de, por lo menos, 800.000 ciudadanos de Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica, China y otros países.

Las medidas cautelares decretadas por una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio fueron materializadas en diligencias realizadas de manera articulada con unidades de la DIJIN de la Policía Nacional en Medellín, Apartadó y Necoclí (Antioquia); Unguía y Quibdó (Chocó).