La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Soligrey Gallego Caicedo, una mujer señalada de liderar una peligrosa modalidad de hurto en la capital antioqueña.

Su estrategia consistía en perfilar a ciudadanos extranjeros a través de plataformas virtuales de citas, coordinar encuentros en diversos inmuebles de la ciudad y, posteriormente, doblegar su voluntad mediante el uso de sustancias químicas para despojarlos de todo su dinero y objetos de valor.

El “modus operandi”

De acuerdo con la investigación liderada por las autoridades locales, Gallego Caicedo utilizaba su atractivo en las aplicaciones digitales para ganarse la confianza de turistas internacionales que visitaban Medellín.

Una vez consolidado el contacto, la mujer los convencía de reunirse de manera privada en alojamientos y apartamentos, principalmente ubicados en corredores turísticos exclusivos de la ciudad.

El caso que encendió las alarmas de los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) involucra a un ciudadano de nacionalidad francesa, quien pactó un encuentro íntimo con la procesada en un hospedaje del sector de El Poblado.

Según el expediente, tras ingresar al lugar, la víctima recibió una bebida que contenía una sustancia tóxica.

Pocos minutos después, el ciudadano extranjero quedó completamente inconsciente y en un estado absoluto de indefensión, escenario que habría sido aprovechado por la mujer para ejecutar el millonario robo.

Una vez que la víctima perdió el conocimiento, Soligrey Gallego Caicedo registró el inmueble para apoderarse de un botín de alto valor logístico y financiero.

Entre los elementos hurtados se reportaron teléfonos celulares de alta gama, una tableta electrónica, dinero en efectivo en denominaciones de dólares y euros; y tarjetas bancarias corporativas y personales.

El reporte judicial de la Fiscalía da cuenta que, en el curso de la investigación se conoció que, entre el 6 y el 7 de diciembre de 2025, los productos financieros del ciudadano francés fueron utilizados de forma fraudulenta para realizar cerca de 20 transacciones, transferencias y compras en diferentes establecimientos comerciales de Medellín.

La captura de la presunta delincuente fue en el barrio Estadio, en el occidente de Medellín, donde uniformados del CTI de la Fiscalía hicieron efectiva una orden judicial en su contra.

Un fiscal seccional de Medellín, bajo los parámetros de la Ley 1826 de 2017 (Procedimiento Penal Especial Abreviado), le trasladó formalmente el escrito de acusación por el delito de hurto calificado y agravado.

Durante las audiencias concentradas, la procesada no aceptó el cargo imputado por el ente acusador.

Sin embargo, ante la contundencia del material probatorio recopilado, un juez de control de garantías determinó que Soligrey Gallego Caicedo representa “un peligro para la sociedad y decretó medida de aseguramiento en centro carcelario”, lugar desde donde afrontará la continuación de su juicio.

*Estaría implicado en una acción armada contra tropas del Ejército Nacional en Tuluá.

Esnoraldo Sánchez Rodríguez, alias Emerardo, señalado integrante del autodenominado Frente 57 ‘Yair Bermúdez’ de las disidencias de las Farc fue presentado ante un juez penal de control de garantías por su presunta participación en atentados contra la fuerza pública en Valle del Cauca.

Las evidencias obtenidas por la Fiscalía General de la Nación indican que estaría implicado en un ataque con ráfagas de fusil y explosivos contra un componente del Ejército Nacional el 30 de octubre de 2024, en el corregimiento de San Rafael, en Tuluá (Valle del Cauca).

Durante el acto criminal el hoy procesado habría dejado abandonados varios artefactos para afectar la integridad de los uniformados.
Sánchez Rodríguez haría parte de una estructura que sería la responsable de amenazas contra la población civil, desplazamientos forzados y secuestros, entre otras conductas delictivas en Roldanillo y Tuluá.

Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial le imputó los delitos de concierto para
delinquir; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

El procesado no aceptó los cargos y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.

• El procesado habría utilizado siete importadoras fachada para simular operaciones de comercio exterior y dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.

• En simultáneo al proceso de judicialización, se materializaron las medidas cautelares sobre el patrimonio de la red delictiva y fueron puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) bienes avaluados en más de 534.000 millones de pesos, así como 11 activos financieros por valor de 3.068 millones de pesos.

La Delegada para las Finanzas Criminales, a través de sus direcciones especializadas de Delitos Fiscales, Extinción del Derecho de Dominio e Investigaciones Financieras, logró la judicialización de Walter Francisco Martínez Martínez, señalado integrante de una red transnacional que estaría dedicada al ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, que posteriormente comercializaba los productos en una cadena de almacenes de ropa femenina.

Según la investigación, Martínez Martínez habría participado en la constitución, administración y representación legal de, al menos, siete empresas de papel importadoras, utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros.

De esta manera, se habría facilitado el ingreso al país de prendas de vestir, juguetes, productos cosméticos y otros artículos, con apariencia de legalidad.

Las actividades investigativas evidenciaron que varias de las sociedades identificadas registraban direcciones inexistentes, correspondientes a lotes desocupados o inmuebles residenciales sin relación con el objeto social reportado.

Adicionalmente, se estableció que las maniobras fraudulentas habrían favorecido el incremento patrimonial de los presuntos articuladores del entramado ilegal.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Martínez Martínez los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito a favor de terceros.