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Fiscalía

Fiscalía emitió directiva para el trato de la protesta social en Colombia

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Con el fin de entregar una base a fiscales e investigadores para diferenciar entre la protesta social legítima y los delitos que pueden generarse en la misma, la Fiscalía emitió una directiva.

“Tras varios meses de estudio y análisis interinstitucional respecto a la solicitud formal del Ministerio de Justicia y del Derecho, efectuada a fines de abril del presente año, la Fiscalía General de la Nación expidió la Directiva 0001 de 2024, mediante la cual emite criterios orientadores dirigidos a Fiscales e investigadores aplicables al análisis de eventos ligados a la protesta social”, precisó el ente acusador.

Así mismo indicó que “el documento recoge la normatividad vigente y la jurisprudencia de las Cortes Suprema de Justicia y Constitucional de Colombia, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las guías de Naciones Unidas sobre la materia”.

Se trata de una herramienta para las y los funcionarios de la entidad en la que se precisa el alcance de los derechos y deberes de quienes convocan y participan en la protesta social pacífica, los escenarios y acciones permitidas, las competencias de los funcionarios y la manera de abordar los hechos delictivos cometidos durante las movilizaciones.

“Se reitera el marco legal y procesal aplicable a las investigaciones por actos que desbordan el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. Se insta al personal de la Fiscalía a adoptar decisiones libres de prejuicios y de discriminación, brindando especial protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que cubren los ejercicios de protesta social”, detalló la Fiscalía.

Así mismo precisa cuáles son conductas delictivas dentro de la protesta. “De igual manera, se ahonda en las conductas delictivas de relevancia en escenarios de protesta tales como la obstrucción de vías, perturbación en servicio de transporte público, colectivos u oficial; violencia contra servidores públicos, daño en bien ajeno y asonada. Así mismo, se precisan las formas de participación en este tipo de conductas punibles y las diferencias entre coautoría y concierto para delinquir”, puntualizó la Fiscalía.

Fiscalía

Encarcelan a dos docentes por cometer presuntos abusos sexuales contra siete estudiantes menores de edad

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Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que los profesores habrían aprovechado la confianza depositada por las niñas y adolescentes a su cargo para someterlas a distintas conductas en contra de su voluntad.

En una fundación de música de Ginebra (Valle del Cauca), dos docentes que tenían a su cargo la iniciación y formación artística de niños, niñas y adolescentes del municipio se habrían aprovechado de su posición de garantes para presuntamente agredir sexualmente de sus estudiantes menores de edad entre 2010 y 2022.

Se trata de Samuel Ibarra Conde y Rodrigo José Solano Gómez, quienes son señalados de solicitarles fotografías íntimas a varias de sus alumnas, ejercer actos sexuales en contra de su voluntad y someterlas a distintos vejámenes dentro y fuera de la sede de la institución.

Valoraciones neuropsicológicas, estudios victimológicos y otras labores investigativas dan cuenta de que Ibarra Conde estaría involucrado en agresiones a cinco víctimas en diferentes hechos delictivos, relacionados con menores de edad entre los 12 y 18 años; mientras que a Solano Gómez se le atribuyen agresiones sexuales a dos estudiantes.

De acuerdo con su posible responsabilidad individual en los hechos conocidos, una fiscal de la Seccional Valle del Cauca los imputó por delitos como acto sexual violento, acceso carnal violento, acoso sexual y acto sexuales abusivos con menor de 14 años, todas las conductas agravadas.

Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

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Fiscalía

Imputan nuevos cargos contra cabecilla de grupo armado ilegal por crímenes contra firmantes de paz

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*Por cadena de mando habría ordenado el homicidio de dos firmantes de paz en Caquetá por supuestamente estar en contra de los intereses de la organización ilegal.

Una investigación adelantada contra los autodenominados ‘Comandos de Frontera’ de las disidencias de las Farc, con presencia en Putumayo, Caquetá, Cauca, Nariño, Huila y zona fronteriza con Ecuador, permitió imputar nuevos cargos a Héctor Orlando Bastidas Bravo, alias Bonito o Boni, señalado máximo cabecilla de esa estructura armada, por homicidios contra firmantes de paz.

Las evidencias obtenidas por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que esta persona tendría a su cargo cerca de 100 integrantes del grupo armado ilegal, a quienes presuntamente impartía órdenes para perpetrar acciones de constreñimiento, amenazas, desplazamientos forzados y homicidios selectivos, con el fin de apoderarse de la pasta base de coca y controlar las rutas del narcotráfico en esa región del país.

En ese sentido, alias Bonito habría dispuesto el asesinato de dos firmantes de paz, en medio de señalamientos de que actuaban en contra de los intereses de la organización y como método de presión para consolidar su capacidad intimidatoria.

El primer hecho que se le atribuye corresponde al homicidio de Luis Alberto Laguna, ocurrido el 2 de octubre de 2020 en la vía que comunica a Morelia con Valparaíso (Caquetá).

Ese día, un grupo de hombres armados que se movilizaba en motocicleta interceptó a la víctima cuando se desplazaba en un vehículo y le disparó causándole la muerte poco después de su ingreso a un centro asistencial.

El segundo evento delictivo corresponde al crimen del firmante Jorge Riaño Ramos, el 15 de noviembre de 2020. Hombres de los ‘Comandos de Frontera’ llegaron hasta su vivienda, ubicada en la vereda Santander, zona rural de Florencia (Caquetá), y lo atacaron con fusiles mientras se encontraba en estado de indefensión.

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Capturan a ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua por el homicidio de un profesor en Bogotá

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*La Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

El trabajo comunitario que Kevin Santiago Ángel desarrollaba con jóvenes de la localidad de Kennedy para alejarlos de la criminalidad y del tráfico de estupefacientes habría sido el motivo por el que fue asesinado, entre el 20 y 21 de mayo en el suroccidente de Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación avanzó en la investigación e identificó a ocho presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’ que estarían relacionados con el crimen. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Gaula Militar del Ejército Nacional, materializaron siete capturas en Bogotá y en Pamplona (Norte de Santander). Una octava persona fue notificada de la orden judicial en la cárcel de La Dorada (Caldas).

Las evidencias obtenidas por la Unidad Especial de Investigación (UEI) indican que el ‘Tren de Aragua’ consideraba a la víctima como un actor que afectaba sus intereses ilícitos y generaba incomodidad por las actividades sociales que desarrollaba, mediante proyectos orientados a prevenir la criminalidad y las actividades de narcomenudeo.

Según la hipótesis investigativa, integrantes de la estructura habrían engañado al profesor para que acudiera hasta el lugar donde posteriormente fue asesinado. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido como ‘Osmer’, quien sería uno de los cabecillas del grupo delincuencial y articulador el cobro de extorsiones y otras conductas delictivas en el suroccidente de Bogotá.

También están dos presuntos coordinadores de zona y cinco personas que, al parecer, habrían participado en la logística y ejecución del crimen. Los ocho capturados serán presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

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