La Fiscalía General de la Nación judicializó a Joel José Llanes Vásquez, alias Joel Piraña; y a Eduardo Enrique Correa Barros, alias Rulay, señalados de participar en el crimen de una mujer, el pasado 9 de junio, en Puerto Colombia (Atlántico).

Un fiscal de la Seccional Atlántico les imputó los delitos de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; las dos conductas agravadas.

Los procesados no aceptaron los cargos. El día de los hechos, en el barrio Villa Campestre de Puerto Colombia, llegaron en un vehículo los hoy procesados, al conjunto residencial donde se encontraba la mujer al interior de su camioneta.

Los dos hombres descendieron del carro y, al parecer, le dispararon a la vícma, quien recibió más de seis impactos en el rostro y falleció. Los presuntos responsables huyeron del lugar. La Policía Nacional hizo efec vas las órdenes de captura contra estos hombres en Cali (Valle del Cauca). Un juez de control de garan as les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

*Es señalada de contratar directamente, a través de un convenio interadministrativo celebrado con Aldesarrollo, el análisis de la implementación del Sistema de Validación Nacional y del proceso de acceso a los estadios por valor superior a 4.950 millones de pesos.

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia formuló la acusación contra la entonces ministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, con ocasión de la contratación delsistema de validación de ingreso a los estadios de fútbol prevista en el Decreto 1622 de 2022.

La investigación da cuenta de que, siendo el Ministerio del Deporte el encargado de implementar la herramienta tecnológica que permitiría asociar el documento de identidad de los aficionados con las boletas de ingreso a los escenarios y verificar sus antecedentes, con el propósito de restringir el acceso a quienes tuvieran impedimentos para hacerlo, la entonces jefe de la cartera contrató directamente mediante la figura de convenio interadministrativo con Aldesarrollo, por más de 4.950 millones, con desconocimiento de las disposiciones que exigían garantizar pluralidad de oferentes.

Asimismo, las evidencias indicarían que la contratación condicionó la subcontratación de una particular específica con la que, al parecer, se acordó previamente la ejecución de la iniciativa.

De igual manera, fueron detectadas irregularidades desde la etapa precontractual como ausencia de estudios de mercado y de procedimientos para establecer el valor del negocio jurídico y los costos de las actividades contempladas.

Adicionalmente, se conoció que Urrutia Ocoró desatendió las advertencias formuladas por los equipos técnico y jurídico del Ministerio que alertaban de los vicios e ilegalidades de varios trámites durante la etapa precontractual.

Pese a ello, celebró el convenio el 30 de diciembre de 2022.

*Los detenidos son señalados de integrar una red transnacional que utilizaba veleros para transportar cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

A disposición de la Fiscalía General de la Nación quedarán los ciudadanos rusos, Oleg Khazov y Vitali Zhikarev, quienes fueron capturados con fines de extradición por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Armada Nacional y la agencia estadounidense DEA.

Los procedimientos se realizaron en el muelle de Cartagena (Bolívar) y en el sector de El Poblado, en Medellín (Antioquia), respectivamente. De acuerdo con el requerimiento de una Corte del Distrito Este de Luisiana (Estados Unidos), los dos extranjeros harían parte de una red trasnacional conformada por colombianos y europeos, con presencia en la Costa Atlántica y el Golfo de Urabá, dedicada al envío de toneladas de clorhidrato de cocaína a destinos internacionales.

En ese sentido, Khazov sería el encargado de coordinar la logística de los cargamentos de estupefacientes, mientras que Zhikarev tendría a su cargo la adquisición y adecuación de veleros, así como su tripulación, para ocultar y transportar la sustancia ilícita. La organización, al parecer, trasladaba la cocaína desde Bogotá y Medellín hacia distintos puntos de la Costa Atlántica y el Golfo de Urabá. Allí acondicionaba las embarcaciones para camuflar los alijos y garantizar su posterior salida a Estados Unidos y Europa.

Los dos ciudadanos rusos estarían relacionados con el envió de 77 kilogramos de clorhidrato de cocaína, los cuales fueron descubiertos por las autoridades estadounidenses el 25 de mayo de 2025, en Metairie, estado de Luisiana.

Las capturas serán comunicadas por los canales diplomáticos a la justicia de Estados Unidos, para iniciar la formalización del pedido de extradición por cargos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.