*La actuación judicial se fundamenta en elementos que relacionarían los hechos con un presunto debilitamiento del esquema de seguridad asignado a Pizarro, la posible filtración de información sobre sus desplazamientos, entre otros.

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Miguel Alfredo Maza Márquez, y lo vinculó como presunto coautor del asesinato del entonces candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, asesinado el 26 de abril de 1990.

La Fiscalía le atribuye, en calidad de presunto coautor, el delito de homicidio con fines terroristas, en concurso sucesivo y heterogéneo con concierto para delinquir, dentro de la investigación por el crimen del excomandante del M-19 y candidato presidencial.

De acuerdo con el ente investigador, la actuación judicial se fundamenta en elementos que relacionarían los hechos con un presunto debilitamiento del esquema de seguridad asignado a Pizarro, la posible filtración de información sobre sus desplazamientos y una eventual articulación entre funcionarios del extinto DAS y estructuras paramilitares comandadas por Carlos y Fidel Castaño.

Según la Fiscalía, estas circunstancias habrían facilitado la ejecución del atentado perpetrado el 26 de abril de 1990 y el posterior encubrimiento de quienes serían los responsables del asesinato en un avión que cubría la ruta Bogotá – Barranquilla. La decisión obedeció a que, se tuvieron en cuenta la avanzada edad de Maza Márquez y su estado de salud.

El terror se ha apoderado de la ciudadanía en el sur de Barranquilla y el municipio de Soledad por la circulación de panfletos en los que se amenazan a comerciantes que no pagan extorsión y abran sus negocios. La situación de zozobra es de tal magnitud que muchos comerciantes decidieron no abrir sus establecimientos el pasado fin de semana.

Sin embargo, mucho abrieron sus locales el domingo porque es la única forma de obtener el sustento de ellos y sus familias. Esta sería la causa por la cual fue asesinado un comerciante en el municipio de Soledad.

La víctima fue identificada como Abersio Medrano Ramos, de 53 años de edad, nacido en Turbo, Antioquia. Era el propietario de una distribuidora de pollos en la calle 37 con carrera 7 del barrio Villa Adela Segunda Etapa. En el mismo local vendía comidas rápidas los fines de semana.

Se conoció que Abersio, padre de tres hijos varones, había recibido amenazas extorsivas la semana anterior, el sábado no abrió las puertas de su negocio, pero sí lo hizo el domingo.

Este lunes, el comerciante fue asesinado en horas del mediodía cuando un hombre armado llegó a pie al establecimiento comercial de propiedad de Abersio y le disparó en varias oportunidades. “Posteriormente se dio a la huida en una motocicleta que lo esperaba muy cerca”, reseñó el informe policial.

La justicia colombiana ordenó la extinción de dominio sobre un inmueble ubicado en el barrio El Poblado, en Medellín, propiedad del exfutbolista René Higuita y un familiar, al determinar que el bien fue adquirido con recursos provenientes del narcotráfico y estuvo vinculado a una red de testaferrato ligada al Cartel de Medellín.

La medida fue adoptada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín tras un proceso judicial que evaluó pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación. La decisión afecta un predio que Higuita consideró durante años como el principal proyecto familiar de su vida.

El proceso judicial y la investigación sobre la vivienda

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la propiedad quedó bajo la lupa de las autoridades tras establecerse que fue adquirida inicialmente por Gustavo Cuartas Rendón, que habría actuado como testaferro de los hermanos William y Gerardo “Kiko” Moncada, integrantes del Cartel de Medellín, que coordinaron rutas de narcotráfico y administraron propiedades de Pablo Escobar.

La Fiscalía demostró que el inmueble, de aproximadamente 1.253 metros cuadrados, fue adquirido con fondos ilícitos y transferido sucesivamente hasta quedar registrado a nombre de René Higuita y un familiar.

La investigación concluyó que la vivienda de 1.253 metros cuadrados fue comprada con fondos ilícitos y transferida hasta quedar a nombre de René Higuita y un familiar.

La investigación concluyó que la vivienda de 1.253 metros cuadrados fue comprada con fondos ilícitos y transferida hasta quedar a nombre de René Higuita y un familiar – crédito X
Durante el juicio, la Fiscalía presentó testimonios, documentos y dictámenes periciales. Entre las pruebas, se destacó un estudio grafológico que determinó la falsedad de una firma en una escritura pública.

Este elemento permitió identificar las maniobras empleadas para encubrir la verdadera procedencia del bien. La investigación reconstruyó la cadena de transferencias, confirmando que la vivienda formó parte de un esquema de ocultamiento de bienes provenientes del narcotráfico.

El argumento de la defensa de Higuita

René Higuita, ídolo del fútbol colombiano, ha sostenido públicamente que adquirió la propiedad de buena fe y sin conocimiento de su historial ilícito. En declaraciones recogidas por El Colombiano y El Tiempo, Higuita explicó que la negociación se realizó a través de un amigo y que la vivienda fue habitada por su familia en los años noventa, cuando él formaba parte del Atlético Nacional.

Según Higuita, entregó dos apartamentos como parte de la transacción y nunca tuvo contacto directo con los hermanos Moncada ni con el supuesto testaferro Gustavo Cuartas Rendón.

La Fiscalía sostuvo que el inmueble fue adquirido inicialmente por Gustavo Cuartas Rendón como presunto testaferro de William y Gerardo “Kiko” Moncada, integrantes del Cartel de Medellín.

“El negocio me lo hace un compadre, con la señora representante de los dueños de la casa”, relató el exarquero, que señaló que los problemas judiciales comenzaron tras recibir una demanda relacionada con el predio.

El propio Higuita afirmó: “En algún momento también me tiraron una granada”, al referirse a las amenazas que lo llevaron a dejar la vivienda antes de concluir el proceso legal.