*Es señalado de ejercer los actos de violencia contra personas señaladas de colaborar o tener información sobre otros grupos armados ilegales.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Joan Sebastián Agudelo Florián, alias Pablo, presunto integrante de la subestructura Uldar Cardona Rueda del ‘Clan del Golfo’,
investigado por su posible participación en homicidios, desapariciones y casos de violencia sexual en el Bajo Cauca antioqueño.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que este hombre sería el encargado de retener y trasladar a personas señaladas de colaborar o conocer información sobre otros grupos armados ilegales para que fueran increpadas y sometidas a preguntas por parte de los cabecillas de la organización.

De igual manera, se conoció que estaría involucrado en la desaparición de un hombre el 3 de febrero de 2023.

La víctima fue sacada por la fuerza de su vivienda, en el barrio 20 de Julio de El Bagre, y llevada a una zona rural de Zaragoza, donde, al parecer, fue golpeada e interrogada durante varias horas. Desde entonces se desconoce el paradero.

También es señalado de participar en la retención y posterior crimen de un poblador del corregimiento La Palizada de El Bagre, el 7 de julio de 2013; y del abuso sexual de una mujer que permaneció encerrada durante tres días en una finca, en medio de tratos crueles y degradantes por no responder a los insistentes cuestionamientos en su contra, en hechos ocurridos el 21 de abril de 2023 en Zaragoza.

Por lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a Agudelo Florián los delitos de homicidio,secuestro simple, concierto para delinquir, desaparición forzada, acceso carnal violento y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, todas las conductas agravadas.

El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

*Las intervenciones dejaron en más de 40 víctimas deformidades físicas y limitaciones funcionales permanentes.

Luego de aceptar los cargos formulados en imputación por la Fiscalía General de la Nación, las integrantes de una red dedicada a realizar procedimientos estéticos de manera irregular, sin cumplir las medidas de higiene y salubridad en Medellín (Antioquia), fueron condenadas por las afectaciones ocasionadas a varias mujeres.

Se trata de las señaladas articuladoras, Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón; y de Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo.

Entre abril de 2023 y mayo de 2024, estas personas se articularon para contactar ciudadanas de diferentes edades, la mayoría por redes sociales, y convencerlas de acudir a sus consultorios para realizarse una intervención conocida como lipólisis láser con transferencia glútea. 55 mujeres que creyeron en este ofrecimiento acudieron a casas de familia acondicionadas con salas de cirugía improvisadas, que no cumplían las condiciones requeridas para realizar tratamientos quirúrgicos invasivos. Más de 40 pacientes adquirieron una bacteria no tuberculosa que les causó deformidades físicas y limitaciones funcionales permanentes.

De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Seccional Medellín, Mosquera Aguirre era la encargada de realizar las cirugías, presentándose como médica sin contar con título profesional, conocimientos ni certificaciones en el área de la salud. Por su parte, Rojas

Tobón asumía los asuntos comerciales, captaba a las clientes y recibía los pagos.
Entretanto, Bedoya Acevedo, Arango Garrillo y Chaverra Jaramillo intervenían en los procedimientos estéticos, realizando labores relacionadas con la administración de medicamentos, la aplicación de anestesia local, la atención posoperatoria y los masajes posquirúrgicos.

Las cinco involucradas reconocieron los hechos documentados por la Fiscalía. En ese sentido, fueron condenadas, según su responsabilidad individual, por los delitos de concierto para delinquir, lesiones personales y estafa agravada en modalidad de masa; y deberán cumplir penas entre 83 y 88 meses de prisión.

Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 20 años de prisión a un hombre que agredió y sometió a vejámenes de connotación sexual a su compañera sentimental, quien para la época de los hechos era menor de edad.

Los hechos comenzaron en diciembre de 2019, cuando el condenado, en medio de un episodio de celos, agredió física y sexualmente a la víctima en un inmueble de Yopal (Casanare).

Posteriormente, en agosto de 2021, en medio de una discusión el hombre agredió a la joven de 16 años, con un cable. Luego la amenazó con atentar contra la vida de su hija si contaba o denunciaba las agresiones sexuales y físicas de las que era víctima de manera reiterada.

Por estos hechos, el hombre, de 25 años, fue declarado responsable de los delitos de acceso carnal violento y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas.

El juzgado le negó los mecanismos sustitutivos de la ejecución de la pena, razón por la cual deberá cumplir la condena en establecimiento penitenciario. Asimismo, lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal.

Esta sentencia es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley.