*El uniformado agredió al deportista sin justificación alguna y posteriormente le disparó con el arma de dotación.

El Tribunal Superior de Cartagena (Bolívar) en fallo de segunda instancia señaló que la Fiscalía General de la Nación cumplió con la carga probatoria y presentó argumentos para acreditar la responsabilidad del patrullero Octavio Darío Porras Vides en la muerte de un joven futbolista y en las maniobras posteriores realizadas para intentar justificar su actuación.

En ese sentido, dejó en firme la condena de 33 años y cuatro meses de prisión en contra del uniformado por los delitos de homicidio agravado y falsedad ideológica en documento público.

Durante la investigación orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos se conoció que, el 24 de agosto de 2020, el policía llegó a un lavadero de carros ubicado en el barrio San Francisco, en Cartagena, y golpeó al adolescente porque no brindó información exacta sobre los horarios de atención del establecimiento de comercio.

La víctima escapó del lugar para poner fin a la agresión, pero fue perseguida y alcanzada por Porras Vides, quien le propinó un disparo en el abdomen con el arma de dotación. El menor de edad fue trasladado a un centro asistencial y allí murió.

Posteriormente, el uniformado participó en la alteración de los reportes oficiales para indicar que el deportista hacía parte de una pandilla y había atacado a varios policías con un arma artesanal, la cual fue obtenida y entregada en cadena de custodia. Sin embargo, las verificaciones y los análisis de balística evidenciaron que esa versión era falsa porque el joven no portó ni usó un arma de fuego, y el artefacto hechizo aportado no era apto para disparar.

En el fallo emitido por el Tribunal fueron absueltos los patrulleros Iván Darío Olivo de Ávila y Juan Esteban Gómez Ricard, quienes habían sido sentenciados en primera instancia por los delitos de favorecimiento agravado y falsedad ideológica en documento público. Contra esta determinación la Fiscalía interpuso el recurso de casación.

*Son señalados de orientar contratos en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para asegurar votos que permitieran el paso de proyectos gubernamentales en el Congreso.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González; y del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves, como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

Los exfuncionarios son señalados de convocar reuniones, impartir directrices y hacer seguimiento para direccionar proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invias) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en beneficio de congresistas, con el fin de asegurar su respaldo a iniciativas gubernamentales en el Senado de la República y la Cámara de Representantes.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de tres momentos. Entre junio y septiembre de 2023, habrían intervenido indebidamente en 78 contratos (73 en Invias y 5 en UNGRD), que ascendieron en cuantía a 612.000 millones de pesos, siete de los cuales se concretaron.

Posteriormente, entre septiembre y diciembre de 2023, presuntamente intercedieron en tres procesos contractuales en la UNGRD que tenían como objeto la mitigación y atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y el corregimiento El Salado en Carmen de Bolívar (Bolívar) por valor de 86.619 millones pesos. Estos negocios no alcanzaron a ser celebrados, pero los congresistas a beneficiar deliberaron y aprobaron 17 notas crédito de endeudamiento a favor del Gobierno nacional.

Finalmente, se les atribuye mediar de manera ilegal, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, para que un contrato de la UNGRD que se ejecutaría en Sahagún (Córdoba), y comprometía 35.000 millones de pesos, fuera entregado a personas a fines de un congresista de la Comisión Primera del Senado, situación que no se materializó.

*Las acusaciones apuntan a hechos que habrían ocurrido mientras Zapateiro ejercía funciones al interior de las Fuerzas Militares

La Fiscalía General de la Nación solicitó ante la Corte Suprema de Justicia la imputación de cargos contra el excomandante del Ejército, Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, por el presunto delito de acoso sexual. La diligencia se llevaría a cabo en los próximos días, una vez el Tribunal Superior de Bogotá defina la fecha correspondiente.

La decisión del ente acusador se basa en denuncias conocidas desde marzo de 2025, relacionadas con presuntos comportamientos indebidos del general en retiro durante su paso por la comandancia del Ejército Nacional. Estas acusaciones apuntan a hechos que habrían ocurrido mientras ejercía funciones al interior de las Fuerzas Militares.

El caso tomó relevancia tras una decisión judicial que ordenó el reintegro del coronel José Luis Esparza, quien había sido retirado de la institución por orden del entonces comandante.

En esa sentencia se conocieron conversaciones de WhatsApp que, según el expediente, evidenciarían presuntos actos de acoso sexual por parte de Zapateiro.

De acuerdo con el testimonio de Liliana del Pilar Zambrano Ruiz, pareja del coronel Esparza y excontratista del Ejército, entre agosto de 2021 y mayo de 2022 el oficial le habría enviado mensajes reiterados a su número personal sin justificación laboral, solicitándole incluso fotografías. Según su relato, Esparza le advirtió sobre comportamientos previos del general y le recomendó denunciar los hechos.

Zambrano también aseguró que, tras la salida del coronel, recibió una videollamada de Zapateiro, en la que este habría reaccionado de forma contundente al ser cuestionado por el caso. Posteriormente, en junio de 2023, el general volvió a contactarla, pero ella le pidió que no lo hiciera más, expresando su inconformidad por las circunstancias del retiro de Esparza.

Frente a las acusaciones, Zapateiro ha negado los señalamientos y ha atribuido la situación a posibles motivaciones políticas de cara a las elecciones de 2026.

En declaraciones públicas, afirmó que no es candidato a ningún cargo, pero manifestó preocupación por el país y sugirió que su nombre podría generar incomodidad en ciertos sectores.