*Son señalados de orientar contratos en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para asegurar votos que permitieran el paso de proyectos gubernamentales en el Congreso.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González; y del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves, como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

Los exfuncionarios son señalados de convocar reuniones, impartir directrices y hacer seguimiento para direccionar proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invias) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en beneficio de congresistas, con el fin de asegurar su respaldo a iniciativas gubernamentales en el Senado de la República y la Cámara de Representantes.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de tres momentos. Entre junio y septiembre de 2023, habrían intervenido indebidamente en 78 contratos (73 en Invias y 5 en UNGRD), que ascendieron en cuantía a 612.000 millones de pesos, siete de los cuales se concretaron.

Posteriormente, entre septiembre y diciembre de 2023, presuntamente intercedieron en tres procesos contractuales en la UNGRD que tenían como objeto la mitigación y atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y el corregimiento El Salado en Carmen de Bolívar (Bolívar) por valor de 86.619 millones pesos. Estos negocios no alcanzaron a ser celebrados, pero los congresistas a beneficiar deliberaron y aprobaron 17 notas crédito de endeudamiento a favor del Gobierno nacional.

Finalmente, se les atribuye mediar de manera ilegal, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, para que un contrato de la UNGRD que se ejecutaría en Sahagún (Córdoba), y comprometía 35.000 millones de pesos, fuera entregado a personas a fines de un congresista de la Comisión Primera del Senado, situación que no se materializó.

*Las acusaciones apuntan a hechos que habrían ocurrido mientras Zapateiro ejercía funciones al interior de las Fuerzas Militares

La Fiscalía General de la Nación solicitó ante la Corte Suprema de Justicia la imputación de cargos contra el excomandante del Ejército, Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, por el presunto delito de acoso sexual. La diligencia se llevaría a cabo en los próximos días, una vez el Tribunal Superior de Bogotá defina la fecha correspondiente.

La decisión del ente acusador se basa en denuncias conocidas desde marzo de 2025, relacionadas con presuntos comportamientos indebidos del general en retiro durante su paso por la comandancia del Ejército Nacional. Estas acusaciones apuntan a hechos que habrían ocurrido mientras ejercía funciones al interior de las Fuerzas Militares.

El caso tomó relevancia tras una decisión judicial que ordenó el reintegro del coronel José Luis Esparza, quien había sido retirado de la institución por orden del entonces comandante.

En esa sentencia se conocieron conversaciones de WhatsApp que, según el expediente, evidenciarían presuntos actos de acoso sexual por parte de Zapateiro.

De acuerdo con el testimonio de Liliana del Pilar Zambrano Ruiz, pareja del coronel Esparza y excontratista del Ejército, entre agosto de 2021 y mayo de 2022 el oficial le habría enviado mensajes reiterados a su número personal sin justificación laboral, solicitándole incluso fotografías. Según su relato, Esparza le advirtió sobre comportamientos previos del general y le recomendó denunciar los hechos.

Zambrano también aseguró que, tras la salida del coronel, recibió una videollamada de Zapateiro, en la que este habría reaccionado de forma contundente al ser cuestionado por el caso. Posteriormente, en junio de 2023, el general volvió a contactarla, pero ella le pidió que no lo hiciera más, expresando su inconformidad por las circunstancias del retiro de Esparza.

Frente a las acusaciones, Zapateiro ha negado los señalamientos y ha atribuido la situación a posibles motivaciones políticas de cara a las elecciones de 2026.

En declaraciones públicas, afirmó que no es candidato a ningún cargo, pero manifestó preocupación por el país y sugirió que su nombre podría generar incomodidad en ciertos sectores.

*Salvar vidas y llegar a tiempo, a partir del uso de la tecnología para una difusión inmediata, la coordinación interinstitucional efectiva y la corresponsabilidad ciudadana.

La Fiscalía General de la Nación, junto con 16 entidades del Estado, puso en funcionamiento ‘Alerta Rosa’, un mecanismo de búsqueda inmediata orientado a la localización y protección de niñas, niños, mujeres, adolescentes y jóvenes reportados como desaparecidos.

Esta estrategia responde a la necesidad de actuar con rapidez en casos donde el tiempo es un factor determinante. A partir de ahora, una vez se reporte la desaparición de una persona perteneciente a estos grupos priorizados, se activará una alerta temprana a través de canales oficiales. Esto permitirá movilizar de manera articulada a autoridades locales, organismos de socorro, juntas de acción comunal, organizaciones sociales y religiosas, medios de comunicación y ciudadanía en general, fortaleciendo así las labores de búsqueda en todo el territorio, incluidas zonas de frontera y terminales aéreas, terrestres y marítimas.

Además de la localización, este mecanismo contempla la adopción de medidas de protección para brindar condiciones de seguridad al ciudadano ubicado, especialmente respecto a riesgos asociados a violencias basadas en género.

La Fiscalía General de la Nación participa en el Comité de Coordinación Nacional de la Alerta Rosa junto con representantes de entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Policía Nacional, Migración Colombia y diversos ministerios.

“Desde la Fiscalía General de la Nación ejercemos el liderazgo de la Alerta Rosa con una convicción profunda: la búsqueda de personas desaparecidas no es solo una obligación legal, es una prioridad institucional. Como cabeza del Comité de Coordinación Nacional, nuestra responsabilidad es garantizar que este mecanismo funcione de forma articulada, rigurosa y eficaz, y que ninguna alerta se diluya entre competencias fragmentadas o respuestas tardías.

La Fiscalía no coordina desde el escritorio; coordina desde la acción, desde el territorio y desde la urgencia que cada caso exige”, enfatizó, en el lanzamiento de la estrategia Nacional, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón