*Los funcionarios de otras regiones prestaran apoyo remoto para garantizar los servicios judiciales a la ciudadanía. 

La Fiscalía General de la Nación dispuso de un esquema especial de atención en Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda, con el fin de garantizar la prestación de los diferentes servicios de la entidad en las zonas más afectadas tras el sismo del pasado 10 de agosto.

Desde la Delegada para la Seguridad Territorial se habilitaron URI y CAF centralizados en cada una de estas regiones, que operarán como puntos de articulación para la recepción y trámite de capturas en flagrancia y por orden judicial, la atención de actos urgentes, la recepción y direccionamiento de noticias criminales que requieran intervención inmediata, la gestión de solicitudes de audiencias preliminares ante los despachos judiciales competentes, la recepción de denuncias y la continuidad de la atención ciudadana.

Hasta el 11 de septiembre, como medida excepcional para garantizar el servicio a la ciudadanía, estos serán los puntos centralizados en cada una de las regiones, con atención las 24 horas del día, los siete días de la semana:

• Chocó: Edificio de la Fiscalía, sede central, ubicado en la calle 21 No. 3-11, Quibdó. dirsec.choco@fiscalia.gov.co

• Cali: Búnker de la Fiscalía, ubicado en la carrera 10 con calle 12, Cali. dirsec.cali@fiscalia.gov.co

• Valle del Cauca: Sede principal de la Fiscalía, ubicada en la carrera 9 Bis No. 17-71, Buga. dirsec.vallecauca@fiscalia.gov.co

• Quindío: Sede Sesenta Casas, ubicada en la carrera 23, entre calles 3 y 4, barrio Sesenta Casas, Armenia. fis18locarmenia@fiscalia.gov.co fis13locarmenia@fiscalia.gov.co

• Caldas: Sede People Contact, antiguo terminal de transportes, ubicada en la calle 19, avenida Bernardo Arango No. 16-04, barrio Las Américas, Manizales. dirsec.caldas@fiscalia.gov.co

• Risaralda: Instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana, ubicadas en la avenida Las Américas No. 46-02, Pereira. fraibel.zuluaga@fiscalia.gov.co

De igual forma, se dispuso apoyo temporal y remoto por parte de algunas Direcciones Seccionales, las cuales dispondrán de fiscales, personal, recursos tecnológicos y mecanismos de coordinación para la atención de las actuaciones que así lo requieran, como actos urgentes y audiencias de control de garantías.

Es importante señalar que este apoyo es operativo y temporal; sin embargo, la competencia legal, funcional y territorial continúa a cargo de la seccional afectada. En el caso de la Seccional Chocó, será apoyada por Arauca; las seccionales Cali y Valle del Cauca, por Santander y Norte de Santander; la Seccional Quindío, por Meta y Guaviare; la Seccional Caldas, por Bolívar, Caquetá y San Andrés; y la Seccional Risaralda, por Atlántico y Cesar.

*Elian Llanos Mendoza, alias Risas, integraba la comisión armada encargada de fortalecer la presencia del frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc en el sur del departamento.

Luego de avalar el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Elian Llanos Mendoza, alias Risas, La Liebre o Mundo Malo; un juez de conocimiento lo condenó a la pena de 20 años y 4 meses de prisión por aceptar su responsabilidad en la participación de 5 homicidios selectivos, ocurridos entre agosto de 2023 y octubre de 2024, en San Antonio y Chaparral (Tolima).

‘Risas’ aceptó ser responsable de los delitos de concierto para delinquir, homicidio; ambas conductas agravadas; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido; de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

La investigación, adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Ibagué, con apoyo de la Sijin de Tolima y la Sexta Brigada del Ejército Nacional, determinó que a comienzos de agosto de 2023 se creó una comisión del frente Ismael Ruíz de las disidencias de las Farc en San Antonio, integrada por alias Gerónimo, cabecilla principal; alias Zarco, segundo al mando; y ‘Risas’, tercer cabecilla; entre otros integrantes.

Los asesinatos respondieron a las órdenes impartidas por los cabecillas del grupo armado ilegal, con el objetivo de ejercer control territorial y eliminar a supuestos integrantes de otras estructuras criminales que extorsionaban a la comunidad a nombre del frente Ismael Ruíz.

Este hombre cumplía funciones relacionadas con la ejecución de homicidios, el transporte de armamento y actividades de inteligencia ilegal contra la fuerza pública y la población civil.

El juzgado, además, lo condenó al pago de una multa de 1350 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).

*Harold Daniel Barragán Ovalle participó en la planeación del atentado mediante cuatro videollamadas.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que Harold Daniel Barragán Ovalle, uno de los implicados en la planeación del magnicidio del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025, fuera sentenciado por su participación en el crimen.

En ese sentido, un juez penal especializado de Bogotá dio lectura a la sentencia de 21 años y 4 meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Las pruebas obtenidas por la Fiscalía indican que Barragán Ovalle participó, a través de cuatro videollamadas, en la coordinación de las acciones previas y posteriores al ataque, entre ellas, el reconocimiento del lugar donde se ejecutó el atentado.

Asimismo, se le atribuye haber seleccionado al adolescente que disparó contra la víctima y ayudado a Elder José Arteaga, alias Chipi, a permanecer oculto y evadir la acción de las autoridades.

La investigación estableció que este hombre hacía parte de un grupo delincuencial dedicado a los homicidios selectivos y al tráfico de estupefacientes, entre otras actividades ilícitas.

En su decisión el juez no concedió ningún subrogado penal y ni prisión domiciliaria, además le impuso una multa de 16.350 salarios mínimos mensuales legales vigentes para 2025.

La sentencia quedó en firme.