*El evento clandestino se realizó en una finca y contó con participantes de Colombia, República Dominicana, Ecuador y Venezuela. En el lugar fueron encontrados dos caninos muertos y seis más con graves afectaciones físicas.

Luego de aceptar los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación, 13 personas que promovieron y participaron en una convención internacional clandestina de pelea de perros en La Calera (Cundinamarca) fueron condenadas por los delitos de muerte al animal y lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal, conductas agravadas por su ejecución con fines de explotación económica.

De acuerdo con la investigación realizada por el Grupo Especial contra el Maltrato Animal (GELMA), el 14 de marzo de 2026, en una finca ubicada en la vereda Aurora Alta, fue adecuado un kiosco con sillas, alimentos y bebidas para espectadores, así como una estructura tipo ring para desarrollar las confrontaciones

En diligencia de registro y allanamiento realizada en el inmueble se hallaron dos caninos muertos, con lesiones traumáticas visibles y signos de violencia. Asimismo, fueron recuperados 12 perros, 6 de ellos presentaban afectaciones físicas y comportamentales compatibles con maltrato prolongado y exposición reiterada a este tipo de eventos.

Por estos hechos fueron capturados en situación de flagrancia los hoy sentenciados.

Se trata de nueve ciudadanos ecuatorianos, venezolanos y dominicanos, quienes financiaron el encuentro y viajaron a Colombia para participar; y cuatro colombianos, entre ellos el organizador de la convención internacional, Julián Esteban León Ramírez, y un veterinario,

Carlos Alberto Cifuentes Hernández.
Estas personas fueron condenadas a 31 meses y 15 días de prisión, al pago de multa equivalente a 28.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes y el cumplimiento de una inhabilidad para el ejercicio de actividades relacionadas con la tenencia y cuidado de animales por el mismo periodo de la pena.

*Para garantizar el desarrollo de los comicios, la entidad dispuso cerca de 8.000 servidores entre fiscales, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación.

La Fiscalía General de la Nación entregó un balance preliminar de la jornada electoral y confirmó la captura de tres personas por conductas relacionadas directamente con el proceso democrático, además de 31 detenidos que registraban órdenes judiciales vigentes por otros delitos.

Para garantizar el desarrollo de los comicios, la entidad dispuso cerca de 8.000 servidores entre fiscales, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y personal de apoyo, distribuidos en las 35 seccionales del país.

El despliegue busca atender de manera inmediata cualquier situación que pueda afectar la transparencia del proceso electoral o la seguridad ciudadana.

Según informó la Fiscalía, las tres capturas por delitos electorales corresponden a un ciudadano que intentó suplantar a un testigo electoral en Villavicencio, Meta; un votante que pretendía sufragar utilizando la identidad de otra persona en Inírida, Guainía; y un hombre que destruyó una urna de votación en Valledupar, Cesar.

De manera paralela, las autoridades realizaron 31 capturas de personas requeridas por la justicia por delitos como secuestro, homicidio, delitos sexuales, violencia contra servidor público, extorsión y fuga de presos.

Los procedimientos se llevaron a cabo en Bogotá y en los departamentos de Caquetá, Atlántico, Antioquia, Cauca y Nariño.

La Fiscalía también informó sobre la incautación de 114 millones de pesos en Cantagallo, Bolívar, dinero que era transportado por tres personas en una camioneta. El caso quedó en manos de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, que verificará el origen de los recursos y su posible destinación.

Asimismo, los grupos de policía judicial adelantan verificaciones sobre denuncias relacionadas con presuntas intimidaciones contra jurados de votación por parte de integrantes de una estructura armada ilegal en Ricaurte, Nariño, situación que fue puesta en conocimiento de la Fuerza Pública y de la Registraduría Nacional para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

Finalmente, la entidad destacó que los mecanismos de identificación implementados durante los comicios permitieron ubicar a 16 personas que figuraban como desaparecidas y que acudieron a ejercer su derecho al voto.

Los casos fueron detectados en Quindío, Caldas, Antioquia, Bogotá, Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Boyacá, Huila y Magdalena, permitiendo actualizar los registros correspondientes.

*Producto de la labor investigativa realizada el señalado agresor fue condenado por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Humillaciones, menosprecio, manipulación y persecución fueron algunas de las conductas que la Fiscalía General de la Nación identificó para poner en evidencia un ciclo de violencia psicológica sistemática, que durante varios meses ejerció un hombre sobre su pareja en Siachoque (Boyacá).

Las pruebas dan cuenta de que tan pronto terminó la relación sentimental se incrementó el asedio a la víctima. Su excompañero vigilaba todos sus movimientos, la celaba y esperaba en inmediaciones del trabajo y de su lugar de residencia para increparla y amenazarla de muerte.

Valoraciones psicológicas ordenadas en el curso de la investigación evidenciaron que la mujer sufría de cuadros permanentes de intranquilidad y de nerviosismo.

Además, temía estar sola en diferentes lugares, creía que iba a ser atacada en cualquier momento y manifestaba sentir angustia por la vida de su hijo, familia y nueva pareja.

Ante estos hallazgos un fiscal local de la Seccional Boyacá acusó al hombre por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Al término del juicio oral el juez de conocimiento emitió una decisión absolutoria, la cual fue apelada dado que el acervo probatorio indicaba las afectaciones psicológicas.

El Tribunal Superior de Tunja (Boyacá) atendió el recurso interpuesto por la Fiscalía, revocó el fallo de primera instancia y condenó al agresor a seis años y ocho meses de prisión, pena que deberá cumplir privado de la libertad en establecimiento carcelario.