*Los capturados tendrían nexos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, según las autoridades.

La Policía Nacional, a través de la Interpol, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la DEA de los Estados Unidos, capturaron a 6 presuntos integrantes de una red señalada de estar dedicada al tráfico internacional de clorhidrato de cocaína, en Santa Marta. Política

Según las autoridades, la organización mantendría vínculos estratégicos con el Grupo Armado Organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que proveía apoyo logístico y de seguridad para el movimiento de los cargamentos de cocaína.

La modalidad delictiva, según las autoridades, consistía en la contaminación de aeronaves privadas que operaban desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Santa Marta.

“La investigación, iniciada en 2024, fue posible gracias a la cooperación internacional y el uso de técnicas especiales de investigación. A través de la infiltración de un agente encubierto y el uso de fuentes humanas, los investigadores pudieron documentar la jerarquía criminal y la participación de integrantes clave, incluyendo a alias ‘Barbas’, señalado como cabecilla encargado de la producción y logística, y alias ‘Conde’, quien utilizaba su posición como supervisor de seguridad aeroportuaria para facilitar el ingreso clandestino de cocaína a las aeronaves”, informaron las autoridades en un comunicado.

El proceso investigativo también permitió vincular a la organización con la Operación Ohio, en la cual se incautaron 40 kilogramos de cocaína en Santa Marta y se capturaron a tres ciudadanos en flagrancia.

Además, lograron en medio de las investigaciones la identificación de rutas que incluían no solo los Estados Unidos, sino también conexiones con puertos en Europa y el uso de cruceros turísticos para el tránsito de estupefacientes. Política

Los 6 capturados fueron puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, a la espera de que se surtan los trámites de su extradición hacia territorio estadounidense.

*Por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó este jueves el llamado a juicio del exsenador Arturo Char Chaljub, quien es investigado por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante.

“La defensa del excongresista interpuso recurso de reposición de la decisión adoptada por la Sala en diciembre del año pasado y hoy se discutió y aprobó la ponencia que rechaza sus argumentos y deja en firme la acusación que pasará a la Sala Especial de Primera Instancia”, explicó la Corte en su cuenta de X.

Char Chaljub es procesado, según la Corte, por la existencia de una presunta organización dedicada a la compra de votos en el departamento de Atlántico y que estaría vinculada a irregularidades en las elecciones al Congreso de marzo de 2018.

Estos hechos de corrupción electoral se desplegaron desde la sede política Casa Blanca, en Barranquilla, donde también fue involucrada la excongresista Aida Merlano, quien fue condenada a 15 años de prisión.

En la sentencia contra Merlano, la Corte compulsó copias para investigar a 17 personas, entre ellas a Arturo Char.

Hay que recordar que Arturo Char fue capturado por las autoridades el 7 de septiembre de 2023 y posteriormente cobijado con medida de aseguramiento.

Sin embargo, el 8 de enero de 2024, el juez sexto penal municipal de Santa Marta con funciones de control de garantías, Carlos Humberto Coy Domínguez, ordenó la libertad inmediata del exsenador.

La decisión del togado se dio por vencimiento de términos.

*Tras revisar una tutela impuesta por una mujer que padece osteoporosis y su mascota tiene una displasia de cadera.

La Corte Constitucional revisó una tutela de una mujer en contra del conjunto residencial donde vive porque la administración le prohibió utilizar el ascensor con ‘Júpiter’, uno de sus cuatro perros. La mujer alegó que ella padece osteoporosis y su mascota tiene una displasia de cadera, motivo por el cual, ambos deben hacer uso del ascensor.

La Sala Octava de Revisión, integrada por el magistrado Miguel Polo Rosero, y las magistradas Natalia Ángel Cabo y Paola Andrea Meneses Mosquera, quien la preside, protegió los derechos al libre desarrollo de personalidad, y a la intimidad personal y familiar de la mujer.

Aunque evidenció que el conjunto otorgó un permiso a la accionante para que transitara con sus mascotas, concluyó que tanto la prohibición inicial como la exigencia de una autorización previa vulneraron sus derechos y desconocieron el mandato de protección animal.

«La Corte, inicialmente, recordó que en la actualidad los animales de compañía o mascotas ocupan un papel relevante en la vida de muchas personas. Este fenómeno ha llevado a que se construyan relaciones entre los animales domésticos y los seres humanos. Para la Sala, ese vínculo tiene una dimensión constitucional, que se relaciona con el ejercicio de derechos como el libre desarrollo de la personalidad, y la intimidad personal y familiar», precisó la Corte Constitucional.

De otro lado, la Corte advirtió que el Código Nacional de Seguridad y Convivencia establece que no puede prohibirse el tránsito y la permanencia de animales domésticos o mascotas en las zonas comunes de las propiedades horizontales o conjuntos residenciales.

La Sala concluyó que en el régimen de propiedad horizontal las medidas que regulan la tenencia de animales de compañía deben orientarse a garantizar la convivencia pacífica entre los residentes.

De este modo, los órganos de administración están facultados para establecer reglas sobre el tránsito y permanencia de animales en zonas comunes, pero no pueden imponer prohibiciones generales o restricciones desproporcionadas, ni supeditar su ejercicio a autorizaciones discrecionales.

Entre esas reglas está limpiar las necesidades de la mascota si lo hace en el área común y usar bozal los perros que lo requieran.

«La Sala estableció que no resulta admisible desde el punto de vista constitucional adoptar medidas que, en la práctica, dificulten o hagan inviable la tenencia de animales de compañía. Además, encontró que la exigencia de una autorización previa no superaba un juicio estricto de proporcionalidad, debido al impacto de la medida sobre los derechos de la accionante y al mandato de protección animal como criterio relevante de escrutinio», destacó la Corte.

La Corte le ordenó al conjunto residencial permitir el uso del ascensor a la mujer junto con sus animales de compañía sin exigir autorización previa, así como inaplicar el artículo del Manual de Convivencia y cualquier otra disposición que prohíba o restrinja dicho uso.