*Hace 18 años fue presentado por el Ejército como “guerrillero abatido en combate”, en Cesar.

Víctor Manuel Mendoza Ospino tenía 17 años cuando un hombre les ofreció a él y a su amigo Darwin David Aragón Granados realizar un supuesto trabajo de albañilería.

La oferta laboral, sin embargo, fue un engaño. El 30 de abril de 2008, Víctor Manuel fue asesinado en la vereda La Honda, sector El Cairo, en el municipio de Pueblo Bello, Cesar, junto con Darwin David. Sus muertes fueron presentadas como resultado de un falso enfrentamiento armado con tropas adscritas al Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, una versión que durante años manchó los nombres de ambos jóvenes y los de sus familias.

Desde mayo de 2008, los familiares de Víctor denunciaron su desaparición ante la Fiscalía General de la Nación. En agosto de ese año, una de sus hermanas reconoció su cuerpo a partir de fotografías y prendas de vestir, y la familia recibió el cuerpo de Víctor en medio de una investigación basada en la versión falsa de que su muerte estaba asociada a actividades con grupos armados. Su cuerpo fue alojado en una bóveda del Parque Cementerio Inversiones y Planes de la Paz Norte, en Barranquilla.

No obstante, en 2025, representantes judiciales de la familia enviaron una solicitud a la JEP para que ordenara a dicho cementerio que se abstuviera de exhumar el cuerpo de Víctor como consecuencia de una deuda de la familia en los pagos de la permanencia del cuerpo en la bóveda.

El despacho del magistrado José Miller Hormiga Sánchez, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, entró a mediar en esta solicitud en vista de que lleva los procesos de cinco comparecientes no seleccionados como máximos responsables que estuvieron involucrados en el asesinato de Víctor Mendoza. Como parte del cumplimiento del régimen de condicionalidad, los comparecientes acordaron pagar la deuda económica de la familia Mendoza con el cementerio. Con el pago de esa deuda, se abrió la posibilidad de que el cuerpo de Víctor pudiera ser ubicado en un osario a perpetuidad.

Para lograr esta gestión, la Sala de Definición convocó reuniones entre la familia Mendoza, la Alcaldía Distrital de Barranquilla y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) con el fin de disponer las ayudas humanitarias y administrativas necesarias para que el cuerpo de Víctor fuera trasladado a un osario, en el marco de un acto que dignificara el buen nombre de la víctima y el de sus familiares. Esto, en atención a las condiciones en que esta familia recibió el cuerpo por parte de la justicia ordinaria “y la traumática situación que afronta al tener que exhumarlo para asegurar su destino final en condiciones dignas”, dicta la resolución que ordenó este acto de entrega.

Fue así como el pasado 22 de abril, en Barranquilla, en un acto simbólico lleno de sentidos recuerdos tras 18 años de este crimen, la familia Mendoza pudo garantizar un destino final para el cuerpo de Víctor Manuel Mendoza Ospino en un osario a perpetuidad, ubicado en el Parque Cementerio Inversiones y Planes de la Paz Norte.

Este acto de dignificación de Víctor Manuel fue posible luego de un proceso concertado con su familia que incluyó espacios previos de acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica, así como de coordinación y preparación interinstitucional, en el que se buscó garantizar condiciones acordes con los deseos de la familia y con su derecho a volver a despedir a Víctor de manera digna.

Víctor Manuel nunca fue una baja en combate

La Jurisdicción Especial para la Paz estableció que los asesinatos de Víctor Manuel Mendoza Ospino y Darwin David Aragón Granados, presentados ilegítimamente como bajas en combate, constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

El caso de Víctor Manuel no solo expone la gravedad de un asesinato cometido contra un adolescente, sino también el impacto de una narrativa oficial que lo señaló injustamente y que obligó a su familia a cargar con la pérdida y con la estigmatización. En el proceso relacionado con el Batallón ‘La Popa’, en el Caso 03, en marzo de 2025, la Sala de Reconocimiento llamó a reconocer responsabilidad a 28 comparecientes de la fuerza pública, al evidenciar que estos hechos hicieron parte de una práctica sistemática y no de un evento aislado, para presentar falsamente a civiles y a personas en estado de indefensión como resultados operacionales.

La JEP documentó que la entrega inicial del cuerpo de Víctor Manuel estuvo rodeada de sindicaciones y que, pese al avance de la justicia ordinaria, no se esclareció plenamente el hecho ni se reconoció la condición de civiles inocentes de quienes fueron asesinados.

La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra el nombramiento del exalcalde Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud.

La demanda fue interpuesta por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, junto con directivos de varias entidades de salud en Medellín, entre ellas el Hospital General y Metrosalud.

Argumentan que el hoy superintendente no cumple con los requisitos técnicos y de experiencia exigidos para ocupar el cargo. Señalan que sus títulos como ingeniero electrónico y su especialización en finanzas son ajenos al sector de la Superintendencia.

El tribunal estudiará el caso, pero no lo suspenderá del cargo. Porque la demanda también incluía una solicitud para apartarlo temporalmente de la Superintendencia. Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que no existen, por ahora, elementos que respalden una violación a la ley en el decreto con el que el gobierno oficializó su nombramiento.

El superintendente tuvo espacio para responder. Señaló que en su experiencia laboral como alcalde de Medellín —donde dice que manejó el marco conceptual y normativo del Sistema General de Seguridad Social en Salud— y viceministro TIC “podría existir” relación en funciones que tendría que ejercer en la Superintendencia.

En este punto, el tribunal señaló que la normativa actual no exige títulos relacionados en áreas de salud para el cargo.

Quintero asume su nuevo rol en medio de la crisis. Y llegó a la entidad después de quemarse en las consultas interpartidistas del 8 de marzo. Perdió en el Frente por la Vida, la interpartidista en la que ganó Roy Barreras, con 227 mil votos.

Su primera tarea fue destrabar las denuncias por sobreocupación y fallas en la atención del Hospital San Francisco de Asís, en Quibdó, pese a las críticas por su falta de experiencia en el cargo. Para salir del lío, creó una mesa de conciliación entre el hospital y la Nueva EPS, encargada de la intervención. Así resolvió el pulso.

*Para acogerse a sentencia anticipada.

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, se declaró este miércoles culpable de los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación dentro del escándalo de corrupción al interior de la entidad, en donde salieron millonarios recursos, según la Fiscalía, para entregar a congresistas con el fin de que aprobaran proyectos de ley del Gobierno Nacional.

La aceptación de cargos de Olmedo López busca acogerse a sentencia anticipada y, según él, esclarecer los hechos.

“Mi decisión de aceptar responsabilidad no nació hoy. No es una decisión oportunista, producto de la base procesal, y mucho menos constituye una maniobra para evitar mi responsabilidad frente a la justicia y frente al país”, dijo el exfuncionario del Gobierno Petro en la audiencia.

Tras su aceptación de cargos, el próximo martes deberá realizarse otra audiencia de legalización de allanamiento de cargos para que posteriormente un juez de conocimiento defina la condena a cumplir.

La audiencia de sentencia anticipada quedó fijada para el mes de junio.

El escándalo en la UNGRD también salpicó a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, quien ya fue condenado a la pena de 5 años y 8 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.

Así mismo, la Fiscalía le ha imputado cargos a los entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dos de los más altos funcionarios del Gobierno, por presuntamente dar órdenes al exdirector y subdirector de la UNGRD para que entregaran millonarios recursos a los congresistas.

Así mismo hay varios congresistas investigados entre ellos Iván Name y Andrés Calle, entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, señalados de recibir en conjunto 4 mil millones de pesos de las arcas de la UNGRD para aprobar proyectos de ley del Gobierno.

También hay que recordar que fue acusada Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, quien según la Fiscalía entregó ese dinero a los congresistas en efectivo.

La exfuncionaria actualmente se encuentra libre por vencimiento de términos tras no haber iniciado el juicio en los tiempos establecidos por la ley.