*El impacto varía según la ciudad, pero en algunos casos la anulación es total para ciertos periodos.

En un anuncio histórico para los conductores en Colombia, la Superintendencia de Transporte reveló los resultados de una investigación a 37 organismos de tránsito, determinando que aproximadamente 5.8 millones de fotomultas carecen de validez y deben ser revocadas de manera inmediata.

Esta medida surge tras detectar que miles de cámaras operaron sin cumplir con los requisitos técnicos exigidos por la ley, específicamente la falta del «concepto de desempeño de la tecnología».

La investigación se centró en el cumplimiento de la Resolución 718 de 2018, la cual establece los criterios técnicos para la instalación de ayudas tecnológicas.

Según Alfredo Piñeres, superintendente de Transporte, se identificaron tres fallas graves en los organismos de tránsito: algunos nunca obtuvieron el concepto de desempeño, otros lo tramitaron a nombre de privados (concesiones) y no de la autoridad de tránsito, y otros empezaron a multar mucho antes de recibir la autorización técnica.

“Encontramos que se habían impuesto 7 millones de comparendos aproximadamente, donde no se cumplió con un requisito, que es obtener el concepto de desempeño de la tecnología”, afirmó Piñeres.

Esta irregularidad técnica obliga ahora a los organismos de tránsito a pagar multas a la Superintendencia equivalentes al doble de lo recaudado y a eliminar los comparendos no pagados de todas las plataformas, incluyendo el SIMIT.

Cali, Barranquilla y Cundinamarca: Los casos más críticos

El impacto varía según la ciudad, pero en algunos casos la anulación es total para ciertos periodos:

Cali: Es el caso más drástico, ya que el organismo de tránsito nunca obtuvo el concepto de desempeño.

«Todos los comparendos que le hayan puesto a un ciudadano en Cali, entre diciembre del 2018 y noviembre del 2024, no son válidos y deben ser revocados», indicó el funcionario.

Gobernación de Cundinamarca: Las multas impuestas entre diciembre de 2018 y 2024 también se caen, debido a que el permiso se tramitó erróneamente a nombre de un tercero y no de la autoridad oficial

Barranquilla: Se revocarán los comparendos impuestos entre diciembre de 2018 y noviembre de 2020, periodo en el que la ciudad operó sin el certificado técnico que finalmente obtuvo después.

Medellín y Bogotá: También presentan irregularidades por operar antes de obtener los permisos. En Medellín, se detectaron 717,000 comparendos bajo la lupa generados por 40 cámaras en periodos de incumplimiento

¿Qué deben hacer los ciudadanos afectados?

El proceso a seguir depende de si la multa ya fue cancelada o no:

Si no ha pagado la multa: El ciudadano no debe realizar ningún trámite. La Superintendencia emitirá la orden y “el organismo de tránsito tiene que bajar el comparendo de todas sus plataformas” de manera automática

Si ya pagó la multa: En este caso, el usuario debe iniciar un proceso jurídico.

“Puede iniciar un proceso de denuncia o demanda hacia el organismo de tránsito por algo que llaman los abogados el ‘pago de lo no debido’ para que le devuelvan su plata”, señaló el superintendente. Para esto, se recomienda el uso de derechos de petición, tutelas o denuncias

A pesar del masivo proceso de anulación, el Gobierno Nacional aclaró que no está en contra de la tecnología para el control de tránsito.

«Las fotomultas no son ilegales. Las cámaras no son ilegales”, indicó el superintendente, quien afirmó que el objetivo es asegurar que la detección electrónica cumpla estrictamente con la ley para garantizar la transparencia ante el ciudadano

Se espera que la tabla completa con los intervalos de fechas exactos para cada municipio sea publicada oficialmente para que los conductores puedan verificar su situación particular.

Esta medida favorecerá a cerca de 1.4 millones de infractores, quienes dejarán de pagar una cifra cercana a los 3.2 billones de pesos en multas mal ejecutadas.

*Cinco personas han sido capturadas por su presunta participación en la muerte de Yulixa Consuelo Toloza, cuyo cuerpo fue hallado al costado de una carretera en Apulo, Cundinamarca.

María Fernanda Delgado Hernández, Edinson José Torres Sarmiento, Eduardo David Ramos Carias, Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado fueron las personas capturadas por su presunta participación en la muerte de Yulixa Consuelo Toloza, una mujer de 52 años cuyo cuerpo fue hallado en la tarde de este martes al costado de una carretera en Apulo, Cundinamarca.

La víctima se había realizado el pasado 13 de mayo una lipólisis láser en el centro estético Beauty Láser. En ese lugar fue atendida por estas personas y posteriormente trasladada en un vehículo hasta la vereda El Copial, ubicada en jurisdicción del municipio de Apulo.

Este caso ha generado profunda conmoción en el país, no solo por la muerte de Toloza, sino también por los múltiples casos de personas que han sido víctimas de intervenciones quirúrgicas en garajes y lugares de dudosa procedencia y condiciones sanitarias.

Yulixa Toloza, quien según los videos grabados después del tratamiento estaba pálida, con dificultades para respirar, la mirada perdida y en delicado estado de salud, fue una víctima más de personas que aseguraban ser expertas en salud y que se hacían pasar por cirujanos o especialistas en procedimientos estéticos.

Así lo mostraban en Beauty Láser, donde María Fernanda Delgado (propietaria) se presentaba en redes sociales como una “experta” en liposucciones y otros procedimientos quirúrgicos realizados junto con un supuesto cirujano en el tercer piso de ese garaje ubicado en la localidad de Tunjuelito, en Bogotá.

Y es que en el perfil de Facebook se observaban fotografías de cuerpos de mujeres con el “antes y después”, mientras prometían resultados inmediatos y “de forma segura”.

“Nos enorgullece compartir esta increíble transformación de una de nuestras pacientes en solo seis meses. Con determinación y nuestros tratamientos especializados, ¡puedes lograr resultados sorprendentes!”, se lee en una de las publicaciones.

“Nuestros servicios incluyen: lipólisis láser, tratamientos reductores, masajes posoperatorios y asesoramiento personalizado. No esperes más para comenzar tu transformación. ¡Agenda tu cita hoy mismo y descubre lo mejor de ti!”, agregaban en otra publicación.

La cuenta de Facebook tenía cerca de 90 publicaciones en las que ofrecían promociones, especialmente en temporadas como Navidad. En una publicación de 2024, por ejemplo, promocionaron una lipólisis láser “sin dolor” por 3.800.000 pesos e incluían la valoración gratuita.

*El atentado fue perpetrado por presuntos integrantes del bloque Jaime Martínez, una disidencia de las FARC.

Un subteniente del Ejército colombiano fue asesinado y seis soldados resultaron heridos este martes en un ataque con explosivos lanzados desde drones por presuntos integrantes del bloque Jaime Martínez, una disidencia de las FARC, en una zona rural del departamento del Cauca, informó la institución castrense.

El ataque fue perpetrado contra tropas del Batallón de Despliegue Rápido No. 14, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido No. 5, mientras hacían operaciones militares en la vereda Cañutico, del municipio de Suárez, en el norte del Cauca, detalló el Ejército en un comunicado.

Como consecuencia de la acción armada fue asesinado el subteniente Ronald Darío Bedoya Rivero y seis soldados profesionales resultaron heridos, quienes recibieron atención inicial por parte de enfermeros militares y posteriormente fueron evacuados a un centro médico de la región.

Tras el ataque, las tropas recibieron apoyo aéreo y continúan desarrollando operaciones militares para «neutralizar esta amenaza y contrarrestar el accionar criminal» de la estructura Jaime Martínez, grupo armado que opera en varias zonas del suroeste colombiano, según el Ejército.

En los últimos años, los grupos armados ilegales en Colombia han incrementado el uso de drones adaptados para lanzar explosivos contra la fuerza pública, una práctica que ha transformado la dinámica del conflicto armado, especialmente en departamentos como Cauca, Nariño, Norte de Santander y Antioquia.

Las autoridades han advertido que estas aeronaves no tripuladas permiten a las organizaciones armadas atacar a distancia, dificultar la detección de los responsables y aumentar el riesgo para militares, policías y población civil en zonas rurales.

El departamento del Cauca es uno de los principales escenarios del conflicto armado colombiano y allí operan disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales que se disputan corredores estratégicos para el narcotráfico y otras economías ilícitas.