*Ocurrió cuando el expresidente fue ministro de las Fuerzas Armadas.

El expresidente cubano Raúl Castro podría afrontar una condena de pena de muerte o cadena perpetua por la imputación por asesinato que afronta en Estados Unidos, donde el fiscal general interino, Todd Blanche, confió este miércoles en que comparezca «por su propia voluntad o de otra forma».

«Esta es una imputación, hubo una orden emitida para su arresto, así que esperamos que él aparezca aquí por su propia voluntad o por cualquier otra forma y vaya a prisión», declaró Blanche en Miami tras revelarse los cargos contra Castro por la muerte de cuatro aviadores en 1996, cuando él era ministro de las Fuerzas Armadas.

El fiscal evadió responder si Washington planea una operación en Cuba como la que ocurrió en Venezuela el 3 de enero pasado para capturar al entonces gobernante Nicolás Maduro, quien también afronta cargos criminales en Estados Unidos y ahora está preso en Nueva York.

«No voy a comparar casos, en primer lugar. En segundo, como dije hace unos minutos, imputamos a hombres que no están físicamente en Estados Unidos todo el tiempo. Este no es un nuevo proyecto o aventura para nosotros. Y la forma en la que traemos a personas acusadas de un crimen varía», indicó Blanche.

El Departamento de Justicia (DOJ) reveló este miércoles que, en la corte federal del Distrito del Sur de Florida, Castro afronta cargos desde abril por conspiración para matar estadounidenses, destrucción de aeronave y asesinato por presuntamente ordenar el derribo de dos avionetas el 24 de febrero de 1996.

El primer delito le valdría un máximo de cadena perpetua, el segundo cinco años en prisión y por cada uno de los cuatro asesinatos afrontaría «un máximo cargo de muerte o cárcel de por vida», explicó la senadora de Florida, Ashley Moody, al leer los cargos.

La Fiscalía acusa a Castro de ordenar el derribo de las avionetas en las que iban Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, ciudadanos de EE.UU., y Pablo Morales, residente legal, todos de origen cubano, como parte de su trabajo con Hermanos al Rescate, que auxiliaba a balseros que intentaban escapar de la isla.

La acusación formal también incluye a otros militares cubanos presuntamente involucrados: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Pérez-Pérez.

El Gobierno cubano alegó que las aeronaves se encontraban en su espacio aéreo y que los aviadores eran «terroristas», pero la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dictaminó que el incidente ocurrió en aguas internacionales.

La acusación contra Castro, de 94 años y hermano menor de Fidel Castro, trasciende en medio de la creciente presión de la Administración del presidente Donald Trump contra el gobierno castrista, en particular tras la captura de Maduro.

*Entre ellos la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, y el de Energía y Minas, Vicente de la O Levy.

Estados Unidos aumentó este lunes la presión sobre Cuba con una nueva batería de sanciones que afectan a varios funcionarios de la isla, como la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, y el de Energía y Minas, Vicente de la O Levy.

Las nuevas sanciones del Departamento del Tesoro se dieron a conocer poco antes de que el próximo viernes, según la prensa estadounidense, el Departamento de Justicia presente una acusación formal contra el líder cubano Raúl Castro.

Además de los dos ministros, fueron incluidos a la lista de sancionados del Tesoro el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Juan Esteban Lazo Hernández; el director de la Policía Nacional, Óscar Alejandro Callejas Valcarce, y Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).

También fueron designadas la Dirección Nacional de Inteligencia, que se suma a otras entidades del Estado cubano sancionadas como el Ministerio del Interior o la Policía Nacional Revolucionaria.

La sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense (OFAC) implican el bloqueo de todos los activos y bienes bajo jurisdicción estadounidense de las personas o entidades designadas, prohibiendo cualquier transacción comercial o financiera con ellas.

Esta nueva ronda de sanciones llega en un momento de máxima tensión entre Washington y La Habana, marcado por el bloqueo energético que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y por las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de «tomar el control» de la isla.

Además, el Departamento de Justicia de EE.UU. tiene previsto presentar el próximo miércoles, ante un tribunal de Florida, una acusación formal contra Raúl Castro por el derribo en 1996 de avionetas de una organización del exilio cubano, cuando el hermano menor de Fidel Castro se desempeñaba como ministro de Defensa.

En medio de estas crecientes tensiones, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó la semana pasada a La Habana para mantener reuniones con altos funcionarios del Gobierno cubano.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó que su país tiene «el derecho absoluto y legítimo a defenderse» después de informaciones de prensa que apuntan a que La Habana adquirió 300 drones militares de Rusia e Irán.

*Las autoridades estadounidenses también señalaron que la presunta corrupción se expandió después de las sanciones económicas impuestas a Venezuela desde 2019.

La DEA reveló nuevos detalles sobre el caso de Alex Saab y el presunto esquema internacional de lavado de dinero que, según las autoridades estadounidenses, habría involucrado contratos de alimentos y negocios relacionados con petróleo venezolano.

El empresario colombiano y exministro venezolano compareció ante una corte federal de Miami, donde enfrenta cargos por conspiración para lavar dinero tras ser deportado desde Venezuela hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la acusación presentada en el Distrito Sur de Florida, Saab, de 55 años y señalado por Estados Unidos como presunto testaferro de Nicolás Maduro, habría participado en una red de corrupción ligada al programa Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), creado para suministrar alimentos a poblaciones vulnerables en Venezuela.

Las autoridades aseguran que el empresario y sus presuntos cómplices obtuvieron contratos millonarios mediante sobornos a funcionarios venezolanos.

La investigación sostiene que Saab y otras personas habrían utilizado empresas fantasma, facturas fraudulentas, registros de envío falsificados y documentación adulterada para ocultar el verdadero origen de los alimentos importados desde Colombia y México.

Según la DEA y el Departamento de Justicia, el esquema permitió desviar cientos de millones de dólares destinados a programas sociales, mientras parte del dinero era transferido a través de bancos estadounidenses para ocultar su origen.

El administrador de la DEA, Terrance Cole, aseguró que las autoridades estadounidenses investigaron durante años las redes financieras vinculadas a Saab y al régimen venezolano.