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Judicial

JEP imputa a 12 exmilitares y policías por crímenes de guerra y lesa humanidad en la Comuna 13 de Medellín

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*Entre los señalados están los generales retirados Mario Montoya y José Leonardo Gallego.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a ocho antiguos integrantes del Ejército y cuatro de la Policía por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la Comuna 13 de Medellín entre 2001 y 2004.

Entre los imputados se encuentran los generales retirados Mario Montoya, quien fue comandante del Ejército durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), y José Leonardo Gallego, quien además está señalado de haber participado en otros crímenes como el secuestro de la periodista Jineth Bedoya.

«Las familias han esperado demasiado para saber qué ocurrió, quiénes fueron los responsables y dónde están las personas que continúan desaparecidas», expresó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, durante una rueda de prensa celebrada en la Escombrera, el mayor vertedero de escombros de Medellín y lugar donde se han buscado restos de víctimas de desaparición forzada.

Según la investigación, los hechos comprenden 591 crímenes que dejaron 891 víctimas, entre ellas 87 personas desaparecidas. La JEP documentó homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas, violencia sexual, persecuciones y detenciones arbitrarias.

La Operación Orión, considerada la mayor intervención militar urbana realizada hasta entonces en Colombia, comenzó el 16 de octubre de 2002 con el objetivo de expulsar a los milicianos de las guerrillas de las FARC y del ELN que operaban en el sector.

«La operación fue la mayor intervención militar y policial desarrollada hasta entonces en entorno urbano en Colombia», explicó el magistrado Óscar Parra, quien agregó que durante el operativo, pese a su objetivo declarado, «se produjeron capturas masivas, allanamientos, desapariciones forzadas, homicidios, torturas y desplazamientos».

Más de dos décadas después, las heridas de la Operación Orión siguen presentes en la Comuna 13, cuyos habitantes han reconstruido parte de su historia a través de expresiones culturales.

Los muros del barrio se han llenado de grafitis y murales que recuerdan a las víctimas y mantienen viva la memoria de la violencia, pero también reflejan los esfuerzos de la comunidad por mirar hacia el futuro.

Ahora, los exfuncionarios imputados tienen 30 días hábiles para reconocer por escrito su responsabilidad o rechazarla. Si aceptan los hechos y aportan verdad plena, el caso pasará al Tribunal de Paz para la imposición de sanciones propias, que incluyen restricciones efectivas de libertad.

Si no lo hacen, el proceso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación y podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel.

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Magnicidio Miguel Uribe: Corte abrió indagación previa contra Sandra Ramírez y ‘Marcos Calarcá’

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*La decisión se produjo tras una compulsa de copias de la Fiscalía. La JEP también le había pedido a la Corte Suprema establecer si existen elementos que relacionen a la exsenadora de Comunes con el asesinato.

La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra la exsenadora del partido Comunes Sandra Ramírez y Luis Alberto Albán, conocido como ‘Marcos Calarcá’, en el marco de las investigaciones por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La decisión fue adoptada por la magistrada Patricia del Socorro Hernández Zambrano, luego de recibir una compulsa de copias de la Fiscalía General de la Nación relacionada con este caso, según confirmó la Corte.

La apertura de esta indagación se conoce después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le solicitara al alto tribunal información oficial para establecer si Sandra Ramírez aparece relacionada con la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

A través de un auto del 3 de noviembre, la magistrada Lily Rueda, de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, le pidió a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema precisar si la exsenadora está comprendida en la actuación que llegó a ese tribunal por la compulsa de copias de la Fiscalía.

La Jurisdicción también solicitó conocer si existen investigaciones, actuaciones judiciales o elementos de información que relacionen a Ramírez con el crimen. En caso de que existan, pidió conocer el estado de las diligencias y recibir las piezas procesales correspondientes, respetando la reserva legal, en el marco del seguimiento de condicionalidad de la excongresista.

En medio de este escenario, Sandra Ramírez deberá asistir este jueves, 12 de noviembre, a una nueva audiencia de versión libre ante la JEP, a partir de las 2:00 de la tarde y de manera virtual.

La diligencia corresponde a la continuación de su comparecencia dentro del Caso 07, relacionado con el reclutamiento y la utilización de menores de edad durante el conflicto armado. La primera sesión se realizó el pasado 4 de noviembre y en ella se abordaron señalamientos sobre las responsabilidades que habría tenido durante su permanencia en las antiguas Farc.

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Muere mujer al recibir una fuerte descarga eléctrica en su casa, en Candelaria, Atlántico

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Una mujer, de 52 años de edad, murió al recibir una fuerte descarga eléctrica cuando se encontraba en su vivienda, en el barrio Nueva Candelaria II, en el municipio de Candelaria, en el sur del Atlántico. La víctima fue identificada por las autoridades como Never Regina Silvera Rodríguez.

“De acuerdo con la información preliminar, la mujer fue encontrada por su esposo en una de las habitaciones de la vivienda, con aparentes lesiones ocasionadas por una descarga eléctrica. Al lugar acudió personal médico del Hospital de Candelaria, cuyos profesionales confirmaron que la ciudadana no presentaba signos vitales”, aseguró la Policía de Atlántico.

Al parecer, la mujer habría recibido la descarga cuando intentaba encender un ventilador.

“La Policía Nacional expresa sus condolencias a los familiares y allegados de la fallecida e invita a la ciudadanía a revisar periódicamente las instalaciones eléctricas de sus viviendas, evitar manipular conexiones en mal estado y adoptar medidas de prevención para evitar este tipo de situaciones”, puntualizó la Policía.

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Corte Suprema de Justicia deja en firme condena contra Santiago Uribe por caso de los 12 apóstoles

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*Con esta determinación, las autoridades judiciales explicaron que ya no existen más instancias legales ni recursos ordinarios a los que pueda recurrir la defensa del procesado para intentar revocar la decisión.

La Corte Suprema de justicia deja en firme la condena de Santiago Uribe, hermano del expresidente de Álvaro Uribe Vélez, por el caso de los 12 apóstoles. Tendría que cumplir 28 años de prisión. La decisión proferida por la Sala Civil y Agraria resolvió no dar paso a la tutela interpuesta por la defensa, dejando plenamente en firme el fallo que lo responsabiliza por la conformación de estructuras paramilitares y por la comisión de homicidios en el departamento de Antioquia a finales de la década de 1990.

A través de la revisión de una tutela, la sala examinó la solicitud del equipo defensor de Santiago Uribe Vélez, el cual buscaba impugnar y tumbar la sentencia que había sido dictada previamente por la Sala Penal del tribunal. Sin embargo, la resolución ratificó el fallo en su totalidad. Con esta determinación, las autoridades judiciales explicaron que ya no existen más instancias legales ni recursos ordinarios a los que pueda recurrir la defensa del procesado para intentar revocar la decisión.

De esta forma, la condena de 28 años de cárcel adquiere carácter final y ejecutorio por orden de los magistrados de la Corte.

Los hechos por los cuales fue juzgado y hallado culpable el empresario se desarrollaron principalmente en el norte del departamento de Antioquia. Las investigaciones judiciales determinaron que Santiago Uribe Vélez participó activamente en el liderazgo y articulación de la estructura armada al margen de la ley conocida como ‘Los 12 Apóstoles’.

Dicha agrupación paramilitar ejecutó múltiples homicidios y acciones violentas bajo la modalidad de «limpieza social» en diversos municipios de la región. Por estas conductas, la justicia lo halló penalmente responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

 

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