*Salvar vidas y llegar a tiempo, a partir del uso de la tecnología para una difusión inmediata, la coordinación interinstitucional efectiva y la corresponsabilidad ciudadana.

La Fiscalía General de la Nación, junto con 16 entidades del Estado, puso en funcionamiento ‘Alerta Rosa’, un mecanismo de búsqueda inmediata orientado a la localización y protección de niñas, niños, mujeres, adolescentes y jóvenes reportados como desaparecidos.

Esta estrategia responde a la necesidad de actuar con rapidez en casos donde el tiempo es un factor determinante. A partir de ahora, una vez se reporte la desaparición de una persona perteneciente a estos grupos priorizados, se activará una alerta temprana a través de canales oficiales. Esto permitirá movilizar de manera articulada a autoridades locales, organismos de socorro, juntas de acción comunal, organizaciones sociales y religiosas, medios de comunicación y ciudadanía en general, fortaleciendo así las labores de búsqueda en todo el territorio, incluidas zonas de frontera y terminales aéreas, terrestres y marítimas.

Además de la localización, este mecanismo contempla la adopción de medidas de protección para brindar condiciones de seguridad al ciudadano ubicado, especialmente respecto a riesgos asociados a violencias basadas en género.

La Fiscalía General de la Nación participa en el Comité de Coordinación Nacional de la Alerta Rosa junto con representantes de entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Policía Nacional, Migración Colombia y diversos ministerios.

“Desde la Fiscalía General de la Nación ejercemos el liderazgo de la Alerta Rosa con una convicción profunda: la búsqueda de personas desaparecidas no es solo una obligación legal, es una prioridad institucional. Como cabeza del Comité de Coordinación Nacional, nuestra responsabilidad es garantizar que este mecanismo funcione de forma articulada, rigurosa y eficaz, y que ninguna alerta se diluya entre competencias fragmentadas o respuestas tardías.

La Fiscalía no coordina desde el escritorio; coordina desde la acción, desde el territorio y desde la urgencia que cada caso exige”, enfatizó, en el lanzamiento de la estrategia Nacional, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Gerson Enrique Salcedo Arias, alias Moto Negra, por su presunta responsabilidad en agredir sexualmente a siete mujeres, en Barranquilla (Atlántico) que requirieron sus servicios como mototaxista.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, los hechos ocurrieron en el segundo semestre de 2021, cuando el procesado habría ofrecido sus servicios de transporte a mujeres con destino a Malambo, Atlántico.

La investigación estableció que en el trayecto el hombre se habría desviado del recorrido, y trasladado a las víctimas a zonas boscosas donde las intimidó con armas cortopunzantes, las despojó de sus pertenencias y las abusó sexualmente.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Atlántico lo imputó por los delitos acceso
carnal violento y hurto calificado, las dos conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados.

Un juez de control de garantías le impuso una nueva medida de aseguramiento en
establecimiento carcelario en el entendido que actualmente se encuentra privado de la libertad por otros hechos en los que estaría involucrado.

*El ente investigador dio a conocer que en las investigaciones que se han adelantado sobre la empresa se evidencian varios posibles delitos como enriquecimiento ilícito y lavado de activos, así como contrabando. Acá los detalles.

La Fiscalía General entregó nuevos detalles de las operaciones e investigaciones que se adelantan en contra de la empresa de ropa interior, deportiva y de cosméticos Lili Pink, señalada de, presuntamente, contrabandear mercancía y lavar dinero a través de empresas fachadas.

Según el ente investigador, se “habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación”.

Según la Fiscalía, la presunta manera de operar de Lili Pink consistía en maniobras “orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”.

Lo que encontró el ente investigador es que, al parecer, hubo “lavado de activos en cuantía de COP 730.000 millones, enriquecimiento ilícito por más de COP 430.000 millones, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), avaluadas en más de COP 54.000 millones, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones dé pesos”.

En medio de las investigaciones, un juez de control de garantías de Bogotá emitió varias órdenes de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento en contra de presuntos integrantes de la red.

Esas capturas, dice la Fiscalía, están en proceso de materialización y judicialización. Asimismo, fueron incautados varios bienes que habrían sido utilizados para cometer los presuntos delitos.

Según el ente investigador, fueron afectados “405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, los cuales serán objeto de avalúo”.

Esas diligencias se adelantaron entre la Fiscalía y el Ejército en “59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tiene presencia”.

De acuerdo con Juan Felipe Cárdenas Restrepo, director Especializado de Extinción del Derecho de Dominio, “las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social mientras avanza el trámite de extinción del derecho dominio ante los jueces de la especialidad”.

El pasado lunes 27 de abril, cuando se adelantaron las primera operaciones, Lili Pink, a través de un comunicado, reconoció la investigación en curso y señaló que ya trabaja “de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes, asegurando el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal”. Además hizo un llamado a la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para “proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos”.