“El salario ya fue recibido en enero y los trabajadores planearon su año con base en ese ingreso. Los derechos adquiridos no se pueden desmejorar”, afirmó el candidato presidencial Mauricio Lizcano.

Mauricio Lizcano, candidato a la presidencia de la República.

Lizcano aseguró que la tutela busca garantizar la protección de los derechos laborales y dar estabilidad jurídica, al tiempo que propuso una política de alivio tributario para los empresarios que les permita cumplir sin afectar el empleo.

Desde el mismo día en que el Consejo de Estado dio a conocer la decisión de suspender provisionalmente el aumento del salario vital, el candidato presidencial Mauricio Lizcano reaccionó diciendo que iba a interponer una tutela contra ese fallo.

«Se equivoca el Consejo de Estado al suspender provisionalmente el aumento del salario mínimo. Los derechos de los trabajadores adquiridos son intocables, y ese aumento ya se pagó en el primer mes. Luego, no se puede, a través de una medida provisional, atacar los derechos adquiridos de los trabajadores», expresó en esa oportunidad.

De igual manera resaltó que «así lo ha dicho muchas veces la Corte Constitucional. Por eso voy a presentar una tutela contra la medida provisional del Consejo de Estado. Claro, hay que ayudarle a los empresarios, pero bajándole los impuestos, no quitándoles los derechos adquiridos a los trabajadores. Se equivoca el Consejo de Estado».

El presidente Gustavo Petro se pronunció luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el incremento del 23,7% decretado para 2026.

En la alocución de este domingo 15 de febrero, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el nuevo decreto transitorio que deberá expedir el Gobierno para fijar el salario mínimo de 2026.

El mandatario explicó que, aunque el Consejo de Estado otorgó un plazo de ocho días, será necesario emplear más tiempo para sustentar por qué el principio de prevalencia constitucional —que, según dijo, no fue mencionado en el auto— debe ser incorporado en el nuevo acto administrativo.

Señaló que dicha disposición obedece a mandatos de la Constitución y de la Corte Constitucional, por lo que será tenida en cuenta en el decreto transitorio mientras se adopta una decisión de fondo. En ese sentido, afirmó que el concepto de salario vital se mantendrá vigente hasta la expedición del nuevo decreto, el cual —precisó— lo ratificará con base en estudios técnicos actualizados.

La alocución se da en víspera de la reunión convocada entre el Ministerio del Trabajo y la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, en la que se tratará de llegar a un acuerdo. La reunión será este lunes 16 de febrero a las 10 a.m.

Cabe recordar que el Consejo de Estado ordenó al Gobierno, en un plazo máximo de ocho días, expedir un nuevo decreto del salario mínimo, de carácter transitorio, sustentado en criterios expresos y con una motivación económica reforzada.

*Este domingo, a las 7 de la noche, hablará sobre este tema en alocución presidencial.

El Presidente Gustavo Petro convocó para el próximo jueves movilizaciones en las plazas públicas del país en defensa del llamado «salario mínimo vital», sobre lo cual hablará este domingo al país en una alocución luego de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto que aumentó esa retribución.

«Hoy a las 7 pm hablo por la televisión sobre el salario vital. El jueves a las 4 pm nos vemos en todas las plazas públicas de Colombia», escribió el mandatario en su cuenta de X.

El pasado viernes el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del 30 de diciembre que fijó en un 23,7 % el aumento del salario mínimo para 2026 y ordenó expedir una norma transitoria mientras se toma una decisión de fondo.

Petro señaló que «espera resultados» de una reunión de concertación convocada para el lunes para revisar el nuevo decreto y sostuvo que el Gobierno tiene «razones técnicas, económicas y constitucionales de sobra» para sustentar el incremento.

El salario mínimo para 2026 fue fijado en dos millones de pesos (unos 546 dólares), incluido el auxilio de transporte, una medida que, según el Gobierno, beneficia a 2,3 millones de trabajadores, pero que ha sido cuestionada por gremios empresariales por su posible impacto en la inflación y el empleo formal.

El jefe de Estado aseguró que los cálculos sobre salario relativo en Colombia y el rezago entre salario y productividad laboral respaldan la decisión adoptada por el Ejecutivo a finales del año pasado.