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Fiscalía

Fiscalía imputó al gobernador de Caquetá por presunta corrupción en la gerencia del hospital departamental

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*Luis Francisco Ruiz Aguilar habría falsificado documentos y modificado el estatuto interno del centro asistencial para realizar nombramientos de personal y obtener viáticos sin autorización del entonces gobernador.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá con función de control de garantías al gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, y le imputó los delitos de prevaricato por acción, falsedad material en documento público agravada, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron entre 2020 y 2022, cuando se desempeñó como gerente del Hospital Departamental María Inmaculada, con sede en Florencia (Caquetá). Al parecer, modificó sin autorización el reglamento interno del centro asistencial para disponer de nuevos cargos y respaldó ese cambio con un acta falsa de la junta directiva.

Esto le habría permitido realizar 57 nombramientos en provisionalidad y en encargo entre el 31 de agosto y el 25 de octubre de 2022.

Los elementos materiales probatorios indican que presuntamente también hizo modificaciones al artículo 35 del estatuto interno del hospital para eliminar el aval que debía dar el gobernador para el reconocimiento de comisiones de servicios, y así autorizar el pago de viáticos de manera directa, con el presupuesto de la institución de salud.

Amparado en esta actuación cobró 56’357.379 pesos por concepto de viajes y comisiones. El mandatario departamental no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

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Fiscalía imputó secuestro simple agravado en concurso con tortura a Luis Mariano, hijo de Diomedes

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*Solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía imputó a Luis Mariano Díaz González, hijo de Diomedes Díaz; y a Luis Mariano Díaz, Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Alexis Rafael Jiménez Urina y Stiven Rafael Bolaño De La Hoz, por los presuntos delitos de secuestro simple agravado en concurso con tortura.

Esta medida fue tomada por el Fiscal Delegado Ante Jueces del Circuito, Rodrigo Restrepo, luego de que las investigaciones revelaran que los procesados, presuntamente, secuestraron, torturaron y amenazaron a Carlos Alfredo Mejía Vargas, quien se desempeñaba como cobrador de la empresa «Soluciones Mano a Mano».

“Las conductas fueron realizadas con dolo de primer grado, razón por la cual ejecutaron voluntariamente y de manera coordinada los datos necesarios para privar de la libertad a la víctima, mantenerla bajo cautiverio, infligir graves sufrimientos físico y psicológicos y de hacer presión sobre ella y su familia”, dijo el ente acusador.

El Fiscal precisó que Luis Mariano Díaz, Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Alexis Rafael Jiménez Urina y Stiven Rafael Bolaño De La Hoz, para el momento de los hechos “poseían plena capacidad para comprender la ilicitud de sus comportamientos y autodeterminarse conforme a esa comprensión, sin que exista circunstancia alguna que excluya o disminuya su responsabilidad penal”.

Añadió que “la conciencia de la ilicitud se evidencia en el acuerdo criminal previo, la distribución funcional de las tareas, el desplazamiento coordinado hasta la residencia de la víctima, el empleo de armas de fuego para reducir su capacidad de resistencia, el traslado clandestino al lugar de cautiverio. La ejecución sistemática de tortura, las amenazas dirigidas contra la víctima y su núcleo familiar y las exigencias económicas formuladas durante la privación de la libertad”.

La audiencia de imputación de cargos fue suspendida y reprogramada para este viernes 3 de julio a la 1 de la tarde.

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Fiscalía

Fiscalía negó solicitud de aplazamiento de audiencia de indagatoria de Álvaro Uribe

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*La Procuraduría pidió el aplazamiento alegando que no se habían practicado pruebas esenciales que había decretado la Fiscalía.

La Fiscalía negó la solicitud de la Procuraduría de aplazar la audiencia de indagatoria contra Álvaro Uribe Vélez, según confirmó el propio expresidente en su cuenta de X.

Uribe aseguró que la decisión es un «abuso» del ente acusador y defendió la postura del Ministerio Público, que advirtió que no se han «practicado pruebas esenciales que la misma Fiscalía decretó».

El exmandatario indicó que la Fiscalía expuso que tiene elementos suficientes para inferir que puede ser autor o partícipe de delitos de lesa humanidad.

Uribe fue citado a indagatoria para el próximo 24 de julio por las masacres de El Aro y La Granja, en el municipio de Ituango, la conformación de un grupo paramilitar y por el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo en 1998.

El expresidente señaló que detrás de este proceso están Iván Velásquez, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Iván Cepeda y Gustavo Petro.

«Quieren entregar el trofeo de dejarme preso y llevarme a la cárcel por el resto de mi vida».

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Fiscalía

A la cárcel Foster Martinson, el británico señalado del feminicidio de Natalia Villalba

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*Las evidencias recopiladas indican que Foster Martinson permaneció cerca de tres horas dentro del apartamento y que, al salir, se habría llevado el teléfono celular de la víctima con el propósito de evitar que las autoridades establecieran un vínculo entre ambos.

Una juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra el ciudadano británico Foster Martinson, señalado de causar la muerte de una mujer de 36 años y ocultar su cuerpo en una maleta, en hechos ocurridos el pasado 18 de junio en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, las labores de policía judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron establecer que la víctima autorizó previamente el ingreso del extranjero al inmueble donde permanecía alojada de manera temporal.

Sin embargo, al ingresar al edificio, Foster Martinson presuntamente se registró en el libro de visitantes con un nombre diferente, con el fin de dificultar su posterior identificación.

Según el ente acusador, una vez verificó que la mujer se encontraba sola en el apartamento, el ciudadano británico presuntamente la atacó con múltiples golpes propinados con un objeto contundente hasta ocasionarle la muerte.

La Fiscalía sostuvo que, posteriormente, el procesado habría introducido el cuerpo en una maleta, la trasladó hasta la ducha del baño y dejó abierta la llave del agua caliente.

Además, presuntamente realizó varias maniobras para eliminar rastros de sangre, cambió la ropa con la que ingresó al inmueble y ocultó esas prendas en una bolsa que lanzó al ducto de basuras antes de abandonar el edificio.

Las evidencias recopiladas indican que Foster Martinson permaneció cerca de tres horas dentro del apartamento y que, al salir, se habría llevado el teléfono celular de la víctima con el propósito de evitar que las autoridades establecieran un vínculo entre ambos. El cuerpo fue encontrado cinco días después por la persona encargada del aseo del inmueble, quien dio aviso inmediato a las autoridades.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de feminicidio agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio. Durante las audiencias preliminares, el ciudadano británico no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Foster Martinson fue capturado el pasado 27 de junio en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito , Ecuador, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol.

Un día después fue expulsado de territorio ecuatoriano y trasladado al Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, donde funcionarios del CTI hicieron efectiva la orden de captura emitida por la justicia colombiana.

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