*Entre los involucrados hay oficiales, suboficiales y uniformados en retiro. Fueron imputados por delitos como peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

La garantía de una alimentación adecuada para la tropa es un deber de quienes administran los recursos asignados a las fuerzas militares. Por presuntamente incumplir esa obligación mediante el desvío de dineros destinados al abastecimiento de un batallón ubicado en Ocaña (Norte de Santander), la Fiscalía General de la Nación judicializó a nueve integrantes del Ejército Nacional.

Se trata de los mayores Juan Camilo Lasso Leyton, David Leandro Hernández Ramírez y Daniel Camilo Rodríguez Guerrero; los sargentos Gilberto Valencia Vargas, Jair Alberto Polo Pedraza, Richard Josué Rodríguez Pontón, Luis Carlos Tafur Tafur y Carlos Arturo Hurtado Ayala; y el suboficial en retiro Jorge Armando Mejía Quevedo. Entre abril y octubre de 2024, los hoy procesados habrían aprovechado las funciones que desempeñaban para apropiarse de más de 100 millones de pesos reservados al suministro de raciones alimentarias.

Adicionalmente, para intentar encubrir el posible actuar ilícito, al parecer, alteraron documentos y suscribieron planillas que certificaban la entrega de víveres secos a seis pelotones, lo cual no correspondía a las necesidades reales de la unidad.

De acuerdo con las evidencias, en los registros también aparecían alimentos entregados a escuadras que no estaban agregadas operacionalmente al batallón, mientras que otra parte figuraba destinada a uniformados que se encontraban en novedades administrativas o adelantaban actividades de entrenamiento y reentrenamiento en Aguachica (Cesar).

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander les imputó, conforme a su posible participación, los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, cargos que no fueron aceptados.

Los nueve uniformados fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de la Policía Nacional, en Bogotá, Cúcuta (Norte de Santander), San Vicente de Chucurí y Barrancabermeja (Santander), Fusagasugá y Nilo (Cundinamarca), Puerto Boyacá (Boyacá), Caucasia (Antioquia) y Túquerres (Nariño).

*A la estructura se le atribuyen, al menos, seis hechos en los que habrían sido hurtados cerca de 91 millones de pesos mediante la suplantación de funcionarios bancarios.

Las actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar y judicializar a tres presuntos integrantes de Los Asesores Fantasmas, grupo delincuencial señalado de hurtar dinero a usuarios bancarios mediante la suplantación de funcionarios de entidades financieras.

Los procesados son Magnolia Margot Valencia, Pedro Celestino Gutiérrez Mendoza y Manuel Fuentes Pérez, quienes estarían involucrados en hechos ocurridos en Cali, Jamundí y Cartago (Valle del Cauca), Pasto (Nariño) y Maicao (La Guajira).

Registros de cámaras de seguridad, análisis morfológicos y otras actividades de policía judicial dan cuenta de que, desde septiembre de 2025, los señalados integrantes se habrían hecho pasar por funcionarios bancarios para ganarse la confianza de las víctimas y apoderarse del dinero que retiraban o pretendían consignar. La investigación, adelantada por una fiscal del Grupo de Hurtos y Estafas de la Seccional Cali, les atribuye, al menos, seis hechos en los que habrían sido hurtados cerca de 91 millones de pesos.

Uno de los casos ocurrió el 29 de septiembre de 2025 en una sucursal bancaria ubicada en un centro comercial de Cali. Una persona que pretendía consignar 27 millones de pesos habría sido abordada por dos de los señalados integrantes, quienes se hicieron pasar por funcionarios de la entidad y le ofrecieron ayuda para realiza

r la transacción. Mediante engaños la condujeron al segundo piso del lugar, se apoderaron del dinero y huyeron. Las evidencias indican que Valencia sería la encargada de presentarse como asesora bancaria para ganarse la confianza de los afectados y conseguir que entregaran el dinero. Gutiérrez Mendoza y Fuentes Pérez, por su parte, cumplirían funciones de campaneros, distractores y vigilancia del entorno para facilitar los hurtos. Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado. Los procesados no aceptaron los cargos y, por disposición de una juez de control de garantías, les fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario. Los tres fueron capturados por uniformados de la Policía Nacional, en el barrio Centro de Aguachica (Cesar). Durante el procedimiento fueron incautados varios teléfonos celulares.

*Se les atribuyen delitos como falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal. 

Elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de irregularidades en la adjudicación del contrato 012 del 31 de diciembre de 2024, suscrito entre el Ministerio de Defensa y una empresa norteamericana, el cual ascendió a 32 millones de dólares y tenía por objeto el mantenimiento y suministro de repuestos para los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

En ese sentido, se conoció que el particular Carlos Martín Uribe Forero y el contratista James Lester Montgomerie se habrían concertado con el entonces viceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, Luis Edmundo Suárez Soto, para que la compañía extranjera se quedara con el contrato sin tener la idoneidad, experiencia, capacidad técnica y financiera para ejecutar las actividades encomendadas.

Para consolidar esta actividad ilegal presuntamente contaron con la intervención del exsecretario general, Hugo Alejandro Mora Tamaño, y el exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa, Herbert Arnulfo Buitrago Galán; y el excomandante de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional, coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte.

Los entonces funcionarios, al parecer, no adelantaron un proceso abierto y recurrieron a una contratación directa para adjudicar el contrato y realizaron una convocatoria directa, flexibilizaron requisitos habilitantes y extendieron plazos para la presentación de cotizaciones. Adicionalmente, son señalados de convocar reuniones de estructuración en busca de beneficiar al oferente, permitirle entregar información financiera y técnica no real, y modificar la forma de pago para girar 16 millones de dólares con el primer corte de ejecución, que correspondía al 50% del valor total del contrato.

Por lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra la corrupción radicó escrito de acusación contra los seis procesados, de acuerdo con su posible rol y grado de intervención, por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal. La audiencia de acusación se hará en la fecha y la hora establecidas por la Judicatura.