*En su fallo, Jeannette Vargas, de un tribunal de Nueva York, declaró que la política era “contraria a la ley” y que excedía la “autoridad legal” del secretario de Estado, Marco Rubio.

Una jueza federal estadounidense anuló el viernes 21 de agosto la suspensión de los trámites de visa para la residencia permanente en Estados Unidos impuesta en enero a 75 países, asestando otro golpe a la agenda antiinmigratoria de Donald Trump.

En su fallo, Jeannette Vargas, de un tribunal de Nueva York, declaró que la política era “contraria a la ley” y que excedía la “autoridad legal” del secretario de Estado, Marco Rubio.

La medida, vigente desde el 21 de enero, suspendía la tramitación de visas de inmigrante, a diferencia de las visas de no inmigrante que permiten la entrada temporal al país, y afectaba, entre otras, a las solicitudes de ciudadanos de Brasil, Somalia, Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen.

El Departamento de Estado había justificado la decisión alegando que los inmigrantes de estos países representaban “un alto riesgo de depender de la asistencia social o de convertirse en una carga para las finanzas públicas”.

Sin embargo, Vargas dictaminó que se había ordenado indebidamente a los funcionarios consulares denegar visas basándose únicamente en el país de origen del solicitante, incluso cuando se había determinado que este cumplía con los demás requisitos.

El fallo revoca cualquier denegación de visa basada únicamente en esta política. El gobierno puede apelar la decisión judicial.

Desde su regreso al poder, Trump ha priorizado la lucha contra la inmigración ilegal, llevando a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, pero también ha restringido significativamente la entrada legal de extranjeros.

Varias de sus medidas más emblemáticas han sido anuladas por los tribunales.

A principios de junio, un juez federal anuló la tasa de 100.000 dólares para las visas de trabajo, comúnmente utilizadas en el sector tecnológico.

A finales de junio, la Corte Suprema anuló un decreto emitido por Trump el primer día de su segundo mandato que eliminaba la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados, con el objetivo de acabar con lo que él consideraba un incentivo para la inmigración ilegal.

Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió este jueves la región andina de Ayacucho, en el sur peruano informó el Instituto Geofísico de Perú (IGP) al detallar que el epicentro se ubicó a 35 kilómetros al norte de la localidad de Coracora, sin que hasta el momento se informe si causó daños personales o materiales.

El IGP señaló que el movimiento telúrico se registró a las 13:00 horas (18:00 GMT) de este jueves y tuvo una profundidad de 108 kilómetros.

El sismo alcanzó una intensidad de III-IV en Coracora, una ciudad ubicada a unos 650 kilómetros al sur de Lima, donde también se percibió el movimiento, aunque de forma leve.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COEN) confirmó la información sobre las características del sismo, pero no ofreció aún detalles sobre posibles daños, aunque medios locales reportaron desprendimientos de rocas y algunos daños en viviendas en Ayacucho.

Al respecto, el jefe del IGP, Hernando Tavera, dijo que «por ahora no ha ocurrido nada crítico» pero continúan con la evaluación de la situación generada. Las autoridades descartan, por ahora, posibilidad de tsunami.

Perú se ubica en una zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80 % de la actividad sísmica mundial.

En julio pasado la región de Junín, vecina de Lima, sufrió una serie de temblores de una magnitud máxima de 5,4, que provocaron la muerte de cinco personas, cientos de damnificados y la destrucción de decenas de viviendas.

El último terremoto devastador en el país se registró en 2007 en la región sureña de Ica, donde un sismo de magnitud 7.9 causó la muerte de unas 500 personas y millonarias pérdidas materiales.

El hallazgo del cuerpo de la colombiana Eliana Alexandra Bigoni, de 34 años, dentro de la cajuela de su automóvil en Plano, Texas, encendió la alarma por un presunto asesinato. La mujer había ido hasta el apartamento de su esposo, Jake O’Brien Bigoni, para recoger a sus hijos, en medio del proceso de divorcio que la pareja adelantaba.

Todo inició el pasado 12 de agosto, cuando familiares y una amiga de Eliana se preocuparon porque la mujer no llegó a un desayuno que tenía programado para las 8:30 de la mañana y tampoco respondía las llamadas. Adicionalmente, la ubicación de su teléfono indicaba que permanecía en el complejo residencial donde vivía su esposo.

De acuerdo con lo señalado por el documento judicial citado en la investigación, Eliana había llegado al apartamento de O’Brien para recoger a sus hijos, de 2 y 5 años, para luego llevarlos al colegio. El proceso, de acuerdo con las autoridades, debía tardar entre 10 y 15 minutos.

Sin embargo, ante la falta de comunicación, una testigo y la madre de Eliana revisaron la ubicación de su celular y, al percatarse de la situación, alertaron a la Policía de Plano.

Los agentes llegaron sobre las 10:30 de la mañana y conversaron con O’Brien, quien afirmó que su esposa había estado allí, pero aseguró desconocer su ubicación. Durante la investigación, la Policía también habló con la madre del hombre. Aparentemente, él le habría dicho: “Tengo algo que contarte. Está muerta” y “tuvimos una pelea y está muerta”.

Después de regresar al apartamento, las autoridades siguieron inspeccionando el garaje. Justo allí encontraron un Hyundai Genesis blanco, que era propiedad de Eliana.

En la cajuela del vehículo localizaron el cuerpo de la mujer, quien estaba inconsciente y sin respirar, de acuerdo con el reporte. Las autoridades también reportaron lesiones en el rostro y la cabeza, además de moretones en diferentes partes del cuerpo.

Los investigadores habían observado anteriormente una mancha de humedad en la camisa de Jake O’Brien, elemento que fue clave para encontrar a la mujer y que quedó consignado en el documento judicial.

¿De qué acusan al esposo de la colombiana?

Jake O’Brien Bigoni, de 37 años, fue detenido y permanece en la cárcel del condado de Collin sin derecho a fianza, de acuerdo con la información suministrada sobre el caso.

Las autoridades lo señalan por cargos relacionados con el asesinato de Eliana y profanación de cadáver. La investigación continúa para establecer las circunstancias exactas de la muerte.

Los dos hijos de la pareja se encontraban en el apartamento durante parte de los hechos y posteriormente fueron evacuados por las autoridades.