*También lo señalan de haber percibido 15 millones de pesos por parte del ELN en 2020.

La Fiscalía General de la Nación imputó al coronel del Ejército, Carlos Didier Pérez Amorocho, por las presuntas acciones para favorecer al ELN y a la ‘Segunda Marquetalia’, disidencias de las FARC.

Los hechos investigados se remontan a 2020, cuando el oficial se desempeñaba como comandante de un batallón con jurisdicción en el corregimiento de Puerto Jordán, en Arauquita, Arauca.

Supuestamente habría recibido 15 millones de pesos a cambio de reducir la ofensiva contra el Frente de Guerra Oriental del ELN.

Años después, en julio de 2025, Pérez Amorocho asumió el mando de una unidad élite con presencia en los municipios nariñenses de Francisco Pizarro, Olaya Herrera, Roberto Payán y San Andrés de Tumaco, además de algunas zonas de Cauca y Valle del Cauca.

En el período comprendido entre enero y mayo del año en curso, al parecer, entabló vínculos con el Bloque Alfonso Cano de la ‘Segunda Marquetalia’.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, el uniformado habría pactado el pago de 30 millones de pesos semanales a cambio de alertar sobre los movimientos de la fuerza pública para facilitar el transporte de estupefacientes, armas, municiones y dinero.

Al coronel también se le atribuye haber impedido el avance de las tropas a un punto de intervención específico para que los cabecillas de una estructura armada tuvieran tiempo de escapar en lanchas rápidas antes de ser capturados, durante una ofensiva realizada en Nariño, en abril de este año.

Cuando las unidades militares finalmente ingresaron a la zona no encontraron las caletas con estupefacientes y armamento sobre las cuales tenían información porque alcanzaron a ser recogidos por los integrantes del grupo ilegal.

Los narcóticos hallados, presuntamente por orden del propio oficial, fueron arrojados al río para que la organización ilícita pudiera recuperarlos posteriormente.

El coronel fue imputado por concierto para delinquir agravado, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. No aceptó los cargos.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario contra dos hombres, señalados de agredir a sus parejas sentimentales, en hechos diferentes ocurridos en Barranquilla (Atlántico).

Fiscales de la Seccional Atlántico les hicieron traslado de escrito de acusación por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Ninguno de los procesados aceptó el cargo.

El pasado 29 de mayo, un hombre agredió física, verbal, psicológica y económicamente a su compañera sentimental de 25 años. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía y el Ejército Nacional, hicieron efectiva la orden de captura en su contra en vía pública del barrio Simón Bolívar.

Por otra parte, el pasado 1 de agosto, la Policía Nacional capturó en flagrancia, después de que se percataran que una mujer pedía ayuda desde el interior de un vehículo. El presunto agresor llegó a la residencia, ubicada en el barrio El Ferry de Barranquilla, de su expareja sentimental, a quien habría golpeado y obligado a subir al carro, donde la siguió agrediendo.

*El oficial durante más de dos años habría ejercido conductas reiteradas de control, descalificación y repudio, entre otras, que generaron afectaciones físicas y emocionales a su excompañera sentimental.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de la presunta responsabilidad del brigadier general de Infantería de Marina Wilson Martínez Londoño en un ciclo prolongado de violencia psicológica en contra de su expareja.

Entre 2022 y 2024, el oficial habría convivido con su excompañera sentimental en medio de un contexto de control a sus actividades diarias, de repudio y descalificación por el físico, trabajo, forma de vestir y de comportarse. Adicionalmente, es señalado de impedirle ejercer la maternidad al alejarla de su hijo menor de edad.

La investigación desarrollada con un enfoque diferencial de género y de protección integral a la víctima evidenció que el uniformado, al parecer, aprovechó su distinción y posición de poder para someter a su expareja a violencia vicaria y económica, entre otras conductas reiteradas que generaron en ella afectaciones físicas y emocionales.

Por lo anterior, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia trasladó escrito de acusación al brigadier general Martínez Londoño, en los términos de la Ley 1826 de 2017 (Procedimiento Penal Especial Abreviado), por el delito de violencia intrafamiliar, cargo que no fue aceptado.