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Fiscalía

Judicializan red de apoyo de las disidencias que captaba información confidencial de operativos militares

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*Fueron judicializados cuatro presuntos integrantes, entre los que se encuentra un teniente del Ejército Nacional, quien habría entregado información reservada sobre operaciones en contra de cabecillas de una subestructura.

La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el actuar ilícito de una red al servicio de las disidencias de las Farc, de la que harían parte integrantes del Ejército Nacional, que estarían entregando información reservada sobre operativos de las Fuerzas Militares.

En una acción judicial liderada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, en articulación con la Policía Nacional, se realizaron diligencias de registro y allanamiento en Sogamoso (Boyacá) y Villavicencio (Meta), que permitieron la captura de cuatro presuntos integrantes de la red de apoyo.

Se trata de Néstor Orlando Ricaurte Nossa, Otoniel Forero Mosquera, Jhon Alexander Ortiz Sánchez y Juan Sebastián Tangua Corzo, teniente activo del Ejército Nacional.

A estas personas, de acuerdo con su grado de responsabilidad, se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo, cohecho propio, lavado de activos; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos y por disposición de un juez de control de garantías les fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

De acuerdo con la investigación adelantada, el teniente Tangua Corzo habría entregado información reservada y confidencial a los cabecillas de la subestructura 28 (también conocido como ‘José María Córdoba’) a través de canales digitales, a cambio de beneficios económicos.

El oficial sería un colaborador directo de uno de los cabecillas de dicha estructura criminal, e incluso habría facilitado la entrega de material bélico y apoyado la recuperación de armas en operaciones militares.

Por su parte, Ricaurte Nossa se habría encargado de administrar los recursos obtenidos por la estructura a través de extorsiones y con los que se hacían los pagos por la información confidencial de las operaciones militares.

Otoniel Forero Mosquera, sería el responsable de la logística financiera y militar en Villavicencio, recibiendo disidentes provenientes del Cauca para fortalecer las acciones armadas en Arauca y los pagos a los informantes.

El cuarto capturado fue Jhon Alexander Ortiz Sánchez, alias Ingeniero, presunto responsable de la inteligencia delictiva en Arauca, facilitando el traslado seguro de combatientes entre departamentos, así como la comercialización de armas, municiones y explosivos. Acciones delictivas que, al parecer, adelantaba desde Villavicencio.

En los procedimientos judiciales fueron incautados 11.975.000 pesos en efectivo, 14 celulares, un arma de fuego, un fusil, dos tubos de mortero, dos cañones de ametralladora, tres silenciadores, 95 cartuchos calibre 38, 730 gramos de base de coca, cuatro panelas de 3.985 gramos de clorhidrato de cocaína, así como dos libretas con manuscritos, una memoria USB, dos escrituras públicas, nueve vouchers de consignaciones y un computador portátil.

Fiscalía

Fiscalía investigará al cantante Nelson Velásquez por parranda en cárcel de Itagüí

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La Fiscalía General inició una indagación para establecer responsabilidades en la parranda vallenata con «invitados» que se celebró el miércoles 8 de abril en el pabellón número 1 de la cárcel de Itagüí, en el departamento de Antioquia.

La Dirección Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía compulsó copias para que la Dirección contra Finanzas Criminales investigue por enriquecimiento ilícito al cantante vallenato Nelson Velásquez, el artista principal que se presentó en esa parranda donde participaron cabecillas de organizaciones criminales del Valle de Aburrá y que están incluidos dentro de la conversaciones de ‘Paz Total’ liderada por el gobierno de Gustavo Petro.

El pasado sábado también se conoció que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) suspendió provisionalmente por tres meses a once funcionarios de la cárcel.

«Se apartarán del cargo a 11 funcionarios penitenciarios que se encontraban de servicio en ese momento por no haber cumplido con su función», dijo el director del Inpec, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, en un video divulgado el sábado tras un operativo sorpresa en esa cárcel.

Como resultado del operativo, las autoridades incautaron equipos de comunicación no autorizados, sustancias ilícitas, bebidas alcohólicas y otros elementos prohibidos dentro del penal.

Los funcionarios suspendidos son diez dragoneantes y un teniente.

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Fiscalía

Fiscalía acuso a hombre que contactó al adolescente que disparó contra Miguel Uribe Turbay

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*Deberá responder en juicio oral como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos; y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Jhorman David Mora Silva, alias Caleño, por su presunta participación en la planeación del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá.

Este hombre, desde el lugar en el que permanecía privado de la libertad, habría contactado telefónicamente a un adolescente, convencido de realizar el ataque armado e indicado cómo debía vestir para pasar desapercibido.

Asimismo, es señalado de realizar una videollamada el día de los hechos con otros implicados, entre ellos, Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, en la que el menor de edad recibió instrucciones sobre el atentado, además de la coordinación del transporte que lo llevaría al parque El Golfito.

Los elementos materiales probatorios obtenidos por el grupo de fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá dan cuenta de que Mora Silva haría parte de un grupo delincuencial dedicado a ejecutar homicidios selectivos y otras actividades ilícitas en Bogotá.

Por lo anterior, fue acusado ante un juez penal especializado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos; y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Por el magnicidio del precandidato Uribe Turbay han sido condenados mediante preacuerdo Simeón Pérez Marroquín, Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González.

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Fiscalía

Lo condenan a 50 años de cárcel por abuso sexual y homicidio

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*Una de las víctimas fue asesinada mediante asfixia mecánica.

Luego de aceptar durante la acusación las conductas delictivas que le atribuyó la Fiscalía General de la Nación, Kardyn Daniel Montilla Baquero fue condenado a 50 años de prisión por contactar mujeres con falsas ofertas laborales, abusar sexualmente y hurtar las pertenencias a siete de ellas, y causarle la muerte a una de las víctimas en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Un juez penal de conocimiento lo declaró responsable de los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento, extorsión, acceso abusivo a sistema informático y falsedad personal.

Asimismo, ordenó la expulsión del país tan pronto cumpla la pena impuesta.

En el curso de la investigación, orientada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, se conoció que Montilla Baquero, de nacionalidad venezolana, citó a una joven a un punto específico con el propósito de concretar los términos de un empleo como modelo.

Al encontrarse con la mujer en el lugar acordado, la condujo a una zona boscosa, la sometió a vejámenes sexuales y la asfixió. El cuerpo fue hallado por las autoridades el 8 de noviembre de 2024.

Asimismo, quedó en evidencia su participación en la agresión sexual, hurto y extorsión a otras seis víctimas que también creyeron en el falso ofrecimiento de trabajo, que
contemplaba supuestas remuneraciones salariales de hasta 4 millones de pesos.

Estos eventos delictivos ocurrieron entre abril y diciembre de 2024.

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