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Iglesia que no paga arriendo en predio de la SAE  en Barranquilla tiene una lujosa sede en Miami

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*En Estados Unidos crearon Abundant Life Ministries USA Inc, que funciona desde noviembre de 2020 con objetivos de servicio de caridad.

La SAE inició en firme este jueves el desalojo del predio, antiguamente conocido como ‘Titos Bolos’, tras el no pago de arrendamiento por parte de la iglesia Vida Abundante.

Según la entidad, la medida se tomó debido a la ocupación irregular del predio tras vencerse el contrato de arriendo en noviembre de 2025 y el incremento de la deuda de arrendamiento ya va por un valor de más de $2.227 millones, acumulados por el no pago desde 2020 hasta la fecha.

Además, la SAE logró determinar que en el uso del inmueble pasaron de dos locales comerciales autorizados a cuatro sin contar con el contrato vigente ni la respectiva autorización.

El predio fue incautado al clan Nasser Arana y es administrado por la SAE, que lo había cedido en calidad de arriendo a la mencionada iglesia, pero al estar en mora en los pagos desde hace seis años decidió iniciar el desalojo del mismo.

El equipo jurídico de la fundación que opera la iglesia Vida Abundante, en Barranquilla, aseguró que reclamará compensación porque aseguran que han realizado mantenimiento y vigilancia al predio por un valor de más de 2.500 millones de pesos.

Esta situación en Barranquilla contrasta con los bienes que posee la iglesia en Miami, según reveló el diario El Tiempo.

En Estados Unidos crearon Abundant Life Ministries USA Inc, que funciona desde noviembre de 2020 con objetivos de servicio de caridad.

Allí mismo funciona un condominio llamado Cortland South Kendall y también El Reino de Dios USA Corp.

Este registro se encuentra en el Departamento de Estado, en la Florida.

Como directores del lugar, según el diario, figuran el pastor Jorge Freyle Lozano y su esposa Margarita de Freyle y sus dos hijos.

El pastor, con respecto a esa sede internacional y una más que funciona en Montelíbano (Córdoba), reconoció que sí existen, pero aseguró que eso no tiene nada que ver con el problema con la sede de Barranquilla.

La pregunta que queda ahora entre los feligreses es por qué no se estaba pagando el arriendo a la SAE para continuar funcionando si cuenta con suficientes ingresos de diezmos y también con una sede en el exterior.

Reconoce la mora en el arriendo

Carlos Arturo Paternostro, abogado de la iglesia, en diálogo con el medio dé comunicación Zona Cero, de Barranquilla, indicó que “hay un procedimiento irregular a todas luces. Se viola el debido proceso, se viola la Constitución e indiscutiblemente la directora de la SAE tiene facultades administrativas para desalojar, pero a los poseedores irregulares y la iglesia tiene un contrato de arrendamiento”.

No obstante, reconoció que la iglesia sí está en mora con el arriendo.

“Cuando hay contrato de arrendamiento tienen que iniciar un proceso de restitución de inmueble arrendado y un proceso ejecutivo para cobrar los cánones de arrendamiento que están en mora. La iglesia está en mora, cualquiera puede estarlo, pero para adelantar el proceso tiene que haber una demanda ante un juez judicial competente”, puntualizó.

La SAE indicó en su cuenta de X que “este proceso se adelanta respetando las garantías del personal que actualmente se encuentra en el lugar y en articulación con las autoridades competentes.

La Entidad avanza en la recuperación de este bien para proteger los recursos públicos y garantizar que vuelva a cumplir una función económica y social al servicio del país”.

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Bogotá y Cundinamarca: centralismo, captura institucional y reconfiguración del poder criminal en el Estado colombiano

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Columna de opinión:

Autor: Wulfran Rosendo Acuña Martínez

Abogado – Especialista en Derecho Penal y Criminalística

INTRODUCCIÓN

El análisis de la seguridad y la convivencia ciudadana en la ciudad de Bogotá y el departamento de Cundinamarca exige una aproximación que supere los enfoques tradicionales centrados exclusivamente en indicadores delictivos. La complejidad de este territorio, por su condición de capital política y administrativa del país, obliga a examinar no solo los fenómenos criminales visibles, sino las estructuras profundas que los sostienen y reproducen.

En este contexto, la problemática de seguridad no puede entenderse de manera aislada, sino como la manifestación de una crisis estructural del Estado y de la sociedad, caracterizada por la concentración del poder, la desigualdad territorial y la progresiva pérdida de legitimidad institucional. El modelo centralista colombiano ha convertido a Bogotá en el eje de decisiones políticas, económicas y administrativas, generando un desarrollo desigual que ha impactado negativamente a las regiones, muchas de las cuales han quedado expuestas al abandono estatal y a la penetración de estructuras criminales.

Paradójicamente, este mismo centralismo ha favorecido que en Bogotá converjan no solo las principales instituciones del Estado, sino también las estructuras más sofisticadas del crimen organizado, muchas de las cuales operan bajo la apariencia de legalidad mediante empresas fachada, redes de influencia y mecanismos de infiltración en el aparato estatal.

A esta realidad se suma un fenómeno aún más preocupante: la descomposición progresiva del tejido social, reflejada en la pérdida de principios y valores en amplios sectores de la población. La familia, como núcleo esencial de la sociedad, ha visto debilitado su papel formador, mientras que las nuevas generaciones crecen en entornos donde la legalidad no siempre representa una vía efectiva de desarrollo, y donde la ilegalidad, en muchos casos, se presenta como alternativa viable.

Este estudio tiene como propósito analizar, desde una perspectiva jurídica, geoestratégica y social, las dinámicas de seguridad en Bogotá y Cundinamarca, evidenciando las formas de captura institucional, la coexistencia de órdenes legales e ilegales, y el impacto de estas realidades en la confianza ciudadana y en la estabilidad del Estado.

I. TESIS CENTRAL

La ciudad de Bogotá y el departamento de Cundinamarca constituyen el epicentro del poder político, económico y administrativo de Colombia, pero simultáneamente se han configurado como un espacio de convergencia, infiltración y sofisticación de estructuras criminales, lo que ha derivado en una difusa frontera entre legalidad e ilegalidad, afectando gravemente la legitimidad del Estado.

Este fenómeno no es meramente delictivo, sino sistémico, y se expresa en tres dimensiones:

1. Centralismo estructural del Estado
2. Captura institucional parcial por redes criminales
3. Deslegitimación del contrato social

II. CENTRALISMO Y DESEQUILIBRIO TERRITORIAL

Colombia ha operado históricamente bajo un modelo centralista, donde:

* Las decisiones estratégicas se concentran en Bogotá
* Los recursos se distribuyen de manera desigual
* Las regiones carecen de autonomía efectiva

🔴 Consecuencia estructural

El no desarrollo pleno de esquemas como las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) ha impedido:

* Descentralización real
* Desarrollo territorial equilibrado
* Presencia efectiva del Estado en zonas periféricas

👉 Donde el Estado no llega, llega el crimen organizado.

III. BOGOTÁ: CENTRO DE PODER Y NODO DE CRIMINALIDAD SOFISTICADA

📍 Bogotá

Bogotá no solo es el centro político, sino también:

👉 Un hub estratégico de operaciones criminales de alto nivel

🔴 Dinámicas identificadas

1. Empresas fachada
* Lavado de activos
* Legalización de capital ilícito
* Inversión en sectores formales
1. Infiltración institucional
* Funcionarios influenciados por redes criminales
* Financiación ilícita de campañas políticas
1. Captura de decisiones públicas
* Incidencia en contratación
* Influencia normativa

⚖️ CONSECUENCIA

Se configura un fenómeno de:

👉 “legalidad aparente”
👉 “criminalidad institucionalizada”

Donde lo ilegal opera bajo estructuras legales.

IV. CUNDINAMARCA: TERRITORIO DE EXPANSIÓN Y SOPORTE LOGÍSTICO

📍 Cundinamarca

El departamento funciona como:

* Zona de expansión urbana
* Corredor logístico
* Plataforma de ocultamiento criminal

🔴 Dinámicas

* Extorsión en municipios intermedios
* Control territorial en zonas rurales
* Corredores de movilidad criminal

Municipios cercanos a Bogotá actúan como:

👉 Anillos de contención y proyección del crimen

V. FUSIÓN ENTRE ESTADO Y CRIMINALIDAD: LA LÍNEA BORROSA

Uno de los fenómenos más graves es la pérdida de la frontera entre:

* Funcionario público
* Actor criminal

Esto ocurre cuando:

* Redes ilegales financian campañas
* Funcionarios responden a intereses ilegales
* Se toman decisiones públicas con fines privados

👉 Se configura una forma de captura institucional.

VI. IMPACTO EN LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA

La moralidad administrativa se ve vulnerada cuando:

* Las decisiones no responden al interés general
* Se privilegian intereses particulares ilegales
* Se simula legalidad

👉 Esto genera:

* Desconfianza ciudadana
* Deslegitimación del Estado
* Percepción de corrupción estructural

VII. POPULISMO NORMATIVO COMO MECANISMO DE ENCUBRIMIENTO

Ante la crisis institucional, se adoptan:

* Reformas legales superficiales
* Medidas mediáticas
* Discursos de seguridad sin impacto real

👉 Esto configura lo que puede denominarse:

“legislación simbólica”

Que:

* No resuelve el problema
* Pero genera percepción de acción

VIII. RUPTURA DEL CONTRATO SOCIAL

El contrato social se rompe cuando:

* El ciudadano cumple deberes
* Pero el Estado no garantiza derechos

En Colombia:

👉 La ley se aplica con rigor al débil
👉 Se negocia con el fuerte

Esto genera:

* Resentimiento social
* Desmotivación ciudadana
* Normalización del delito

IX. DESESTABILIZACIÓN INSTITUCIONAL POR FIGURAS DE ENCARGO

Un fenómeno crítico es el uso sistemático de:

👉 Nombramientos en encargo

Consecuencias:

1. Falta de continuidad institucional
2. Ausencia de arraigo en el cargo
3. Debilitamiento de la autoridad
4. Pérdida de confianza ciudadana

⚖️ TESIS INSTITUCIONAL

La estabilidad se construye cuando:

👉 Cada cargo tiene titularidad legítima
👉 Existe responsabilidad funcional clara

El abuso del encargo genera:

👉 instituciones débiles y dependientes

X. ECONOMÍA CRIMINAL VS. ESTADO FORMAL

En Bogotá y Cundinamarca se evidencia:

🔴 Economía legal

* Altas cargas tributarias
* Regulación estricta
* Vulnerabilidad frente al crimen

🔴 Economía criminal

* Alta rentabilidad
* Baja sanción efectiva
* Influencia institucional

👉 Resultado:

La ilegalidad compite en ventaja frente a la legalidad

XI. PERCEPCIÓN CIUDADANA Y DESCONFIANZA

Factores:

* Inseguridad urbana
* Corrupción
* Ineficiencia institucional

Resultado:

👉 Baja denuncia
👉 Desconfianza en justicia
👉 Sensación de abandono

XII. PROYECCIÓN NACIONAL DEL FENÓMENO

Si el centro del poder está comprometido:

👉 El impacto se replica en todo el país

Bogotá y Cundinamarca:

* Irradian prácticas institucionales
* Definen políticas públicas
* Marcan el rumbo del Estado

XIII. NECESIDAD DE DESCENTRALIZACIÓN REAL

La creación efectiva de regiones administrativas permitiría:

* Presencia estatal integral
* Desarrollo equilibrado
* Reducción del abandono territorial

👉 Es una necesidad estructural urgente.

XIV. CONCLUSIONES DOCTRINALES

1. Bogotá es centro de poder y nodo criminal sofisticado
2. Existe captura parcial del Estado por redes ilegales
3. Cundinamarca actúa como soporte territorial del crimen
4. La justicia presenta asimetría estructural
5. El contrato social está fracturado
6. El centralismo agrava la crisis nacional

XV. PROPUESTAS ESTRUCTURALES

🔵 CORTO PLAZO

* Auditoría institucional independiente
* Control a financiación política
* Inteligencia financiera

🟡 MEDIANO PLAZO

* Reforma de carrera administrativa
* Eliminación del abuso del encargo
* Fortalecimiento de control disciplinario

🟢 LARGO PLAZO

* Descentralización efectiva
* Regiones administrativas funcionales
* Reconstrucción del contrato social

XVI. REFLEXIÓN FINAL

Colombia enfrenta un riesgo estructural:

👉 Cuando el crimen se institucionaliza
👉 Y el Estado se debilita

La democracia se vacía de contenido.

Si Bogotá —la cabeza del Estado— presenta fisuras:

👉 El cuerpo institucional entero se resiente

CONCLUSIÓN

El análisis desarrollado permite concluir que la situación de seguridad en Bogotá y Cundinamarca trasciende el ámbito estrictamente delictivo y se inserta en una crisis estructural del Estado y de la sociedad colombiana. La convergencia entre centralismo, captura institucional y expansión de economías ilícitas ha generado un escenario donde la legalidad se ve erosionada por prácticas que, aunque revestidas de formalidad, responden en muchos casos a intereses ajenos al bien común.

La presencia de estructuras criminales con capacidad de infiltración institucional, sumada a la percepción de desigualdad en la aplicación de la justicia, ha debilitado profundamente la confianza ciudadana. A ello se agrega un fenómeno aún más complejo: la fractura del tejido social, evidenciada en la pérdida de valores, el debilitamiento de la familia y la falta de referentes éticos en las nuevas generaciones.

En este contexto, la ilegalidad deja de ser percibida exclusivamente como una conducta reprochable y comienza a consolidarse como una alternativa funcional dentro de determinados entornos sociales y económicos. Esta distorsión de valores compromete no solo la seguridad, sino la estabilidad misma del orden democrático.

La utilización recurrente de figuras como los encargos en cargos públicos, la ausencia de continuidad institucional y la percepción de improvisación en la administración pública refuerzan la idea de un Estado débil, incapaz de generar confianza y sentido de pertenencia en la ciudadanía.

En consecuencia, la superación de esta crisis exige una reconstrucción integral del Estado y del tejido social, que incluya:

* Fortalecimiento real de las instituciones
* Recuperación de la moralidad administrativa
* Descentralización efectiva del poder
* Presencia estatal en todo el territorio
* Reivindicación de la familia como núcleo formador
* Promoción de principios y valores en las nuevas generaciones

Solo mediante una intervención estructural, que combine seguridad, justicia, educación y cohesión social, será posible restablecer la confianza ciudadana y reconstruir las bases de una convivencia pacífica.

La seguridad no es únicamente una función del Estado, sino el resultado de una sociedad organizada, con principios, instituciones legítimas y un compromiso colectivo con la legalidad y la dignidad humana.

WulFRAN ROSENDO ACUÑA MARTÍNEZ
Abogado – Especialista en Derecho Penal y Criminalística

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Periodista fue asesinado cuando realizaba labores de reportería en Briceño, Antioquia

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*Buscaba información sobre la confrontación que existía en la zona entre disidencias de las FARC y el Ejército.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció este miércoles que el periodista Mateo Pérez Rueda, director de la revista local El Confidente, fue asesinado mientras hacía trabajos de reportería en el municipio de Briceño en el departamento de Antioquia.

«Pérez Rueda, quien estaba desaparecido desde ayer, se encontraba realizando trabajos de reportería en la zona», expresó la FLIP en un breve comunicado en X, donde publicó una fotografía del joven, quien también era estudiante de ciencia política de la Universidad Nacional de Colombia.

El joven había llegado a zona rural del mencionado municipio a cubrir información sobre enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el Ejército. Sin embargo, desapareció el día anterior y posteriormente se confirmó del hallazgo del cuerpo con signos de tortura.

Según las redes sociales de Rueda, el joven se dedicaba a escribir para ese medio digital sobre accidentes locales y conflicto armado en Antioquia, especialmente en Briceño y Yarumal.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre la muerte del joven periodista.

Hay que recordar que esta semana un juez condenó a 43 años y seis meses de cárcel a un hombre por el asesinato del periodista de la emisora Sonora Estéreo Mardonio Mejía Mendoza, perpetrado el 24 de enero de 2024 en el departamento de Sucre.

En ese caso, la Fiscalía informó que Ledinwint Yesith Díaz Mercado, el condenado, atacó a tiros por la espalda al periodista en su vivienda, que también servía como sede de su trabajo.

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No hay derecho: juez deja libre al hombre que le dio golpiza a una mujer en un hotel en Medellín

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*Muchos dicen que la decisión judicial se trata de una burla a los derechos de las mujeres que son víctimas de la violencia. Hubo leguleyadas o tecnicismos jurídicos?

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía General de la Nación logró la legalización de la captura e imputó cargos por lesiones personales. Incluso, solicitó medida de aseguramiento intramural ante la gravedad del ataque.

No obstante, el juzgado decidió otorgar una medida no privativa de la libertad, imponiendo solo restricciones y orden de alejamiento.

Lo cierto es que hay indignación total por libertad condicional al hombre que golpeó a mujer en hotel de Medellín.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó su rechazo a la decisión.

La Policía hizo su trabajo al capturarlo, la Fiscalía legalizó la captura, imputó cargos y solicitó la medida intramural. Luego le dan libertad condicional con restricciones y órdenes de alejamiento. Con el debido respeto, no puedo estar de acuerdo. El sistema legal debe ser reformado. Las garantías deben ser para los ciudadanos y para las víctimas y no para los delincuentes y victimarios.

La decisión se basó en dos argumentos técnicos: que las lesiones no superan los 10 días de incapacidad y que el agresor presenta antecedentes psiquiátricos.

“Ahí no podemos decir que hubo una riña, o que simplemente se trata en el tema de lesiones personales, los que todos vemos a la luz de nuestros ojos en esos videos es un ataque demencial brutal y bárbaro contra la integridad de esta mujer”, manifestó Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín.

Para abogados, la decisión se ajusta a los parámetros legales.

“Realmente los jueces no pueden estar contaminados frente a las pretensiones de la sociedad, en este caso la cárcel, el juez tiene que valorar la constitución y las garantías de una persona que está inmersa en un proceso penal”, señaló Diego Vallejo, abogado penalista.

El hombre seguirá vinculado al proceso que lleva la justicia en su contra. Y los derechos de la víctima quedan pisoteados y la mujer expuesta a qué el sujeto la vuelva a atacar? Es lo que muchos se preguntan en redes sociales.

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