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Fiscalía

Capturado exalcalde de Segovia, Antioquia, que estaría involucrado en homicidio de un líder sindical

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Ante la Fiscalía General de la Nación fue puesto a disposición el exalcalde de Segovia (Antioquia), Albert José Rodríguez Luján, capturado por unidades de la Policía Nacional en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, que sirve a Barranquilla (Atlántico), para atender una medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario impuesta en su contra por la presunta participación en el crimen del líder sindical y exconcejal Luis Carlos Olarte Gaviria, ocurrido el 3 de octubre de 2003, en Segovia.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos vinculó formalmente al exmandatario municipal a una investigación por el delito de homicidio agravado y le resolvió la situación jurídica de acuerdo con los parámetros de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).

Los elementos materiales probatorios indican que Rodríguez Luján estaría implicado en la planeación del ataque sicarial en contra de Olarte Gaviria. Integrantes de una estructura armada del denominado Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) interceptaron a la víctima mientras se movilizaba en una motocicleta y le dispararon hasta causarle la muerte.

El líder social habría sido atacado en retaliación por las continuas denuncias que hacía sobre minería ilegal en el nordeste antioqueño, en su condición de excabildante y vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética (Sintramienergetica) Seccional Segovia.

Por estos hechos, recientemente fue condenado el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, a 23 años, un mes y seis días de prisión por los delitos de homicidio
en persona protegida, actos de terrorismo y concierto para delinquir agravado.

Fiscalía

Judicializan a presunto cabecilla del Clan del Golfo en el Bajo Cauca Antioqueño

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*Estaría implicado en la retención y posterior crimen de un hombre señalado de pertenecer a otro grupo armado ilegal.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a Juan David Pineda Vargas, señalado integrante del ‘Clan del Golfo’ que estaría implicado en múltiples actividades delictivas perpetradas en Zaragoza, El Bagre y otras poblaciones del Bajo Cauca antioqueño.

Según la investigación, este hombre presuntamente asumió funciones como sicario en 2024.

A finales de ese año habría sido designado cabecilla urbano con la responsabilidad de coordinar homicidios selectivos, secuestros, extorsiones, tráfico de estupefacientes y extracción ilegal de minerales; además de recopilar información sobre movimientos de la fuerza pública en la zona.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, el 5 de agosto de 2024, hizo parte de un grupo armado que se trasladó a una vivienda ubicada en la vereda Cacales, en El Bagre, y retuvo en contra de su voluntad a un hombre y lo condujo hasta el sector conocido como La Arenosa, donde fue amarrado de manos y sometido a agresiones físicas para que revelara información sobre una agrupación rival.

Al no obtener lo que pretendían, la víctima fue llevada a otro lugar y asesinada con arma de fuego, mientras permanecía maniatada e indefensa.

Su cuerpo fue hallado al día siguiente, 6 de agosto de 2024. Pineda Vargas, al parecer, fotografió el cuerpo para reportar a sus superiores la ejecución del crimen.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado en calidad de cabecilla, secuestro simple agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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Fiscalía

Fiscalía solicitó detención domiciliaria para el hijo de Diomedes y demás imputados

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*La audiencia fue suspendida y continuará el 6 de julio a las 4 de la tarde.

El Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito, Rodrigo Restrepo, solicitó al Juzgado 09 Penal Municipal Control Garantías De Barranquilla detención domiciliaria para los señalados de secuestro y tortura del prestamista Carlos Alfredo Mejía Vargas, en Barranquilla.

Esta medida aplicaría para Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz; Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Alexis Rafael Jiménez Urina y Stiven Rafael Bolaño De La Hoz.

“La Fiscalía le solicita detención preventiva en la residencia señalada por los imputados, porque la Fiscalía considera que no obstaculiza el juzgamiento”.

El ente acusador precisó que “la detención domiciliaria no es exagerada, no es abusiva por parte de la Fiscalía”, además, aseguró que “las víctimas están de acuerdo con la medida domiciliaria”.

Los defensores de los procesados estuvieron de acuerdo con la medida solicitada por la Fiscalía. Sin embargo, al turno del Juzgado, la audiencia fue suspendida.

La suspensión por parte del Juzgado se debió a que el material probatorio enviado por la Fiscalía al despacho, llegó en diferentes correos electrónicos con múltiples archivos adjuntos, sin numeración, identificación ni organización, lo que dificultó ubicar y verificar los elementos probatorios citados durante la audiencia.

Precisó la juez que el despacho debe evaluar los elementos materiales probatorios que sustentó la medida el Fiscal y por ello, suspendió la audiencia, la cual continuará el 6 de julio a las 4 de la tarde.

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Fiscalía

Encarcelan a un hombre que mató a su mamá porque ella no le dio dinero para comprar drogas

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*Hace dos meses el caso conmocionó al sur del Valle de Aburrá porque el señalado agresor habría fingido estar muerto y luego atacó a un policía que atendía la emergencia. Ahora fue enviado a la cárcel por feminicidio agravado.

Dos meses después del crimen que conmocionó al municipio de Caldas, en el sur del Valle de Aburrá, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Juan Pablo Jaramillo Martínez, de 26 años, señalado de asesinar a su propia madre en medio de una discusión ocurrida en la madrugada del pasado 1 de mayo en el barrio El Pombal.

De acuerdo con la investigación, la mujer, identificada en su momento como María Teresa Martínez, de 45 años, habría sido atacada porque se negó a entregarle dinero para comprar sustancias estupefacientes.

El caso generó gran conmoción en su momento por la forma en la que ocurrieron los hechos. Cuando los policías llegaron a la vivienda, tras las llamadas de vecinos que escucharon los gritos, encontraron al presunto agresor herido junto al cuerpo de la víctima.

Inicialmente creyeron que estaba inconsciente o sin vida, pero, según las autoridades, el hombre habría fingido estar muerto y, cuando uno de los uniformados se acercó, lo atacó con el cuchillo.

Ante la agresión, una subintendente de la Policía accionó su arma de dotación para controlar la situación.

En medio del procedimiento, el hoy procesado resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, donde permaneció bajo atención médica antes de ser capturado mediante orden judicial una vez recibió el alta.

Por esto, la Fiscalía le imputó el delito de violencia contra servidor público agravada por las lesiones ocasionadas a los uniformados que atendieron la emergencia.

Las investigaciones permitieron establecer que la víctima venía siendo objeto de violencia intrafamiliar por parte de su hijo desde tiempo atrás.

Según el ente acusador, incluso la habría amenazado de muerte en noviembre de 2025.

En su momento, la Alcaldía de Caldas informó que el hombre tenía antecedentes por violencia intrafamiliar y consumo de sustancias estupefacientes. De hecho, el año pasado estuvo vinculado a un proceso de rehabilitación, pero, al parecer, habría recaído.

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Además, había requerido en varias ocasiones la intervención de la Policía por episodios de agresividad.

Con base en el material probatorio, la Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado y violencia contra servidor público agravada.

Durante las audiencias preliminares, Jaramillo Martínez no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.

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