*Enfrentarán penas superiores a los 17 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

Jorge Luis Valderrama Cuba y Leonardo de Jesús Barraza Castillo aceptaron mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación su responsabilidad en los hechos ocurridos el 29 de diciembre de 2024, en Aguachica (Cesar), en los que fueron asesinados un pastor religioso, su esposa y dos hijos.

De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal especializado de la Delegada para la Seguridad Territorial, estas dos personas se desplazaron desde Barranquilla (Atlántico) hasta Aguachica, donde se reunieron con otros dos hombres y coordinaron la ejecución del crimen.

Posteriormente, los cuatro involucrados llegaron a un restaurante en dos motocicletas y un automóvil.

Uno de ellos descendió del vehículo, ingresó al establecimiento de comercio y disparó contra las víctimas. Tres de ellas fallecieron en el lugar, una más fue trasladada a un centro asistencial y allí murió dos días después.

Videos de cámaras de seguridad y otras pruebas recopiladas dan cuenta de que Valderrama Cuba y Barraza Castillo se encargaron de conducir las motocicletas utilizadas para realizar seguimientos al pastor religioso y transportar al autor material del ataque.

Una juez penal de conocimiento de Aguachica avaló los preacuerdos celebrados.

En consecuencia, los dos procesados serán condenados a penas superiores a 17 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado, en calidad de cómplices.

*Como consecuencia de estos hechos, la Gobernación de Cundinamarca ordenó la cancelación de la licencia de funcionamiento del Colegio Gimnasio Los Laureles, medida que se hará efectiva una vez concluya el calendario académico de 2026.

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio culposo a Emely Fuentes y a Danny Javier Ochoa, encargado del área de infraestructura del colegio Gimnasio Los Laureles de Cajicá, Cundinamarca, dentro de la investigación por la muerte de Valeria Afanador, la menor de 10 años que desapareció de la institución educativa y posteriormente fue hallada sin vida en inmediaciones del río Frío.

Según la Fiscalía, los dos procesados habrían incumplido sus deberes de cuidado y vigilancia, permitiendo una serie de omisiones que facilitaron que la niña abandonara el plantel educativo sin ser detectada. El ente acusador señaló que el 12 de agosto de 2025 Valeria se encontraba en horario normal de clases y no existía ninguna actividad externa o tiempo de descanso autorizado cuando salió del salón.

“Los estudiantes tenían previsto su tiempo de descanso a las 10:05 de la mañana. Sin embargo, la menor salió del aula de clase a las 9:54, mientras se encontraba bajo la supervisión de la docente Emily Fuentes, quien tenía asignada su vigilancia, acompañamiento, supervisión y cuidado”, expuso la Fiscalía durante la audiencia.

De acuerdo con la investigación, la menor permaneció sin supervisión efectiva durante varios minutos. Las cámaras de seguridad registraron que a las 10:06 de la mañana se desplazó por una zona cercana a la cerca viva del colegio y posteriormente dejó de ser visible.

Para la Fiscalía, la estudiante logró salir del establecimiento “a través de un espacio abierto existente en la malla perimetral, accediendo así a la zona exterior colindante con el cauce del río”, situación que derivó en el desenlace fatal.

El ente investigador sostuvo que dicha abertura en el cerramiento no era una falla reciente, sino una situación conocida dentro de la institución. Por ello también fue imputado Danny Javier Ochoa, encargado del área de infraestructura y responsable del mantenimiento de las instalaciones.

La Fiscalía aseguró que “tenía conocimiento previo del deterioro y de la existencia de aberturas en la malla perimetral, situación que le había sido informada por el personal de seguridad, sin que se adoptara ninguna medida efectiva para su reparación, cerramiento o aseguramiento”.

En la sustentación de la imputación, la Fiscalía concluyó que “tanto la docente Emily Vivian Fuentes Hernández en su calidad de garante respecto al cuidado directo de la menor, como el señor Danny Javier Ochoa, en su condición de garante de las condiciones de seguridad física del establecimiento, incurrieron en la infracción del deber objetivo de cuidado”, al considerar que las omisiones permitieron que la niña permaneciera sin control y se desplazara hacia una zona de alto riesgo.

Las investigaciones establecieron que Valeria falleció por insuficiencia respiratoria tras ingerir agua y barro luego de caer al río Frío, ubicado junto al perímetro de la institución educativa. Como consecuencia de estos hechos, la Gobernación de Cundinamarca ordenó la cancelación de la licencia de funcionamiento del Colegio Gimnasio Los Laureles, medida que se hará efectiva una vez concluya el calendario académico de 2026.

*El evento clandestino se realizó en una finca y contó con participantes de Colombia, República Dominicana, Ecuador y Venezuela. En el lugar fueron encontrados dos caninos muertos y seis más con graves afectaciones físicas.

Luego de aceptar los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación, 13 personas que promovieron y participaron en una convención internacional clandestina de pelea de perros en La Calera (Cundinamarca) fueron condenadas por los delitos de muerte al animal y lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal, conductas agravadas por su ejecución con fines de explotación económica.

De acuerdo con la investigación realizada por el Grupo Especial contra el Maltrato Animal (GELMA), el 14 de marzo de 2026, en una finca ubicada en la vereda Aurora Alta, fue adecuado un kiosco con sillas, alimentos y bebidas para espectadores, así como una estructura tipo ring para desarrollar las confrontaciones

En diligencia de registro y allanamiento realizada en el inmueble se hallaron dos caninos muertos, con lesiones traumáticas visibles y signos de violencia. Asimismo, fueron recuperados 12 perros, 6 de ellos presentaban afectaciones físicas y comportamentales compatibles con maltrato prolongado y exposición reiterada a este tipo de eventos.

Por estos hechos fueron capturados en situación de flagrancia los hoy sentenciados.

Se trata de nueve ciudadanos ecuatorianos, venezolanos y dominicanos, quienes financiaron el encuentro y viajaron a Colombia para participar; y cuatro colombianos, entre ellos el organizador de la convención internacional, Julián Esteban León Ramírez, y un veterinario,

Carlos Alberto Cifuentes Hernández.
Estas personas fueron condenadas a 31 meses y 15 días de prisión, al pago de multa equivalente a 28.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes y el cumplimiento de una inhabilidad para el ejercicio de actividades relacionadas con la tenencia y cuidado de animales por el mismo periodo de la pena.