*Uno de los procesados habría adquirido la buseta utilizada en el ataque. El otro es señalado de facilitar el desplazamiento del vehículo hasta el lugar de los hechos.

Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias Tom; y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias Trenzas, presuntos integrantes de una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, fueron judicializados por su posible participación en el atentado terrorista al Cantón Militar Pichincha de Cali (Valle del Cauca), que dejó dos mujeres heridas y cuantiosos daños materiales el pasado 24 de abril.

Las evidencias obtenidas en el curso de la investigación dan cuenta de que Villalobos Aguilón habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar utilizada en el atentado, tramitado el traspaso y puesto el vehículo a disposición de otras personas para acondicionarlo con cilindros bomba. Por su parte, Freyde Tolimán es señalado de movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre controles de la fuerza pública y así asegurar el recorrido del vehículo hasta el lugar donde fueron activados los artefactos improvisados.

Estas dos personas fueron capturadas en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. En los procedimientos se incautaron varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas, material impreso alusivo a las disidencias de las Farc y una motocicleta.

Un fiscal Especializado contra el Crimen Organizado les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Los procesados no aceptaron los cargos.

*El proyecto que superó en valor los 2.393 millones de pesos habría sido adjudicado sin contar con los estudios y diseños requeridos para su ejecución.

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, Ronald Housni Jaller, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Los hechos investigados se relacionan con la adjudicación, el 27 de diciembre de 2017, de un contrato para la rehabilitación y mantenimiento de las vías del barrio Los Colares, por 2.112 millones de pesos, y de la interventoría técnica, financiera, administrativa y ambiental del proyecto, por 281 millones de pesos.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios obtenidos, Housni Jaller, quien se desempeñó como mandatario departamental entre enero de 2016 y abril de 2018, avaló la contratación pese a que no existían los planos, estudios y diseños necesarios para ejecutar las obras. Dichos requisitos habían sido contratados previamente por 408 millones de pesos, pero fueron entregados de manera parcial e incompleta.

También fueron identificadas otras anomalías como falta de presupuesto, plan ambiental y diferentes soportes técnicos indispensables para el desarrollo de la iniciativa.

Aun así, en febrero de 2018 se autorizó el desembolso del 50 % del anticipo, equivalente a 1.056 millones de pesos para las obras y 122 millones de pesos para la interventoría.

Los recursos habrían sido transferidos a una tercera empresa que, al parecer, no los destinó a la ejecución del proyecto.

Un año después, la administración departamental que sucedió a Housni Jaller liquidó unilateralmente el contrato por incumplimientos del contratista, en el entendido de que se registraba un avance de apenas 2,37 %.

*La estructura habría suscrito 101 contratos con entidades públicas y posteriormente subcontratado con empresas fachada, firmas de papel y personas cercanas, desconociendo los requisitos establecidos en la contratación estatal.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario a nueve presuntos integrantes de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), investigados por su posible participación en un entramado de corrupción que habría permitido la apropiación irregular de recursos del Sistema General de Regalías mediante la celebración y
ejecución de contratos presuntamente contrarios a la ley.

Los judicializados son el exrepresentante legal de Aremca, Gustavo Bolaño Pastrana; las representantes legales y tesorera Emilia María Álvarez Guerrero y Dayana Ramos Guerrero; los coordinadores Andrés David Sáez Miranda, Javier Antonio Ramírez Manzola, Liliana Urán Germán, Rafael Antonio Flórez Franco y Fredy Francisco Borelly Salazar; y Luis Alfredo Soto Caraballo, señalado de actuar como enlace con terceros.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a estas personas los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, enriquecimiento ilícito de particulares, peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados, entre 2020 y 2026, Aremca suscribió 101 contratos con gobernaciones y alcaldías por cerca de 496.000 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías.

Los recursos estaban destinados a la ejecución de obras civiles y al desarrollo de proyectos agrícolas, ambientales, tecnológicos y de seguridad alimentaria.

Las mencionadas iniciativas habrían sido ejecutadas mediante órdenes de servicio y subcontrataciones con empresas fachada, firmas de papel y otras personas relacionadas con la organización, en contravía de las disposiciones que regulan la contratación pública.

Entre las irregularidades detectadas figuran procesos contractuales sustentados en manuales internos, ausencia de estudios previos suficientes, direccionamiento de contratistas a través listados cerrados de proveedores y la vinculaciones por prestación de servicios para ejecutar actividades relacionadas con obras, suministros y alquiler de maquinaria.

La Fiscalía evidenció que, pese a que los estatutos de Aremca limitaban el ámbito de actuación a los departamentos de la región Caribe, la Asociación habría desarrollado actividades contractuales en Arauca, Cauca, Caquetá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Chocó, Norte de Santander y Santander.

En dos oportunidades asignó a la Asociación de Municipios del Golfo de Morrosquillo y Córdoba proyectos de interventoría sobre obras proyectadas en Clemencia (Bolívar) y San Andrés, sin tener en cuenta las restricciones de ley.

De otra parte, se conoció que en 23 contratos, al parecer, se configuró un enriquecimiento ilícito en favor de los contratistas por aproximadamente 14.235 millones de pesos. También se investigan posibles apropiaciones indebidas de recursos públicos relacionadas con el manejo de anticipos y la ejecución contractual.

Finalmente, fueron identificadas anomalías asociadas a la omisión en el cobro de 6.913 millones de pesos por concepto de impuestos territoriales y a la falta de retención de cerca de 14.000 millones de pesos correspondientes a la contribución de obra pública destinada al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).