*Hace dos meses el caso conmocionó al sur del Valle de Aburrá porque el señalado agresor habría fingido estar muerto y luego atacó a un policía que atendía la emergencia. Ahora fue enviado a la cárcel por feminicidio agravado.

Dos meses después del crimen que conmocionó al municipio de Caldas, en el sur del Valle de Aburrá, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Juan Pablo Jaramillo Martínez, de 26 años, señalado de asesinar a su propia madre en medio de una discusión ocurrida en la madrugada del pasado 1 de mayo en el barrio El Pombal.

De acuerdo con la investigación, la mujer, identificada en su momento como María Teresa Martínez, de 45 años, habría sido atacada porque se negó a entregarle dinero para comprar sustancias estupefacientes.

El caso generó gran conmoción en su momento por la forma en la que ocurrieron los hechos. Cuando los policías llegaron a la vivienda, tras las llamadas de vecinos que escucharon los gritos, encontraron al presunto agresor herido junto al cuerpo de la víctima.

Inicialmente creyeron que estaba inconsciente o sin vida, pero, según las autoridades, el hombre habría fingido estar muerto y, cuando uno de los uniformados se acercó, lo atacó con el cuchillo.

Ante la agresión, una subintendente de la Policía accionó su arma de dotación para controlar la situación.

En medio del procedimiento, el hoy procesado resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, donde permaneció bajo atención médica antes de ser capturado mediante orden judicial una vez recibió el alta.

Por esto, la Fiscalía le imputó el delito de violencia contra servidor público agravada por las lesiones ocasionadas a los uniformados que atendieron la emergencia.

Las investigaciones permitieron establecer que la víctima venía siendo objeto de violencia intrafamiliar por parte de su hijo desde tiempo atrás.

Según el ente acusador, incluso la habría amenazado de muerte en noviembre de 2025.

En su momento, la Alcaldía de Caldas informó que el hombre tenía antecedentes por violencia intrafamiliar y consumo de sustancias estupefacientes. De hecho, el año pasado estuvo vinculado a un proceso de rehabilitación, pero, al parecer, habría recaído.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Además, había requerido en varias ocasiones la intervención de la Policía por episodios de agresividad.

Con base en el material probatorio, la Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado y violencia contra servidor público agravada.

Durante las audiencias preliminares, Jaramillo Martínez no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.

*Se le atribuye la compra de inmuebles en diferentes municipios de Antioquia para ocultar el origen ilícito de los recursos obtenidos por el grupo armado ilegal.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Ingrid Paola Ávila Hernández, señalada de administrar recursos y adquirir bienes con dineros producto de las actividades ilícitas desarrolladas por el ‘Clan del Golfo’.

Los elementos materiales probatorios indican que sería la encargada de organizar y gestionar el capital perteneciente a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, máximo cabecilla del grupo armado ilegal.

En ese sentido, presuntamente participó en operaciones orientadas a fortalecer el
componente financiero del ‘Clan del Golfo’, mediante la compra y ocultamiento de inmuebles ubicados Apartadó, Turbo, Medellín, San Jerónimo y Ebéjico (Antioquia).

Estas propiedades, avaluadas preliminarmente en más de 800 millones de pesos, fueron obtenidas con recursos provenientes del tráfico trasnacional de estupefacientes, el cobro de extorsiones y otras conductas delictivas

En el curso de las labores investigativas también fueron identificados seis bienes adquiridos entre 2020 y 2023, cuyo avalúo comercial superaría ampliamente el valor consignado en las respectivas escrituras de compraventa.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Ávila Hernández los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos, cargos que no fueron aceptados.

*Solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía imputó a Luis Mariano Díaz González, hijo de Diomedes Díaz; y a Luis Mariano Díaz, Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Alexis Rafael Jiménez Urina y Stiven Rafael Bolaño De La Hoz, por los presuntos delitos de secuestro simple agravado en concurso con tortura.

Esta medida fue tomada por el Fiscal Delegado Ante Jueces del Circuito, Rodrigo Restrepo, luego de que las investigaciones revelaran que los procesados, presuntamente, secuestraron, torturaron y amenazaron a Carlos Alfredo Mejía Vargas, quien se desempeñaba como cobrador de la empresa «Soluciones Mano a Mano».

“Las conductas fueron realizadas con dolo de primer grado, razón por la cual ejecutaron voluntariamente y de manera coordinada los datos necesarios para privar de la libertad a la víctima, mantenerla bajo cautiverio, infligir graves sufrimientos físico y psicológicos y de hacer presión sobre ella y su familia”, dijo el ente acusador.

El Fiscal precisó que Luis Mariano Díaz, Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Alexis Rafael Jiménez Urina y Stiven Rafael Bolaño De La Hoz, para el momento de los hechos “poseían plena capacidad para comprender la ilicitud de sus comportamientos y autodeterminarse conforme a esa comprensión, sin que exista circunstancia alguna que excluya o disminuya su responsabilidad penal”.

Añadió que “la conciencia de la ilicitud se evidencia en el acuerdo criminal previo, la distribución funcional de las tareas, el desplazamiento coordinado hasta la residencia de la víctima, el empleo de armas de fuego para reducir su capacidad de resistencia, el traslado clandestino al lugar de cautiverio. La ejecución sistemática de tortura, las amenazas dirigidas contra la víctima y su núcleo familiar y las exigencias económicas formuladas durante la privación de la libertad”.

La audiencia de imputación de cargos fue suspendida y reprogramada para este viernes 3 de julio a la 1 de la tarde.