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Presidentes Petro, Lula y Arce hacen un llamado a proteger la selva en inauguración de la Cumbre Amazónica

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*La cumbre de presidentes se lleva a cabo en la Plaza de Armas del Palacio de Nariño.

La V Cumbre de Países Amazónicos comenzó este viernes en Bogotá con la participación de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Bolivia, Luis Arce, y con un llamado a proteger la selva que comparten ocho países.

La cumbre de presidentes se lleva a cabo en la Plaza de Armas del Palacio de Nariño, sede del Ejecutivo colombiano, donde los mandatarios y ministros de las demás naciones que integran la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) se reunieron con líderes indígenas y representantes de la sociedad civil.

La OTCA, creada en 1978, está formada por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

El encuentro arrancó con un minuto de silencio por las 20 víctimas mortales de los atentados del jueves al ser atacados un helicóptero de la Policía en la localidad de Amalfi (noroeste) y las inmediaciones de una base aérea en Cali (suroeste).

Después, la líder indígena Paulina Romero, del pueblo cubeo, tomó la palabra en su lengua nativa y entonó un canto tradicional que fue recibido en silencio por los presidentes y delegaciones.

Su intervención, cargada de simbolismo, recordó el papel de los pueblos originarios como guardianes de la selva amazónica. El pueblo cubeo habita en el departamento del Vaupés, en la frontera con Venezuela y Brasil.

El coordinador de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), Oswaldo Muca, insistió durante la instalación de la cumbre en la importancia de proteger la Amazonía: «Necesitamos salvar la vida para darles un futuro mejor para nuestros hijos y nietos», expresó antes de entregar unos regalos a los líderes regionales.

El encuentro de presidentes tiene como propósito consensuar una declaración conjunta sobre la protección de la Amazonía que será presentada en la COP30, que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en Belém do Pará (Brasil).

Según el Gobierno colombiano, el objetivo es «pasar de las palabras a la acción» con medidas que aborden de manera integral la deforestación, el cambio climático, la minería ilegal, la seguridad regional y las necesidades de las poblaciones de frontera.

Además de Petro, Lula y Arce, participan en la cita las vicepresidentas de Venezuela, Gabriela Jiménez, y de Ecuador, María José Pinto, así como los cancilleres de Perú, Elmer Schialer; Surinam, Melvin Bouva; Bolivia, Celinda Sosa; Venezuela, Yván Gil, entre otros.

También está presente el secretario general de la OTCA, el colombiano Martín von Hildebrand.

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Colombia enviará a 63 rescatistas a Venezuela para apoyar labores de búsqueda

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*El equipo tiene la posibilidad de entrar a espacios colapsados y edificaciones, según la UNGRD.

Colombia enviará este jueves un primer contingente de 63 rescatistas especializados a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras los dos terremotos que sacudieron el miércoles a ese país, informó Javier Pava, director encargado de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), en una rueda de prensa.

«Nosotros vamos a llevar lo que se llama un equipo USAR (por sus siglas en inglés, Urban Search and Rescue), que tiene la posibilidad de entrar a espacios colapsados y edificaciones, y cuenta con todos los implementos para rescatar personas atrapadas dentro de esos edificios», señaló el funcionario en Bogotá al término de una reunión del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

El equipo de rescatistas está conformado por personal de élite de bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía y Ejército, especializado en operaciones de búsqueda y rescate urbano debido a su entrenamiento para operar en estructuras colapsadas.

Pava agregó que el grupo viajará acompañado por perros y que el operativo contará con dos aeronaves militares: un avión Hércules para el transporte del personal y un C-40 destinado a movilizar la carga y los equipos especializados.

Mientras tanto, la Cancillería informó que el Consulado de Colombia en Caracas permanece cerrado debido a afectaciones estructurales ocasionadas por el sismo, mientras se realizan inspecciones para determinar si puede reabrir sus servicios.

La viceministra de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Paula Andrea Cerón, pidió a los familiares de colombianos en Venezuela utilizar exclusivamente los canales oficiales habilitados para reportar personas desaparecidas o solicitar información, con el fin de centralizar la atención.

«Tenemos habilitado el correo contactenos@cancilleria.gov.co, la línea en Colombia (601) 382 6999, opción 2; la línea gratuita 01 8000 938 000; la línea gratuita en Venezuela 0800 100 7214 y el WhatsApp del Consulado de Colombia en Caracas +58 422 204 3032, para que toda la información sobre connacionales desaparecidos o que requieran asistencia sea canalizada por los medios oficiales», afirmó la funcionaria.

La viceministra indicó que, hasta el momento, se han recibido reportes preliminares sobre tres posibles colombianos desaparecidos bajo los escombros, aunque aclaró que aún no existe un balance oficial.

Según el registro consular, en Venezuela hay inscritos 239.652 colombianos, aunque la Cancillería estima que la comunidad colombiana residente en ese país podría oscilar entre 850.000 y 1,5 millones de personas, debido a que la inscripción consular es voluntaria.

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Habla el activista e influencer Beto Coral desde un centro de detención en Louisiana, Estados Unidos

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*Se comunicó con el periodista Daniel Coronell, a quien le dijo que ha sido  maltratado para presionar que firme su autodeportación de Estados Unidos a Colombia.

El activista colombiano Beto Coral detenido hace una semana en Phoenix, Arizona, fue trasladado en las últimas horas al Central Louisiana, un centro de procesamiento de Ice, considerado la última escala antes de la deportación.

«Anoche, poco antes del inicio del partido entre las selecciones de Colombia y Congo, llamó a un amigo suyo que a su vez se comunicó conmigo y me dijo que conserva la esperanza de ganar su caso ante un juez de inmigración», dijo Daniel Coronell.

Coral asegura que sus derechos han sido vulnerados, que fue despojado de documentos básicos para su defensa y que ha sido trasladado seis veces lo que le impidió acceder a la representación de un abogado por varios días.

Afirma que tiene cita ante un juez de inmigración el próximo martes, 30 de junio en El Paso, Texas, pero no tiene certeza de que podrá atenderla porque ahora está en Lousiana. Dice que ha sido presionado para firmar su autodeportación y que su familia también quisiera que lo hiciera.

Beto Coral dijo que no tiene ningún cargo criminal y que su detención por parte de agentes del cuerpo especial de HSI solo obedece a que la orden procedía del secretario de Estado.

Sostiene que inició un proceso para denunciar judicialmente al hoy presidente electo Abelardo de la Espriella, en ejercicio de sus derechos por haber grabado una conversación privada, una conducta que en Florida se sanciona hasta con 5 años de cárcel.

Dice que sueña con ver pronto su hijo de su 12 años, que estaba junto a él en el momento de su detención, y abrió la posibilidad de reencontrarse en un tercer país.

«Anoche, cuando hablé con Beto Coral me dijo que no conocía la carta que nueve congresistas demócratas le dirigieron al Secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de seguridad nacional Markwayne Mulin pidiendo que sea liberado y sosteniendo que nadie en Estados Unidos puede ser detenido por expresar opiniones políticas», precisó el periodista Daniel Coronell.

Coral asegura que en sus pertenencias apareció súbitamente un hilo grueso y aclaró que no piensa suicidarse.

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Procurador expide normativa para proteger a los animales en el país

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Conmina a alcaldes, gobernadores y ministerios a cumplir las leyes de bienestar animal y advierte que la omisión puede acarrear faltas disciplinarias.

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, expidió la Directiva 012 de 2026, la cual constituye la intervención preventiva más amplia de la Procuraduría en materia de protección animal, esta decisión responde a los incumplimientos sistemáticos detectados en numerosas administraciones territoriales frente a leyes en materia de Protección y Bienestar Animal.

La Directiva contiene 22 disposiciones dirigidas a alcaldes, gobernadores, 5 ministerios, asambleas, concejos y Juntas Defensoras de Animales, entre las medidas más relevantes se encuentran: la implementación inmediata de jornadas de esterilización, incluyendo la estrategia de Captura, Esterilización y Retorno (CER) para animales sin hogar; la creación o puesta en operación de centros de bienestar animal en cada municipio, con un plazo de 90 días para presentar un plan de acción ante la PGN; la formulación inmediata del Plan de Centros Regionales de Bienestar Animal (CRBA) por parte de gobernadores y alcaldes que aún no lo hayan hecho; y la creación del Fondo Municipal de Protección Animal.

En materia de justicia, se ordena capacitar a los inspectores de policía para aplicar el Proceso Verbal de Maltrato Animal e implementar el Curso de Sensibilización previsto en la Ley Ángel, la Directiva también conmina al Ministerio de Ambiente a expedir de manera inmediata la Ruta de Atención al Maltrato Animal (pendiente desde octubre de 2025) y al Ministerio de Educación a incorporar contenidos sobre bienestar animal y tenencia responsable en los currículos escolares.

Para vigilar el cumplimiento, la Directiva crea la Mesa Nacional de Seguimiento coordinada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, con participación de los ministerios, las entidades territoriales, las Juntas Defensoras de Animales y las organizaciones de protección animal.

Todas las entidades destinatarias deben reportar semestralmente sus avances.

La Procuraduría advierte que el incumplimiento de estas obligaciones por omisión o negligencia administrativa pueden configurar faltas disciplinarias conforme a la Ley 1952 de 2019 y sus modificaciones previstas en la Ley 2094 de 2021. Proteger a los animales no es opcional: es una obligación legal que el Estado colombiano debe cumplir en todos los rincones del territorio.

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