*La acción criminal contra la instalación militar dejó tres personas heridas y cuantiosos daños materiales.

Una volqueta transformada en plataforma para lanzar artefactos improvisados fue el instrumento utilizado para atacar las instalaciones del Grupo Aéreo de Casanare, el 10 de enero de 2020.

De acuerdo con las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, el vehículo fue negociado y adquirido por Celino Vargas Cepeda y Yerly Katherine Galvis Gómez, integrantes de una estructura del ELN.

Estos dos hombres entregaron el vehículo que posteriormente fue acondicionado, trasladado a inmediaciones del complejo militar, en Yopal (Casanare), y dispuesto para disparar 25 cilindros cargados con explosivos. La acción criminal dejó tres personas heridas y daños materiales avaluados en más de 2.444 millones de pesos.

La investigación orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales permitió conocer que Vargas Cepeda, siguiendo órdenes de los cabecillas conocidos con los alias de Nando y Oso, gestionó y pagó por la volqueta. Por su parte, Galvis Gómez, quien cumplía labores de vigilancia y logística en el grupo armado ilegal, intervino en la transacción al recibir los documentos de traspaso, con pleno conocimiento del uso que se le daría al automotor.

Por lo anterior, un juez penal especializado condenó a estas dos personas, de acuerdo con su participación en los hechos, por los delitos de terrorismo, homicidio agravado en grado de tentativa, rebelión, daño en bien ajeno agravado y lesiones personales. En consecuencia, Vargas Cepeda fue sentenciado a 29 años de prisión y Galvis Gómez a 12 años de prisión. La decisión es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

*Con la compulsa de copias se deberá establecerse si existió una eventual responsabilidad directa de Charlie Zaa, si conocía el origen de los recursos con los que fueron adquiridos los bienes o si mantuvo algún vínculo con integrantes del extinto Bloque Tolima de las AUC.

La Fiscalía General de la Nación compulsó copias para que se investigue la posible responsabilidad penal individual del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, conocido artísticamente como Charlie Zaa, luego de que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá decretara la extinción de dominio de cuatro bienes avaluados en más de 45.467 millones de pesos, al considerar que harían parte de un entramado patrimonial vinculado con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La decisión judicial cobija un hotel, un centro comercial y dos discotecas ubicados en Girardot ,Cundinamarca e Ibagué ,Tolima, inmuebles que permanecerán bajo administración del Estado mientras avanza el proceso judicial y se garantiza que sean destinados al Fondo para la Reparación de las Víctimas.

El caso tomó un nuevo rumbo luego de que, hace aproximadamente un año, fuera retomado un expediente en el que antiguos cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia mencionaban al intérprete de boleros como presunto testaferro. Ahora, además de las medidas cautelares sobre los inmuebles, la Fiscalía solicitó indagar si existió una eventual responsabilidad penal del artista en relación con el origen de los recursos utilizados para adquirir dichos bienes por medio de una compulsa de copias.

De acuerdo con la investigación, el entonces comandante del Bloque Tolima de las AUC, Diego José Martínez Goyeneche, alias “Daniel”, habría utilizado terceros para mover dinero e invertir en bienes inmuebles con el propósito de ocultar el origen ilícito de los recursos y evitar que estos fueran destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.

La Fiscalía señaló que, para sustentar la solicitud de medidas cautelares, adelantó una amplia investigación que incluyó inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables. Estas diligencias permitieron reconstruir la trazabilidad de los activos y concluir, de manera preliminar, que harían parte del entramado económico relacionado con esa estructura paramilitar.

En el contexto de la investigación también se recuerda que alias “Daniel”, tras su desmovilización, anunció públicamente que revelaría los nombres de políticos y empresarios que habrían mantenido vínculos con el Bloque Tolima de las AUC. En 2008 fue recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, donde posteriormente falleció, al parecer, como consecuencia de un envenenamiento.

Con la decisión adoptada por la Sala de Justicia y Paz, los cuatro inmuebles permanecerán bajo control del Estado mientras continúa el trámite judicial. No obstante, la determinación fue adoptada en primera instancia, por lo que podrá ser apelada.

Paralelamente, la compulsa de copias ordenada por la Fiscalía abre un nuevo frente judicial, en el que deberá establecerse si existió una eventual responsabilidad directa de Charlie Zaa, si conocía el origen de los recursos con los que fueron adquiridos los bienes o si mantuvo algún vínculo con integrantes del extinto Bloque Tolima de las AUC.

*Los activos están representados en un centro comercial, dos discotecas y un hotel en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima).

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá impuso medidas cautelares sobre cuatro bienes avaluados en más de 45.467 millones de pesos, los cuales harían parte del patrimonio del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, mejor conocido como Charlie Zaa, y tendría relación con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Se trata de un centro comercial, dos discotecas y un hotel ubicados en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima). Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ocuparon y tomaron registro de las propiedades, que en los próximos días serán puestas a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas.

En el curso de la investigación se conoció que el entonces cabecilla de la mencionada estructura paramilitar, Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, presuntamente recurrió a terceros para realizar movimientos de dinero e inversiones en inmuebles, y así ocultar el origen ilícito y evitar que fueran destinadas a la reparación de las víctimas del conflicto armado.

En ese sentido, la Fiscalía practicó inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables, entre otras actividades, que permitieron reconstruir la trazabilidad de los activos y establecer que harían parte del entramado ilegal identificado.

Las medidas cautelares decretadas corresponden a una decisión de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley