Unidades de la Dijin de la Policía, que llegaron desde Bogotá, capturaron en la mañana de este jueves a Jorge Luis Alfonso López, hijo de la fallecida empresaria del chance fallecida Enilce López Romero.

El exalcalde de Magangué fue capturado en la IPS Mediclínica donde se encuentra internado, en el norte de Barranquilla, la misma donde el 23 de mayo de 2024 un comando armado de 12 sicarios, disfrazados con uniformes de la Policía, ingresaron e intentaron asesinarlo, pero el exalcalde resultó ileso y dos de sus escoltas terminaron muertos.

Esta nueva captura se origina por el homicidio de Guillermo Montero Carpio, ocurrido en 1997 en la ciudad de Sincelejo.

Jorge Luis Alfonso había obtenido la libertad condicional a finales del año 2025 por la condena en su contra en la que fue hallado responsable por el crimen del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, asesinado el 15 de febrero de 2005 en Magangué (Bolívar).

La Juez Sexta de Ejecución de Penas de Barranquilla, Carmen Terán, le concedió la libertad condicional al determinar que el condenado había purgado las tres quintas partes de la condena (más de 19 años de los 29 que debía cumplir por homicidio agravado y concierto para delinquir).

*Según el fallo judicial deberá cumplir con la medida en las próximas 48 horas.

Un juez de Bogotá ordenó al Museo Nacional de Colombia restituir en 48 horas las 63 piezas de arte e históricas que fueron retiradas el pasado 15 de octubre como parte de la «batalla cultural» del Gobierno.

La resolución del juez 24 de Familia de Bogotá ordena al Ministerio de las Culturas y al Museo Nacional que «reinstalen la totalidad de piezas retiradas el 15 de octubre de 2026 en las salas y lugares donde se encontraban exhibidas».

El juez César Enrique Osorio Ortiz, que respondió a la tutela interpuesta por el congresista Gabriel Becerra, también ordenó que ambas entidades se «abstengan» de retirar obras por «razones relacionadas con su contenido o el punto de vista que expresan».

La polémica comenzó luego de que se dio a conocer que el Gobierno colombiano había ordenado el retiro de más de 60 obras principalmente relacionadas con los movimientos feministas y LGTBI, las víctimas de la violencia política y el acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC.

Entre los elementos están una bandera del orgullo perteneciente a la activista Elizabeth Castillo, un afiche de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de izquierda de la Unión Patriótica asesinado en 1990, y el llamado ‘Balígrafo’, una pluma elaborada a partir de una bala y utilizada para firmar el acuerdo de paz.

La medida se enmarcó en la «contrarrevolución cultural» anunciada por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien cuestiona el «wokismo» y considera que determinadas representaciones públicas constituyen una «apología del terrorismo».

La ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió en ese entonces el polémico retiro al afirmar que los museos públicos «no deben servir como instrumentos de adoctrinamiento político ni difundir versiones sesgadas de la historia».

*Un fallo de tutela había restringido los bombardeos cuando se presumía la presencia de menores en las zonas donde se iban a adelantar las operaciones.

El Tribunal Superior de Bogotá revocó un fallo de tutela y dejó sin efectos una medida provisional que restringía los bombardeos cuando se presumía que había presencia de menores en las zonas donde se iban a adelantar las operaciones.

“La providencia permite que las Fuerzas Militares continúen desarrollando sus capacidades operacionales dentro del marco constitucional y legal vigente, observando en todo momento los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos en el Derecho Internacional Humanitario”, señaló el Gobierno tras la decisión.

Desde el Ejecutivo también aseguraron que se tomarán las medidas para proteger a los niños y adolescentes víctimas de reclutamiento por parte de los grupos armados.

“El Gobierno reitera, además, que el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales constituyen graves violaciones de sus derechos. Su prevención y la protección integral de las víctimas seguirán siendo prioridades de las instituciones del Estado”, se lee en el comunicado de la Presidencia.

Justamente, tras esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá, el director de Medicina Legal confirmó que, durante este Gobierno, ocho menores han fallecido en operaciones militares. En lo corrido del año, se registran en total 17 menores fallecidos en estas circunstancias.