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Judicial

JEP concluyó que exterminio del partido Unión Patriótica fue un «genocidio»

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Imputó como máximos responsables del crimen de genocidio a título de coautores a cinco oficiales retirados.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó este martes como «genocidio» la campaña de exterminio del partido colombiano de izquierdas Unión Patriótica (UP), perpetrada principalmente en las décadas del 80 y 90 del siglo pasado, e imputó por ese crimen a cinco altos mandos retirados del Ejército.

Según la JEP, «el ataque sistemático tuvo la intención deliberada de destruir a la Unión Patriótica. Por eso calificó el hecho global como genocidio contra el partido político, conforme al artículo 101 del Código Penal colombiano», y también como crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El tribunal agregó que «este genocidio dejó al menos 8.929 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas y 3.200 fueron víctimas de atentados, desplazamientos forzados, exilio, tortura, detención arbitraria, judicialización infundada y violencia sexual».

Por esos delitos, que hicieron parte de «una política contrainsurgente» del Ejército en su lucha contra la guerrilla de las FARC, la JEP imputó como máximos responsables del crimen de genocidio a título de coautores a cinco oficiales retirados.

Se trata del mayor general Iván Ramírez Quintero, el brigadier general Rito Alejo del Río y los tenientes coroneles Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez.

Experimento fallido de paz

La UP nació en 1985 como parte de un intento de acuerdo de paz del entonces presidente colombiano Belisario Betancur con las FARC, pero en los años siguientes la formación fue víctima de un genocidio por el que en marzo de 2020 la JEP la acreditó como víctima de crímenes de agentes del Estado en uno de los once macrocasos abiertos por ese tribunal.

Para llegar a la conclusión de que hubo genocidio contra la UP, la JEP examinó 34 informes -incluyendo los de entidades estatales como la Fiscalía, Procuraduría y Centro Nacional de Memoria Histórica-, 29 informes de organizaciones de víctimas, y además hizo 139 diligencias de toma de testimonios.

«Con base en la contrastación de todas las fuentes disponibles, la Sala de Reconocimiento de Verdad pudo determinar que la violencia contra la UP fue masiva, permanente y extendida, aunque territorialmente concentrada. Además, se ejerció a través de todas las formas posibles y contra todos los niveles de la organización política, es decir, contra la dirigencia nacional, los liderazgos regionales y las bases locales», agregó la JEP.

Ese tribunal, creado por el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 por el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC, señaló que «la violencia contra la UP fue continuada en el tiempo» y puso como ejemplo que, «entre 1984 y 2002 no hubo un solo mes en el que no se reportara un militante de la UP asesinado o desaparecido».

«La violencia contra militantes de la UP se registró en 427 municipios del país», indicó la JEP, que subrayó que «el ataque genocida no solo se tradujo en la pérdida de vidas, sino en un daño sistémico y profundo que incluyó el daño a la paz, el daño a la institucionalidad estatal y el daño moral».

Por el «plan de exterminio» de la UP, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó en enero de 2023 al Estado colombiano y le ordenó hacer un acto público de perdón que el presidente Gustavo Petro encabezó el pasado 10 de noviembre en la ciudad de Santa Marta.

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Indagatoria al expresidente Álvaro Uribe quedó fijada para el próximo 24 de julio

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*Es investigado por su presunta participación en las masacres de El Aro y La Granja. También fue vinculado con el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.

El expresidente Álvaro Uribe aseguró en su cuenta de X que fue citado a indagatoria por la Fiscalía el 24 de julio.

Según el exmandatario, esta diligencia se fijó «sin practicar las pruebas que ella decretó».

Agregó que es «el mismo camino del magistrado César Reyes, que me indagó y me metió a la cárcel sin practicar las pruebas. Esto es un atropello».

La citación se da por la investigación en su contra por presunta participación en la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro y La Granja, del municipio de Ituango, cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997.

«Los delitos en los que estaría involucrado son los de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida, por presuntamente facilitar y promover el accionar de esa estructura armada organizada al margen de la ley que habría utilizado como base la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez para la época», indicó la Fiscalía en un comunicado.

Además, Uribe fue vinculado por la presunta responsabilidad en el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, en 1998.

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Congresista Martha Peralta recobró la libertad al concluir indagatoria en caso de la UNGRD

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*Estuvo retenida durante cinco días y estará libre mientras la Corte define su situación jurídica.

La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, quedó en libertad este lunes al concluir la indagatoria ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

La congresista fue conducida ante la Corte el pasado jueves por uniformados de la Dijin después de que la congresista guajira no atendiera dos citaciones anteriores.

La senadora del Pacto Histórico estará en libertad mientras la Sala de Instrucción define su situación jurídica en la investigación por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La senadora ha sido señalada por varios testigos de la Fiscalía, entre ellos el exdirector de la UNGRD Olmedo López y la exasesora del ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, por supuesto interés de direccionar millonarios contratos de la mencionada entidad.

La dirigente política también fue señalada por la fiscal María Cristina Patiño, quien lleva el proceso, como una de las presuntas articuladoras del esquema de contratación que buscó incidir en la aprobación de la reforma pensional.

Hay que recordar que por este caso fueron cobijados con medida de aseguramiento el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, el expresidente del Senado, Iván Name, y el expresidente de la Cámara, Andrés Calle.

Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, también tenía la misma medida, pero por vencimiento de términos quedó en libertad.

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Qué horror: Encuentran cadáver de una mujer dentro de una maleta en un edificio

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*La víctima habría ingresado al apartamento junto con dos extranjeros.

Una mujer fue hallada muerta al mediodía de este lunes al interior de un apartamento que funcionaba como Airbnb, plataforma digital para alquiler de inmuebles.

Las primeras informaciones señalan que el cuerpo fue hallado dentro de una maleta en el baño del mencionado apartamento, ubicado en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

El CTI de la Fiscalía se encuentra al frente de las investigaciones en conjunto con unidades de la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Hasta el momento no han entregado detalles de quién sería la persona muerta, pero de manera preliminar se conoce que sería de apellido Villalba y era oriunda de la ciudad de Cúcuta.

Un dato que llama la atención a las autoridades es que la mujer no habría ingresado sola al apartamento. La información recopilada apunta a que ella ingresó al lugar con dos extranjeros, uno de nacionalidad estadounidense y otro oriundo de Holanda.

De los extranjeros no se sabe nada de su paradero y las autoridades se encuentran en las labores investigativas para ubicarlos.

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