*Con su intervención favoreció la conformación de la unión temporal a la que el MinTic le adjudicó un millonario contrato de conectividad rural.

En atención a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Ottomar José Lascarro Torres a 12 años y 9 meses de prisión por su participación en las irregularidades detectadas en el contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados 2020 para llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país. El procesado fue declarado responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado.

Además de la pena de prisión impuesta, deberá pagar una multa de 2.452 millones de pesos y cumplir una inhabilidad de 153 meses para ejercer derechos y funciones públicas.

En el curso de la investigación dirigida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción se conoció que Lascarro Torres aportó los nombres, la experiencia y la información financiera de dos empresas de su propiedad para acreditar la capacidad técnica y la trayectoria exigidas en el proceso contractual y permitir la conformación de la ‘Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020’.

De esta manera, se indujo en error a los funcionarios del MinTic que adjudicaron a la unión temporal constituida el contrato de conectividad, que ascendió en valor a más de un billón de pesos.

Por las actuaciones irregulares que permitieron a ‘Centros Poblados’ quedarse con el proyecto, el empresario recibió más cerca de 250.000 dólares, recursos que fueron transferidos a una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos.

La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

En diligencias realizadas en Cúcuta (Norte de Santander), Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Sijin de la Policía Metropolitana de Cúcuta materializaron las órdenes de captura contra dos hombres y una mujer que estarían involucrados en el crimen del periodista Cristian Hernando Herrera, perpetrado el pasado 6 de junio, en el barrio Quinta Oriental.

Entre las personas detenidas está el señalado sicario. Las otras dos estarían implicadas en actividades relacionadas con logística y transporte.

En las próximas horas, una fiscal de la Seccional Norte de Santander las presentará ante un juez penal de control de garantías y les imputará los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego partes, accesorios y municiones.

*El grupo ilegal utilizaba información de los beneficiarios para acceder de manera fraudulenta a sistemas de información, suplantar su identidad y retirar los dineros.

La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el actuar de un grupo delincuencial que se habría apropiado de manera irregular de subsidios destinados a víctimas del conflicto armado, población desplazada y personas adscritas a programas sociales en Medellín y Montería.

Las evidencias indican que la organización utilizaba información y credenciales de los beneficiarios para acceder indebidamente a sistemas informáticos, suplantar su identidad y apropiarse de los recursos. Para ello, Yeimar Rafael Gutiérrez Ricaurte, señalado cabecilla, presuntamente suministraba las cédulas de ciudadanía de los ciudadanos, definía los valores a cobrar y coordinaba para reclamar los dineros.

Durante la investigación fueron identificados más de 240 eventos fraudulentos en los que María Teresa Bolaño Martínez, María Jeannette Marín Cañas y María Patricia Parra Goez presuntamente ingresaron a las bases de datos y, mediante el uso de registros biométricos ajenos o irregulares, gestionaron el desembolso de más de 116 millones de pesos.

Asimismo, se conoció que parte de los recursos apropiados habrían sido transferidos a Israel Segundo Gutiérrez Severiche. Los otros seis posibles involucrados en el entramado ilegal serían los encargados cumplir roles relacionados con la suplantación, cobro de subsidios, coordinaciones de puntos físicos y los procesos de verificación de identidad.

Durante los procedimientos de captura de estas 11 personas, unidades de la Policía Nacional encontraron en una vivienda ocho computadores portátiles, un lector biométrico de huellas,
varias tarjetas bancarias y otros elementos de interés para la investigación.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Medellín les imputó, de acuerdo con su posible participación y responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático y abuso de confianza.