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Judicial

Presidenta de la Comisión de Acusación suspende de su cargo al presidente Petro hasta el 21 de junio 

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La representante Gloria Elena Arizabaleta Corral expidió un auto mediante el cual ordena la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro hasta el próximo 21 de junio.

La presidenta de la Comisión Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Elena Arizabaleta, emitió un auto mediante el cual ordena la suspensión provisional del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego por presunta participación en política.

La información fue revelada por el periodista Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, en Mañanas Blu, donde se conocieron detalles de un documento de siete páginas firmado por la congresista investigadora.

Según explicó Ospina, la decisión se encuentra sustentada en un auto de sustanciación identificado con el radicado 7525, fechado el 10 de junio de 2026, en el que se ordena la suspensión provisional del jefe de Estado dentro de una investigación por presunta intervención en política.

La decisión conocida por Blu Radio
En el texto, Arizabaleta sostiene que la suspensión provisional constituye una medida cautelar que puede ser adoptada por el funcionario instructor durante una investigación por faltas graves o gravísimas. Para sustentar su determinación, cita el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019, además de diversas sentencias de la Corte Constitucional y otras decisiones judiciales.

De acuerdo con el documento, la congresista considera que se cumplen cuatro requisitos para decretar la suspensión provisional: que el funcionario investigado se encuentre ejerciendo el cargo, que los hechos investigados puedan constituir una falta grave o gravísima, que existan elementos de juicio que permitan concluir que su permanencia en el cargo podría interferir en la investigación o facilitar la continuidad de la conducta investigada y que la medida resulte idónea, necesaria y proporcional.

Los argumentos contenidos en el auto
La representante investigadora señala que Gustavo Petro ejerce actualmente la Presidencia de la República para el periodo 2022-2026 y que la conducta objeto de investigación podría encuadrarse dentro de la prohibición de intervención en política prevista en la legislación disciplinaria.

Asimismo, argumenta que la cercanía de la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio de 2026 y la difusión de mensajes a través de la cuenta oficial del mandatario entre el 6 y el 9 de junio constituirían elementos suficientes para inferir un riesgo de reiteración de la conducta investigada durante la contienda electoral.

En consecuencia, concluye que la suspensión provisional sería una medida adecuada para preservar el principio de neutralidad de los servidores públicos y evitar una eventual interferencia en el proceso electoral.

El documento también reconoce la existencia de una tensión constitucional respecto al fuero presidencial. En uno de sus apartados menciona que la Constitución establece que el presidente únicamente puede ser juzgado mediante acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que existe mérito para la formación de causa. Sin embargo, la representante sostiene que la medida adoptada tiene un carácter cautelar y transitorio, por lo que considera que puede aplicarse en el marco de la investigación disciplinaria.

La suspensión se extendería hasta el 21 de junio

Uno de los puntos centrales de la decisión es el término de la medida. Según el auto conocido por Blu Radio, la suspensión provisional se extendería hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 de la tarde, fecha en la que culminaría la segunda vuelta presidencial. La representante argumenta que la duración de la medida guarda relación directa con la naturaleza de la conducta investigada y con el periodo electoral en curso.

Además, el documento ordena comunicar la decisión al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para el cumplimiento de la medida y dispone la notificación tanto al mandatario como al Ministerio Público.

La investigación contra el presidente Petro

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió el martes una investigación disciplinaria contra el presidente Gustavo Petro para determinar si incurrió en una presunta intervención indebida en política a través de publicaciones realizadas en su cuenta de la red social X entre los años 2023 y 2025.

Los investigadores afirman que existen elementos suficientes para iniciar una etapa formal de investigación sobre 15 mensajes publicados por el mandatario. Según el auto conocido, dichas publicaciones podrían estar relacionadas con actividades, debates o controversias de naturaleza político-partidista, situación que deberá ser analizada para establecer si configura una eventual falta disciplinaria.

El documento señala que los contenidos examinados «revisten entidad suficiente para justificar el inicio de la actividad instructiva», cuyo propósito es verificar los hechos denunciados, esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron y determinar si tienen relevancia jurídica dentro del marco de las restricciones que la Constitución y la ley imponen a los servidores públicos en materia de participación política.

Como parte de las diligencias ordenadas, la Comisión dispuso incorporar al expediente todas las publicaciones, capturas de pantalla y demás material digital recopilado durante la etapa preliminar. Además, se realizará una verificación técnica de los contenidos difundidos a través de la red social X para establecer su autenticidad y contexto.

La Policía Judicial adscrita a la Comisión tendrá la tarea de validar los mensajes objeto de investigación, identificar la información asociada a cada publicación y documentar aspectos como fechas de emisión, enlaces, alcance de los contenidos y posibles responsables de la administración de la cuenta. Asimismo, deberá garantizar la preservación y cadena de custodia de todo el material digital que sea incorporado al proceso.

En desarrollo de la investigación, la Comisión también solicitó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) que, en un plazo de cinco días, certifique si la cuenta @petrogustavo ha sido registrada, reconocida o utilizada institucionalmente como un canal oficial de comunicación del jefe de Estado.

La información requerida por el organismo incluye detalles sobre las dependencias, funcionarios, contratistas, asesores o terceros que hayan tenido acceso a la cuenta del mandatario durante el actual gobierno. De igual forma, se pidió identificar los dispositivos utilizados para su administración y explicar los protocolos internos relacionados con la elaboración, revisión, aprobación, publicación, modificación y eliminación de contenidos difundidos a través de esa plataforma.

La Comisión también requirió copia de las políticas, directrices o instrucciones institucionales existentes sobre el uso de redes sociales por parte de funcionarios públicos y sobre las normas relacionadas con la participación en política. Además, solicitó información detallada sobre la estructura y funcionamiento de los equipos de prensa, comunicaciones y estrategia digital de la Presidencia desde el inicio del mandato de Gustavo Petro.

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‘El Gatico’, hijo de Enilce López, ‘La Gata’, denuncia que tres empresarios lo quieren matar

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*Alias ‘El Gatico’ también aseguró que varias personas tienen documentos, audios y videos que contendrían información.

Jorge Luis Alfonso López, alias ‘El Gatico’, hijo de la fallecida empresaria del chance Enilce López, conocida como ‘La Gata’, publicó un video en el que denunció que teme por su vida y responsabilizó directamente a tres empresarios de cualquier hecho que pueda ocurrirle a él o a sus familiares.

En la grabación, fechada el 30 de octubre de 2026, Alfonso López aseguró que las amenazas estarían relacionadas con una negociación que habría realizado su madre con empresarios. Según dijo, detrás de esa situación estarían Raúl Montes Flores, José Isaac Ureña Torres y Jorge Avizambra González.

“Si algo me pasa a mí o algún miembro de mi familia, sean mis hermanos, mis hijos, mi esposa, hago responsables a Raúl Montes Flores, José Isaac Ureña Torres y Jorge Avizambra González”, manifestó.

Alias ‘El Gatico’ también aseguró que varias personas tienen documentos, audios y videos que contendrían información sobre esa negociación y que podrían ser entregados a las autoridades. Advirtió que ese material permitiría conocer lo que, según él, estaría ocurriendo y pidió protección para sus familiares.

“Hay personas que tienen pruebas, documentos, audios y videos que en su momento se los harán llegar a las autoridades competentes”, señaló.

La denuncia se conoce en medio de las investigaciones y disputas que han rodeado los negocios de la familia López. En publicaciones periodísticas se han mencionado diferencias relacionadas con empresas y negocios de apuestas, así como señalamientos cruzados entre algunos de los involucrados. Estas acusaciones no constituyen por sí mismas una comprobación de las amenazas denunciadas por Alfonso López.

Además, el pasado 29 de octubre, Jorge Luis Alfonso López fue capturado nuevamente en Barranquilla por una investigación sobre el homicidio del dirigente campesino Guillermo León Montero Carpio, ocurrido en 1997. La Fiscalía indaga su presunta participación en la planeación y ejecución del crimen.

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Un delincuente fue abatido por la Policía y un adulto mayor murió al ser alcanzado por una ‘bala perdida’

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*Uno de los dos presuntos asaltantes también resultó herido al igual que un adolescente de 13 años fue alcanzado por otra ‘bala perdida’.

Un delincuente fue abatido por la Policía y un adulto mayor murió al ser alcanzado por una ‘bala perdida’ en un enfrentamiento a bala este viernes entre patrulleros y antisociales que, según las autoridades, iban a asaltar un vehículo transportador de alimentos en el barrio Villa San Pedro III, en el sur occidente de Barranquilla.

En los mismos hechos, otro de los antisociales resultó herido al igual que un peatón menor de edad.

La Policía detalló que el abatido en el procedimiento policial es un joven identificado como Libardo Andrés Berrio Brieva de 19 años de edad. El herido y capturado responde al nombre de Eder De Jesús Rodríguez Escobar de 25 años.

Se identificó a la persona muerta por bala perdida como Gabriel Isaías Lobo De La Hoz, de 75 años.

El otro herido por bala perdida es un adolescente de 13 años.

Según el reporte policial, el abatido y el capturado, previo al hecho, venían realizando seguimiento a un vehículo repartidor de alimentos, al parecer con el fin de cometerle un hurto.

Libardo Andrés Berrio Brieva tenía cinco anotaciones judiciales por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y hurto.

El capturado, Eder De Jesús Rodríguez Escobar, registra una anotación judicial por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Durante el procedimiento se logró la incautación de un arma traumática tipo pistola.

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JEP imputa a 12 exmilitares y policías por crímenes de guerra y lesa humanidad en la Comuna 13 de Medellín

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*Entre los señalados están los generales retirados Mario Montoya y José Leonardo Gallego.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a ocho antiguos integrantes del Ejército y cuatro de la Policía por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la Comuna 13 de Medellín entre 2001 y 2004.

Entre los imputados se encuentran los generales retirados Mario Montoya, quien fue comandante del Ejército durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), y José Leonardo Gallego, quien además está señalado de haber participado en otros crímenes como el secuestro de la periodista Jineth Bedoya.

«Las familias han esperado demasiado para saber qué ocurrió, quiénes fueron los responsables y dónde están las personas que continúan desaparecidas», expresó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, durante una rueda de prensa celebrada en la Escombrera, el mayor vertedero de escombros de Medellín y lugar donde se han buscado restos de víctimas de desaparición forzada.

Según la investigación, los hechos comprenden 591 crímenes que dejaron 891 víctimas, entre ellas 87 personas desaparecidas. La JEP documentó homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas, violencia sexual, persecuciones y detenciones arbitrarias.

La Operación Orión, considerada la mayor intervención militar urbana realizada hasta entonces en Colombia, comenzó el 16 de octubre de 2002 con el objetivo de expulsar a los milicianos de las guerrillas de las FARC y del ELN que operaban en el sector.

«La operación fue la mayor intervención militar y policial desarrollada hasta entonces en entorno urbano en Colombia», explicó el magistrado Óscar Parra, quien agregó que durante el operativo, pese a su objetivo declarado, «se produjeron capturas masivas, allanamientos, desapariciones forzadas, homicidios, torturas y desplazamientos».

Más de dos décadas después, las heridas de la Operación Orión siguen presentes en la Comuna 13, cuyos habitantes han reconstruido parte de su historia a través de expresiones culturales.

Los muros del barrio se han llenado de grafitis y murales que recuerdan a las víctimas y mantienen viva la memoria de la violencia, pero también reflejan los esfuerzos de la comunidad por mirar hacia el futuro.

Ahora, los exfuncionarios imputados tienen 30 días hábiles para reconocer por escrito su responsabilidad o rechazarla. Si aceptan los hechos y aportan verdad plena, el caso pasará al Tribunal de Paz para la imposición de sanciones propias, que incluyen restricciones efectivas de libertad.

Si no lo hacen, el proceso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación y podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel.

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