*Remberto Javier Amell Hernández aceptó su responsabilidad por actos de corrupción que comprometieron contratos financiados por el Departamento para la Prosperidad Social.

El direccionamiento de contratos de pavimentación y el manejo irregular de recursos públicos derivaron en la condena del exalcalde de Galeras (Sucre) Remberto Javier Amell Hernández, quien por disposición de un juez penal de conocimiento deberá cumplir una pena de cinco años y cuatro meses de prisión.

Mediante allanamiento a cargos el exmandatario aceptó su responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio y cohecho por dar u ofrecer.

Las conductas que motivaron la sentencia están relacionadas con hechos ocurridos durante su administración, entre 2016 y 2019. Amell Hernández intervino, junto con dos congresistas, en gestiones relacionadas con la adjudicación de dos proyectos con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), destinados a recuperar la malla vial de varios barrios de Galeras. Se trata de los convenios 449 de diciembre de 2016, por 9.416 millones de pesos, y 479 Fase II de noviembre de 2017, por 3.796 millones de pesos.

La investigación estableció además que el entonces alcalde intervino en la adjudicación de cuatro contratos de pavimentación, los cuales superaron en valor los 13.000 millones de pesos, en beneficio de terceros previamente seleccionados. Para favorecer su escogencia, impartió instrucciones a funcionarios municipales, suministró información relevante y promovió modificaciones a los pliegos de condiciones.

Por estas acciones ilícitas recibió el 50 % de las ganancias derivadas del primero de los negocios cuestionados. También entregó a los dos congresistas el equivalente al 15 % de los convenios suscritos con el DPS y le entregaron 400 millones de pesos para hacérselos llegar a un funcionario relacionado con la adjudicación de algunos de los contratos.

La condena conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley

*Una mujer habría registrado en video las agresiones sexuales contra su hija de un año. En otro caso, un hombre presuntamente agredió a su hijastra y difundió imágenes.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), judicializó a cuatro personas que estarían involucradas en la producción, almacenamiento y circulación de material de abuso sexual infantil.

En una primera investigación, adelantada en articulación con la Dijin de la Policía Nacional y autoridades de Aragón (España), fueron capturados Leonardo Muñoz Claros y José Raúl Sabalza Cortés, en Pitalito (Huila) y Cartagena (Bolívar), respectivamente.

Estos hombres habrían utilizado una aplicación de mensajería para compartir archivos de contenido sexual que involucraban a menores de edad. Muñoz Claros es señalado de distribuir 1.223 videos, mientras Sabalza Cortés, al parecer, recibió y difundió este material.

De otra parte, con información de ICSE (por sus siglas en inglés, Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños) de INTERPOL, fue ubicada en Armenia (Quindío) y presentada ante un juez de control de garantías una mujer que presuntamente hizo registros audiovisuales de agresiones sexuales contra su hija, cuando la niña tenía aproximadamente un año.

Asimismo, tras una alerta emitida por la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), fue detectada en Soacha (Cundinamarca) una dirección IP que correspondía a un teléfono móvil y era utilizada para distribuir material de abuso sexual infantil.

El dispositivo pertenecía a un hombre que, al parecer, también abusaba sexualmente de su hijastra, de siete años, y produjo fotografías y videos de las agresiones.

A los procesados les fueron imputados, según su presunta responsabilidad individual, delitos como pornografía con personas menores de 18 años, utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años, acto sexual con menor de 14 años agravado, acceso carnal violento y acto sexual violento agravado. Ninguno aceptó los cargos. Por decisión de jueces de control de garantías, los cuatro deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

*La procesada aceptó su responsabilidad y fue sentenciada a más de 10 años de prisión.

Nancy Catalina Agudelo Arango aceptó mediante preacuerdo su responsabilidad en la estafa de alrededor de 30 personas que entregaron dinero para supuestas inversiones en la producción y comercialización de bolsas ecológicas y otros productos en Medellín (Antioquia) y Bucaramanga (Santander). En ese sentido, fue condenada a 10 años y 3 meses de prisión.

La investigación, adelantada por una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Medellín, permitió conocer que entre enero de 2019 y noviembre de 2024 la mujer se presentó como empresaria y promovió oportunidades de negocio a través de dos compañías. Para generar confianza entre los interesados, aseguraba contar con contratos con reconocidas multinacionales y ofrecía rendimientos de entre el 7 % y el 45 % del capital aportado, con plazos de devolución que oscilaban entre 8 y 60 días.

Las personas afectadas entregaron recursos que iban desde 1 millón hasta 763 millones de pesos, mediante pagos en efectivo o transferencias a cuentas de otras dos personas. En uno de los casos, la procesada recibió un vehículo como parte de la inversión. Cuando no cumplía con los pagos prometidos, justificaba los retrasos con supuestos bloqueos bancarios o incumplimientos de los clientes con los que, según afirmaba, tenía relaciones comerciales.

De acuerdo con las pruebas recaudadas, Agudelo Arango obtuvo un provecho económico ilícito superior a 3.914 millones de pesos. Además, durante el periodo investigado registró movimientos financieros superiores a 11.520 millones de pesos. Por estos hechos, un juez de conocimiento la sentenció por los delitos de estafa agravada en modalidad de masa y enriquecimiento ilícito de particulares. La decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley.