Una nueva medida de un juzgado del Guaviare ordenó al Presidente Abelardo De La Espriella, y al Ejército no bombardear objetivos de grupos armados en el lugar si existe información sobre la presencia de menores de edad.

Esta decisión se suma a una medida cautelar de un juzgado de Bogotá que el pasado jueves ordenó al mandatario colombiano y a las Fuerzas Armadas abstenerse de bombardear lugares donde hay evidencia de la presencia de menores víctimas de reclutamiento.

Ambos fallos se dieron a conocer una semana después de que el Instituto de Medicina Legal informara de que tres menores habían muerto en una operación militar contra un grupo de las disidencias de las FARC en zona rural del municipio de El Retorno, en el Guaviare.

El juzgado tercero penal del circuito de San José del Guaviare, capital del Guaviare, respondió a la acción de tutela presentada por Roxemhberg Rozo Sánchez para proteger los derechos fundamentales de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado en el departamento.

La medida provisional ordenó al Ministerio de Defensa, Ejército, Fuerza Aérea y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que, en 48 horas después de este fallo, informen las medidas, protocolos y mecanismos que implementan o que reforzarán para identificar la presencia de niños en zonas que son objetos de operaciones militares.

Asimismo, pidió «verificar la información de inteligencia relacionada con su eventual reclutamiento o utilización; evaluar los riesgos para la población civil antes de la ejecución de operaciones aéreas, y garantizar un enfoque diferencial y de protección reforzada de la niñez en la planeación y ejecución de dichas operaciones».

El pasado 27 de agosto, tres menores murieron en un bombardeo del Ejército colombiano contra una grupo de las disidencias de las FARC en zona rural del municipio de El Retorno.

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que tres de los diez cuerpos recuperados tras esa operación correspondían a menores de edad: dos de ellos tenían 15 años y el otro, 16.

El Gobierno defendió entonces la legalidad de la operación y señaló que los menores formaban parte del grupo armado por lo que fueron considerados «blanco legítimo».

Ese caso se sumó a la muerte de otro menor en un bombardeo realizado el 10 de agosto en la región del Catatumbo, en el noreste del país, lo que reabrió el debate sobre el uso de operaciones aéreas contra grupos armados que reclutan niños, niñas y adolescentes.

La controversia ocurre en medio del aumento de operaciones militares ordenadas por el Gobierno de De La Espriella y de las alertas sobre la utilización de menores en el conflicto que, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre 2024 y el 31 de julio de 2026, tuvo conocimiento de 1.173 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia.

*El monto del robo asciende a 80 millones de pesos.

Un millonario robo se registró la madrugada de este viernes en el corregimiento La Playa, jurisdicción de Barranquilla, luego de que delincuentes violentaron una bodega y robaron 23 motocicletas eléctricas.

De acuerdo con la denuncia hecha por el propietario, los hechos se habrían registrado entre las 2 y las 3 de la madrugada. El robo está avaluado en 80 millones de pesos.

Según explicó, al menos cinco antisociales llegaron a la bodega donde almacenaba la mercancía, violaron la seguridad y se llevaron los vehículos. Posteriormente, fueron cargadas uno a uno en un camión para luego huir del sitio con las motocicletas.

El propietario de los vehículos eléctricos se dio cuenta del millonario robo en horas de la mañana cuando llegó abrir el local. Las autoridades ya se encuentran al frente de las investigaciones para dar con los responsables del hurto.

*Los menores se salvaron cuando uno de ellos logró escapar y avisar a un vecino, quien llegó y evitó la tragedia.

Tras las rejas, por lo menos de manera preventiva mientras se adelanta el juicio en su contra, deberá permanecer Barlis Marina Rada Ortiz, la mujer a la que un juez envió a la Cárcel Distrital de Santa Marta tras ser señalada de intentar asesinar a sus tres hijos, menores de edad, en el municipio de Ciénaga, Magdalena.

De acuerdo con la investigación, el alarmante caso se produjo el pasado 5 de junio, cuando la mujer sostuvo una intensa discusión con su pareja y, en medio de la rabieta, terminó atacando a sus hijos, de 5, 7 y 12 años, a los que intentó ahorcar.

Los testimonios recaudados por la Fiscalía revelaron que uno de los menores logró escapar por una pared del patio de la vivienda y pedir ayuda a un vecino. Esta persona corrió, intervino oportunamente y evitó que la mujer lograra su cometido y ocurriera una tragedia.

Posteriormente, los niños fueron trasladados a un centro asistencial, donde recibieron atención médica por las lesiones que sufrieron en el cuello y están fuera de peligro.

La Fiscalía le imputó a la mujer el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, pero ella negó su responsabilidad en estos hechos.