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Defensora del Pueblo critica a Abelardo De La Espriella por caminar entre cadáveres de guerrilleros

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“La humanidad aprendió después de guerras y violencias extremas que deshumanizar al adversario termina también deshumanizando a quien ejerce el poder. Colombia conoce demasiado bien esta historia”, recordó.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, se refirió a las imágenes del presidente Abelardo De La Espriella caminando entre cuerpos de personas muertas durante la operación Azarías, desarrollada en el Guaviare contra estructuras de alias ‘Iván Mordisco’. De acuerdo con el reporte oficial citado por la Defensoría, durante la operación murieron 23 integrantes de esas estructuras armadas, entre ellos algunos de sus mandos. Según Medicina Legal, dos de las personas fallecidas eran menores de edad.

Marín recordó que Colombia lleva décadas enfrentando distintos ciclos de conflicto armado y criminalidad organizada, pero cuestionó que un mandatario aparezca entre los cuerpos de personas muertas y que esas imágenes puedan interpretarse como una demostración de orgullo por los resultados militares.

«El Estado y el gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o con quién convierte la muerte en demostración de poder», advirtió la Defensora del Pueblo.

Marín señaló que el Estado tiene el deber de proteger a la población y enfrentar, dentro de la Constitución y el derecho internacional humanitario, a los grupos armados responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, aclaró que su cuestionamiento no está dirigido contra las operaciones legítimas de la fuerza pública, sino contra la manera en que el Estado ejerce el poder y comunica sus resultados. La defensora recordó que la Constitución establece que el derecho a la vida es un derecho fundamental de aplicación inmediata y que no puede ser suspendido ni siquiera durante los estados de excepción.

No obstante, explicó que el derecho a la vida no es absoluto y que el ordenamiento jurídico contempla determinadas situaciones en las que puede producirse la muerte de una persona, como la legítima defensa o la baja de combatientes en situaciones de conflicto armado, de acuerdo con las normas del derecho internacional humanitario.

Sostuvo también que la privación de la vida no puede ser arbitraria y debe responder a criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. “El DIH parte del mismo principio. Incluso en la guerra existen límites. Los muertos deben ser respetados y tratados dignamente”, señaló la defensora.

“La humanidad aprendió después de guerras y violencias extremas que deshumanizar al adversario termina también deshumanizando a quien ejerce el poder. Colombia conoce demasiado bien esta historia”, recordó.

La defensora cuestionó además que los cuerpos de las personas muertas sean utilizados como parte de una declaración pública o como una forma de exhibir autoridad.

“No deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”, afirmó.

Finalmente, Marín señaló que el poder del Estado también se expresa a través de los símbolos y las imágenes que transmite a la sociedad.

“Cada gesto y cada imagen difundida desde una institución pública comunican algo sobre lo que es el Estado y sobre los valores que defiende”, manifestó la defensora. Según agregó, cuando el poder estatal utiliza esos símbolos para transmitir espectáculo o humillación, puede terminar debilitando su propia legitimidad.

La defensora declaro que es precisamente frente a quienes son considerados adversarios cuando el Estado debe demostrar que la dignidad humana es un principio que debe defenderse en todo tiempo y lugar.

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Cali comenzó el proceso de demolición de 36 edificios afectados por el terremoto

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*Se han identificado 60 edificaciones con afectaciones.

Cali comenzó este martes el proceso de demolición de 36 de los 60 edificios que resultaron más afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto, informó la Alcaldía.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que los equipos de ingeniería inpeccionaron más de 4.000 de los 14.000 inmuebles que deben ser evaluados para determinar los daños provocados por el sismo. Hasta el momento, de ese proceso se identificaron 60 edificaciones que deberán ser demolidas.

De estas, el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo ya aprobó la demolición de 36 inmuebles, mientras que los otros 24 están pendientes de recibir la autorización correspondiente.

«El principal objetivo que hoy tenemos es iniciar cuanto antes la reconstrucción de vivienda. Yo espero que, a más tardar, en diciembre podamos ver las primeras obras que inician en los edificios que han colapsado», dijo el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, citado en un comunicado.

El terremoto del 10 de agosto se saldó con al menos 335 fallecidos, 4.516 heridos y 364 personas rescatadas, además de 206.931 viviendas dañadas y 36.478 destruidas, según las cifras oficiales.

La emergencia afectó a 500 municipios de 16 departamentos, la mitad de los 32 que tiene Colombia, donde 486.917 personas se vieron perjudicadas de algún modo.

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Cayó ‘La Morocha’, presunta integrante de las disidencias de ‘Calarcá’: estaba planeando un paro armado para el 14 de octubre

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*Según el comandante del Ejército Nacional, Mayor General José Bertulfo Soto Sánchez, cinco menores fueron puestos a salvo, tras ser encontrados en riesgo de ser utilizados por integrantes de la organización criminal.

Alias La Morocha fue capturada en medio de un operativo adelantado por las autoridades en Cartagena del Chairá, Caquetá. La acción dejó además otros dos capturados, señalados de ser presuntos integrantes de su esquema de seguridad, y permitió la incautación de armas y equipos de comunicación.

Según el Ejército Nacional, la mujer, identificada como Diana Milena Agudelo Salazar, haría parte de la estructura criminal Rodrigo Cadete, perteneciente a las disidencias bajo el mando de alias ‘Calarcá’, y estaría relacionada con labores de carácter político dentro de la organización. Además, llevaba cerca de ocho años en el radar de las autoridades y aparecía en los listados de personas más buscadas de Caquetá y Huila.

Sobre ‘La Morocha’ recaían varias órdenes de captura. Las autoridades la relacionan con investigaciones por extorsión, secuestro, homicidio y reclutamiento de menores, así como con otras actividades atribuidas a la organización criminal.

El procedimiento fue adelantado por unidades especializadas del Ejército, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. Como resultado, fueron detenidos dos hombres que, de acuerdo con la información oficial, formarían parte del esquema de seguridad de la mujer.

En el lugar fueron encontrados tres armas de fuego y cuatro teléfonos celulares. Para las autoridades, estos elementos hacen parte de los resultados que afectan las capacidades de operación y financiación de la estructura Rodrigo Cadete.

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Incautan 400 kilos de explosivos dentro de un vehículo en Santander de Quilichao

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*La Policía investiga su procedencia y quiénes están detrás de este cargamento.

El Gobierno nacional anunció este martes la incautación de un vehículo que transportaba unos 400 kilogramos de material explosivo en el barrio Centro de Santander de Quilichao, en el departamento de Cauca. El Presidente Abelardo De La Espriella, a través de su cuenta de X, aseguró que el explosivo hallado se trataría preliminarmente de C4.

«Este hallazgo representa una amenaza de enorme gravedad», dijo De La Espriella.

Por el momento se investiga «su procedencia y quiénes están detrás de este cargamento», que según información inicial estaba siendo transportado de la localidad de Mondomo a Cali e iba a ser empleado para «atacar a la Fuerza Pública y a la población civil», según el primer mandatario.

«Felicitaciones a nuestros policías por este resultado. Mi orden ha sido clara: cerrarles el paso a los narcoterroristas y proteger la vida de los colombianos. Vamos por todos», escribió el Presidente.

Desde que asumió la presidencia el 7 de agosto, De la Espriella ha priorizado la seguridad pública y el combate a las guerrillas, paramilitares, bandas criminales y grupos de narcotraficantes.

Su estrategia de «mano de hierro» contra lo que denomina «narcoterrorismo» se ha traducido en las últimas semanas en detenciones, importantes incautaciones de armas y drogas y extradiciones.

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