“La humanidad aprendió después de guerras y violencias extremas que deshumanizar al adversario termina también deshumanizando a quien ejerce el poder. Colombia conoce demasiado bien esta historia”, recordó.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, se refirió a las imágenes del presidente Abelardo De La Espriella caminando entre cuerpos de personas muertas durante la operación Azarías, desarrollada en el Guaviare contra estructuras de alias ‘Iván Mordisco’. De acuerdo con el reporte oficial citado por la Defensoría, durante la operación murieron 23 integrantes de esas estructuras armadas, entre ellos algunos de sus mandos. Según Medicina Legal, dos de las personas fallecidas eran menores de edad.
Marín recordó que Colombia lleva décadas enfrentando distintos ciclos de conflicto armado y criminalidad organizada, pero cuestionó que un mandatario aparezca entre los cuerpos de personas muertas y que esas imágenes puedan interpretarse como una demostración de orgullo por los resultados militares.
«El Estado y el gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o con quién convierte la muerte en demostración de poder», advirtió la Defensora del Pueblo.
Marín señaló que el Estado tiene el deber de proteger a la población y enfrentar, dentro de la Constitución y el derecho internacional humanitario, a los grupos armados responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, aclaró que su cuestionamiento no está dirigido contra las operaciones legítimas de la fuerza pública, sino contra la manera en que el Estado ejerce el poder y comunica sus resultados. La defensora recordó que la Constitución establece que el derecho a la vida es un derecho fundamental de aplicación inmediata y que no puede ser suspendido ni siquiera durante los estados de excepción.
No obstante, explicó que el derecho a la vida no es absoluto y que el ordenamiento jurídico contempla determinadas situaciones en las que puede producirse la muerte de una persona, como la legítima defensa o la baja de combatientes en situaciones de conflicto armado, de acuerdo con las normas del derecho internacional humanitario.
Sostuvo también que la privación de la vida no puede ser arbitraria y debe responder a criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. “El DIH parte del mismo principio. Incluso en la guerra existen límites. Los muertos deben ser respetados y tratados dignamente”, señaló la defensora.
“La humanidad aprendió después de guerras y violencias extremas que deshumanizar al adversario termina también deshumanizando a quien ejerce el poder. Colombia conoce demasiado bien esta historia”, recordó.
La defensora cuestionó además que los cuerpos de las personas muertas sean utilizados como parte de una declaración pública o como una forma de exhibir autoridad.
“No deberíamos normalizar que los cuerpos de las personas muertas hagan parte de la escenografía en una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad”, afirmó.
Finalmente, Marín señaló que el poder del Estado también se expresa a través de los símbolos y las imágenes que transmite a la sociedad.
“Cada gesto y cada imagen difundida desde una institución pública comunican algo sobre lo que es el Estado y sobre los valores que defiende”, manifestó la defensora. Según agregó, cuando el poder estatal utiliza esos símbolos para transmitir espectáculo o humillación, puede terminar debilitando su propia legitimidad.
La defensora declaro que es precisamente frente a quienes son considerados adversarios cuando el Estado debe demostrar que la dignidad humana es un principio que debe defenderse en todo tiempo y lugar.
